Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2025

El director general de Justicia, José Tronchoni, se reunió esta semana con los presidentes del Consejo de la Abogacía Gallega, Francisco Rabuñal, y del Consejo Gallego de los Procuradores, José Antonio Fandiño, para avanzar en los acuerdos para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Segundo indicó el director general, la Xunta seguirá mejorando las compensaciones económicas la estos colectivos profesionales y estudiará la ampliación de conceptos y actuaciones que no estaban incluidos en el baremo, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento y la calidad del servicio público de justicia gratuita en Galicia.

Hace falta recordar que el Gobierno gallego prevé pagar este año más de 15 millones de euros para compensar por las acciones en el turno de oficio realizadas en el último trimestre de 2024 y en los tres primeros de 2025. Supone un incremento superior al 8 % con respecto a 2024.  La inversión en este servicio de asistencia jurídica gratuita supera los 188 millones de euros desde 2009. En este período a porcentaje de aumento de gasto anual fue de un 28,5 %, con un promedio de casi 13 millones de euros en los últimos dos años.

En esta línea, el Gobierno gallego acordó en 2021 con ambos colectivos profesionales a renovación de los acuerdos conseguidos en 2017 para establecer el baremo y las bases de compensación económica de asistencia jurídica gratuita de estos profesionales y que supone un aumento de promedio de más de un 15 % hasta 2025.

En los primeros puestos en compensaciones

Los baremos actualmente vigentes situaron Galicia entre los primeros puestos de España en el referente a las compensaciones a los profesionales del turno de oficio. De hecho, la subida media del 15 % es bastante mayor en los procesos de medidas en materia de familia, en los casos de protección de violencia de género, menores víctimas de delitos o en los procedimientos de apoyo a personas con discapacidad.

La Administración autonómica viene introduciendo en los últimos años mejoras en la gestión de este servicio, que considera fundamental para garantizar la igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Gracias a las medidas que se fueron tomando, Galicia es una comunidad que paga pronto y puntualmente las certificaciones remitidas por los colegios profesionales de abogados y procuradores.

En las reuniones de esta semana también se abordó el impacto en Galicia de la Ley de Eficiencia Organizativa, una vez implantada la primera fase en los 38 partidos judiciales que comprende. Se trató además la situación pendiente de la tercera fase, correspondiente a las siete grandes ciudades gallegas y que tiene como límite de implantación el 31 de diciembre.