Luxemburgo, 1 de agosto de 2025

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TXUE) dio a conocer hoy una sentencia en la que avala el procedimiento de evaluación ambiental llevado a cabo por la Xunta con relación a todos los proyectos eólicos, nuevos o de parques ya existentes, que se tramitaron en Galicia en los últimos años.

Tras asistir a la lectura pública en Luxemburgo de la resolución judicial, la secretaria general Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, Carmen Bouso, mostró su satisfacción con el contenido de la sentencia, ya que el Alto Tribunal comunitario "le da la razón" al Gobierno gallego y despeja, de este modo, cualquier tipo de duda sobre las autorizaciones eólicas que otorgó en base la ese procedimiento.

En este sentido, la responsable autonómica incidió en la importancia del pronunciamiento del TXUE, que ratifica la tesis de la Xunta y confirma que tramitó de forma correcta las declaraciones de impacto ambiental de los parques eólicos paralizados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desde el año 2022 ya que aplicó la ley básica estatal (Ley 21/2013 de evaluación ambiental), que a su vez cumple y traspone la normativa comunitaria y se viene empleando de la misma forma desde 2013.

Al respeto, explicó que la Justicia europea hizo con claridad su criterio sobre la cuestión perjudicial que presentó el verano pasado el propio TSXG con relación a la tramitación de proyectos eólicos en la Comunidad.

Por eso, Carmen Bouso consideró que la sentencia dada a conocer hoy garantizadora a seguridad jurídica que llevan exigiendo desde hace más de tres años tanto el Gobierno gallego como el propio sector para que se pueda desbloquear la parálisis eólica sin precedentes que sufre la Comunidad e impulsar así la implantación de las energías renovables en el territorio para avanzar hacia la transición energética y la descarbonización.

La situación del sector eólico en Galicia es, de hecho, única en todo el país. Tal y como recalcó, en ninguna otra comunidad existe un bloqueo judicial sistemático la este tipo de proyectos, algo inédito también en el resto de Europa donde, de hecho, recordó que la implantación de las renovables está declarada de interés público superior.

Así, hace falta subrayar que en los más de 11 años de vigencia de la Ley de evaluación ambiental estatal ningún tribunal español albergó dudas sobre se el procedimiento fijado en esta norma se ajustaba al derecho comunitario.

Fue el TSXG el primero en cuestionarlo a través de sucesivos pronunciamientos sobre las autorizaciones eólicas otorgadas en Galicia en los últimos años, haciendo una interpretación propia de la Directiva de evaluación de impacto ambiental del Parlamento y del Consejo Europeo que contraviene el procedimiento de información y consulta pública simultáneo que lleva a cabo la Xunta en aplicación de la referida norma estatal.

En base la esta interpretación, precisamente, y obviando por completo la opinión del Tribunal Supremo "que entre diciembre de 2023 y marzo de este mismo año avaló la tesis de la Xunta con cuatro sentencias relativas a la repotenciación del parque eólico en Corme y al parque de Campelo", el Alto Tribunal gallego decidió presentar ante el TXUE una cuestión perjudicial para que se había pronunciado al respeto.

Por eso y tras el fallo comunitario, Carmen Bouso destacó que el TSXG no tiene ahora ningún "obstáculo" para retomar todos los pleitos que mantenía paralizados a la espera de obtener este pronunciamiento sobre la tramitación realizada por parte de la Xunta.

Situación actual

Actualmente, en Galicia hay 92 parques eólicos (PE) afectados por algún recurso judicial en curso, de los cuales 86 ya están actualmente suspendidos —70 de ellos paralizados por la prejudicialidad casacional y 16 por otras causas—.

Todos estos parques, con una inversión estimada en 3.000 M€, suman una potencia de casi 2.500 MW lo que significa que se estas 92 instalaciones eólicas proyectadas en Galicia habían estado ya en funcionamiento, se podría estar evitando la emisión a la atmósfera de alrededor de 2,5 millones de toneladas de CO₂ anuales, es decir, una cuantía equivalente al impacto que producen 2 millones de coches circulando durante todo un año.

De hecho, la instalación de toda la potencia eólica paralizada en estos momentos en la Comunidad permitiría reducir en un 75 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respeto a los datos de 1990 (año de referencia a nivel mundial para las políticas climáticas) y supondría cumplir el objetivo que la Xunta se marcó de cara a 2030 en el II Plan Regional Integrado de Energía y Clima (PRIEC).

Estas cifras evidencian la importancia que tiene el desarrollo eólico para la transición energética de Galicia ya que este tipo de proyectos, al igual que el resto de energías renovables, resultan una pieza clave en la estrategia de la Xunta para avanzar nos objetivos comunitarios de descarbonización y también para conseguir la neutralidad climática —el equilibrio entre las emisiones y las absorciones— en el horizonte del año 2040.