Santiago de Compostela, 8 de septiembre de 2025

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello aprobó hoy el proyecto de la que será la primera Ley del clima de Galicia, una norma que se marca como reto principal dotar a la comunidad de las herramientas, órganos e instrumentos necesarios para garantizar la consecución "de la neutralidad climática -el equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las absorciones- en el horizonte del año 2040", es decir, una década antes del plazo fijado por la UE.

Rueda enmarcó esta ley -que ahora será enviada al Parlamento con el fin de que esté aprobada antes de que finalice el año- en la "apuesta desde hace mucho tiempo de Galicia" por trabajar "en la lucha contra el cambio climático" y, para eso, el futuro marco normativo sitúa el clima como eje transversal de las políticas públicas gallegas y, como tal, deberá integrarse en la toma de decisiones en aquellas áreas que puedan tener algún tipo de impacto (infraestructuras, transportes, salud, industria, residuos, gestión hidrológica etc.). "Queremos que cualquier contrato, plan o política puesta en marcha por la Xunta tenga en cuenta la perspectiva climática", indicó Rueda.

"Galicia será la primera comunidad en establecer por ley el objetivo de neutralidad climática", subrayó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien aseguró que esta normativa va a facilitar "una transición ecológica justa, sostenible y generadora de empleo verde".

De hecho, para que Galicia sea una región climáticamente neutra, la ley se marca objetivos concretos tanto en el ámbito de la mitigación -para reducir las fuentes de emisión o potenciar los sumideros que captan GEI- como en el de la adaptación "para mejorar la resiliencia de Galicia y sus sectores más relevantes ante el cambio climático".

Así, se fija como compromiso pionero en España conseguir en 2030 una reducción de las emisiones GEI del 75 % respeto a las de 1990 -referencia a nivel mundial para las políticas climáticas- para seguir consolidando la tendencia de los últimos años. En esta línea, el presidente recordó que "Galicia fue la comunidad en la que más bajaron las emisiones netas  de CO2 desde 1990". Concretamente, un 61,7 % en 2023, "a un ritmo cinco veces mayor que el conjunto de España", añadió.

Además, desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, la prioridad será proteger la sociedad y la economía ante los riesgos derivados de este fenómeno. Por eso, tal y como explicó la conselleira, se promoverán todas aquellas acciones orientadas a preparar el territorio y proteger a la ciudadanía de los impactos ambientales y de eventos extremos ligados al calentamiento global, con la creación, por ejemplo, de refugios climáticos que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante ondas de calor o el fomento de soluciones basadas en la naturaleza.

De hecho, la Xunta, con el apoyo de la UVigo, diseñó este año una metodología innovadora para gestionar y optimizar espacios más resilientes y saludables con la localización de refugios climáticos. Ahora, en una segunda fase que tomará la ciudad de Ourense como municipio piloto, se implementará una aplicación móvil, accesible para la ciudadanía, que mostrará mapas actualizados de islas de calor y posibles zonas refugio en cada ciudad, así como recomendaciones para minimizar la exposición a temperaturas extremas.

Por todo el expuesto, la ley introduce con carácter general a deber de la Xunta y del sector público autonómico de integrar la perspectiva climática tanto desde el punto de vista de la reducción de emisiones como de la adaptación a los efectos del calentamiento global en la elaboración de sus planes y programas sectoriales, en la preparación de contratos públicos cuando su objeto lo permita y en las convocatorias de subvenciones que tengan un impacto en los objetivos de neutralidad climática de Galicia.

En concreto, los instrumentos de planificación sectorial con una incidencia especial en el territorio deberán tener en cuenta las proyecciones climáticas (reguladas también en la ley) que simulan la respuesta del clima en la comunidad ante distintos escenarios de emisiones con el fin de mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia de Galicia; y todos los planes y programas que impliquen la generación de GEI sometidos la autorización ambiental estratégica (AAE) incluirán, como mínimo, una evaluación de su impacto en el clima y las medidas destinadas a compensar, minimizar o adaptar el territorio para estos efectos.

En este sentido, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático elaborará un documento técnico que sirva de base y como modelo de referencia a la hora de integrar la perspectiva climática en la elaboración de los distintos planes y programas autonómicos sometidos a AAE con el fin de facilitar así al resto de departamentos su cumplimiento.

Instrumentos de ordenación y nueva Oficina de Cambio Climático

La Xunta se apoyará en tres instrumentos de acción climática previstos en la propia ley para avanzar en las metas fijadas por ley: la Estrategia Gallega de Cambio Climático, en la cual se fijó por primera vez el compromiso de una Galicia climáticamente neutra; los planes regionales integrados de acción climática, que marcan la hoja de ruta y las medidas concretas para adoptar cada cinco años para cumplir los objetivos de la Estrategia; y los planes de acción local por el clima, que la ley fija como obligatorios para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con el fin de reforzar a nivel local las acciones de mitigación y adaptación.

De hecho, 17 de los 23 ayuntamientos gallegos que se encuentran en esta franja de población ya han elaborado y presentado su propio plan de acción. 

Asimismo, para avanzar en la gobernanza y en la dimensión social de las políticas de clima, la ley reconoce y refuerza el papel de órganos ya creados y en funcionamiento, como es el caso de la Comisión Interdepartamental para el Impulso y Coordinación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático, que coordina la acción de las distintas consellerías en este ámbito desde 2019.

Además, también regula la Red local por el clima, impulsada el año pasado para promover la adhesión de todos los ayuntamientos gallegos al Pacto de las alcaldías por el clima y la energía (del que actualmente forman parte 287) y ayudarlos a luchar contra el cambio climático desde una perspectiva local; y la Alianza Gallega por el Clima, una iniciativa de la Xunta ya muy consolidada para fomentar las sinergias público-privadas ante el calentamiento global a través de la implicación de los diferentes agentes sociales y económicos que operan en la comunidad y que pueden jugar un papel relevante en la acción climática.

A mayores, la ley prevé la creación de nuevas herramientas de participación y coordinación, como el Portal de Acción Climática, que servirá como ventana de divulgación y transparencia en este ámbito; la Oficina de Cambio Climático de Galicia, de carácter técnico y que asumirá el seguimiento de la Estrategia y labores de apoyo y asesoramiento al resto de departamentos; y el Foro de Acción Climática, órgano colegiado de participación.

Cláusulas climáticas en los contratos públicos

La transición ecológica de Galicia hacia un modelo sostenible, justo y generador de empleo requerirá también de recursos económicos e incentivos dirigidos tanto a las administraciones públicas como al sector privado. Por eso, tal y como explicó la conselleira, "Galicia quiere dar ejemplo a otras regiones" y a través de la Ley del clima sienta las bases para regular, por primera vez en la comunidad, "la contratación pública verde" para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, la Comisión Interdepartamental elaborará un programa específico para implantar y desarrollar criterios climáticos en los contratos públicos, criterios que, en todo caso, se integrarán de forma progresiva. De hecho y para facilitar esta transición, definirá también los medios de apoyo técnico y asesoramiento que se pondrán a la disposición de los órganos de contratación, así como un programa formativo para su personal. Asimismo, se elaborará un catálogo que defina y detalle las posibles cláusulas climáticas y ambientales a introducir en los distintos tipos de contratos así como las instrucciones para facilitar su incorporación idónea a los pliegos.

En todo caso y a la espera de que se concrete este trabajo previo, el criterio estrella que se pretende introducir progresivamente en las contrataciones del sector público gallego es la huella de carbono, entendida como la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a una organización, evento, actividad, producto o servicio concretos y cuantificada en toneladas equivalentes de CO2.

La Ley del clima de Galicia quiere avanzar hacia contratos que fomenten la eficiencia energética, la adquisición de productos ecológicos y la organización de eventos sostenibles, y promover la eficiencia energética en la contratación pública, mediante la incorporación de las previsiones de la Directiva de la UE en materia de contratación pública ecológica.

De hecho, fomenta la utilización de la huella de carbono en la preparación y ejecución de los contratos del sector público autonómico; y también introduce el criterio de la cercanía de los productos o servicios utilizados por el licitador con el fin de garantizar una compra pública baja en carbono que contribuya al objetivo global de la neutralidad climática.

En definitiva, se busca que los procesos de contratación de la Xunta se rijan por los principios de la propia ley y sirvan de ejemplo de una nueva manera de relacionar la actividad humana con el ecosistema en que se lleva a cabo; al tiempo que aboga por un modelo productivo y de consumo circular basado en el reaprovechamiento de los recursos.

Con este mismo fin, la perspectiva climática se introducirá también en la elaboración anual de los presupuestos generales de la Xunta, que recogerá partidas orientadas a avanzar en la mitigación y en la adaptación del cambio climático en Galicia, y en la convocatoria de ayudas públicas, con la posibilidad de incorporar cláusulas climáticas específicas.

En concreto, a modo de ejemplo, se primará como criterio de valoración específico en la concesión de subvenciones públicas la entidades municipales para cubrir inversiones y gastos que tengan relación con los objetivos de los planes de acción local por el clima el hecho de que el ayuntamiento solicitante haya aprobado y registrado su correspondiente plan.

Sistema de créditos de carbono

Asimismo, se prevé que la Xunta modifique los instrumentos fiscales existentes con el fin de incentivar el sector privado a impulsar acciones que contribuyan a conseguir los objetivos en materia de cambio climático fijados en la Estrategia y en los sucesivos planes regionales, y se creará un Registro gallego de personas promotoras de la neutralidad climática, de adhesión voluntaria, y que recogerá los compromisos ambientales asumidos por organizaciones públicas o privadas para reducir o compensar su huella de carbono.

En este sentido, la Ley del clima busca fomentar el impulso de proyectos y actividades que aumenten la absorción de CO2 y reduzcan las emisiones mediante la puesta en marcha del llamado sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta, que permitirá que empresas, organizaciones o mismo ciudadanos puedan compensar sus emisiones GEI comprando créditos de otros proyectos que reducen o eliminan gases (iniciativas de reforestación, conservación de bosques, acuicultura o uso de energías renovables). Está previsto que se apruebe el decreto regulador de este comprado en las próximas semanas.

Otra pata fundamental para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la ley será la información meteorológica y climatológica. Con tal fin, se reforzarán las redes de observación y control y la de calidad del aire, así como los servicios públicos para la gestión de los riesgos derivados del cambio climático para disponer de más datos y mejorar la capacidad de previsión y respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos extremos.

También en este ámbito hace falta indicar que la ley regula las llamadas proyecciones climáticas, que el organismo competente en materia de cambio climático se encargará de elaborar y revisar periódicamente para Galicia mediante la aplicación de modelos matemáticos.

Finalmente, partiendo de la premisa de que el cambio climático afecta a todo el mundo -administraciones, empresas y ciudadanía- la ley aspira también a cambiar la mentalidad y fomentar el conocimiento a través de campañas de información, de la integración de la perspectiva climática en todos los niveles del sistema educativo y del impulso de la investigación en Galicia en áreas relacionadas con el clima y la adaptación a sus efectos.

Cerrar el círculo de la sostenibilidad

Con el impulso a la Ley del clima, la Xunta responde y mismo supera los compromisos asumidos en materia climática a nivel europeo y los eleva a rango de ley, avanzando en la senda de las medidas iniciadas y aplicadas a nivel autonómico en los últimos años para hacer frente a los efectos del cambio climático, avanzar en la descarbonización con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y trabajar en el objetivo de la neutralidad climática.

De hecho, Galicia es una de las comunidades españolas que más reduce sus emisiones GEI respecto a 1990 -la primera en cuanto a merma de las emisiones netas y la tercera en brutas, según el desglose territorial del último Inventario Nacional correspondiente al año 2023- y ya está cumpliendo con los nuevos objetivos de descarbonización marcados por la Comisión Europea para esta década, entre ellos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en por lo menos un 55 % para 2030.

Además, la temperatura media en Galicia subió 0,2 grados centígrados por década en los últimos años mientras que en España el incremento fue de 0,25 grados, una tendencia ligada a las características particulares de la comunidad que la convierten en un refugio climático natural pero que acredita también el esfuerzo realizado por la Xunta.

En este sentido, gracias a la Ley del clima, Galicia aspira a cerrar el círculo normativo de la sostenibilidad que inició en 2019 con la aprobación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático, con más del 90 % de la planificación e inversiones previstas ejecutados nos sus primeros cinco años de vigencia, en concreto, un total de 139 medidas con una inversión de 1.140 millones que contribuyeron a lograr avances notables en esta materia.

La futura norma comparte también los principios de la Estrategia de Economía Circular 2020-2030 de promover modelos que generen empleo verde y de calidad, y de la Ley de residuos y suelos contaminados de 2021, cuyo objetivo fundamental es facilitar la transición hacia una economía circular, primando la prevención y la gestión sostenible de los residuos.

De igual manera, vendrá a complementar otras acciones relevantes en materia de clima en las cuales participa la Xunta como, por ejemplo, el Pacto de las alcaldías por el clima y la energía -iniciativa en que el Gobierno autonómico actúa como coordinador desde hace ocho años-, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible o la Alianza gallega por el clima, que sitúan a Galicia en la vanguardia de las regiones europeas comprometidas con la acción climática.

Ahora, tras recibir el visto bueno del Consello da Xunta, el proyecto legislativo será remitido de inmediato al Parlamento gallego para que continúe con su tramitación y se someta, finalmente, a aprobación definitiva, si procede, este mismo año.