Santiago de Compostela, 16 de octubre de 2025

La Xunta les remitió una comunicación a las empresas titulares de una autorización de vehículos de turismo con conductor (VTC) en Galicia, y a las plataformas de intermediación entre las personas usuarias y las personas titulares de autorizaciones VTC que operan actualmente en Galicia (Uber, Bolt y Cabify),  con el objetivo de recordarles los deberes legales para prestar el servicio, que puede realizarse en todo el territorio gallego pero siempre entre municipios.

Así, se incide en que no pueden llevar publicidad ni signos externos identificativos y en que deben llevar a bordo una copia del correspondiente contrato, o disponer de los medios que permitan acreditarlo. En el contrato deben figurar, entre otros, los datos de identificación de la persona que lo suscribe y del vehículo, el número de autorización de arrendamiento del vehículo, el lugar, día y hora de comienzo del servicio, su duración y el precio o los criterios objetivos para calcularlo.

La normativa establece también el deber de la remisión de la información del servicio prestado al Registro de Comunicaciones de Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RCTV), tanto del contrato como del inicio del servicio, y que los servicios deben contratarse con una antelación mínima de quince minutos a la realización.

Hace falta recordar que la Xunta tiene competencia para controlar y sancionar los servicios interurbanos que detecte dentro de la comunidad autónoma en relación con los requisitos y deberes recogidos en la Ley de transporte en vehículos de turismo y normativa autonómica de desarrollo, así como los recogidos en la normativa estatal de aplicación, y así lo hace en todos los casos en los que se detecta una infracción.

Tráficos urbanos

El Gobierno gallego tramita las autorizaciones de licencias VTC domiciliadas en Galicia, por delegación de competencias del Estado. Se trata de licencias de ámbito nacional e interurbano, que no habilitan para recorridos urbanos.

Cuando se detectan infracciones que son competencia municipal, como la realización de tráficos urbanos, la Xunta remite los informes a los ayuntamientos, que son los competentes para sancionar. En lo que va de año la Xunta envió cerca de 250 actas de infracción de la inspección de transportes de la Dirección General de Movilidad y boletines de denuncia recibidos tras inspecciones realizadas por la de la Guardia Civil, la mayoría de ellas a los ayuntamientos de Santiago de Compostela (116) y de A Coruña (112). A Vigo se le remitieron 17 y la Culleredo, dos.