Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 2025

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, volvió a lamentar esta mañana, durante la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, que el Gobierno central siga adelante con la imposición del traslado a Galicia de más de 300 menores migrantes no acompañados y que se haga sin financiación y sin planificación. En su intervención, instó al Ejecutivo central a facilitar fondos a todas las comunidades autónomas para la atención integral de estos menores.

En este sentido, la conselleira explicó que Galicia votó a favor del reparto de fondos a las comunidades que están teniendo mayores dificultades, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por solidaridad y porque la Xunta es consciente de que son las que están acusando en mayor medida a cuestión migratoria. Con todo, insistió en que el Gobierno central "debe facilitar fondos a todas las comunidades autónomas para atender adecuadamente a los menores migrantes", ya que esta situación, explicó, "es consecuencia de la falta de control en frontera, una competencia exclusiva del Estado".

Fabiola García celebró la retirada de la orden del día, ante la oposición frontal de la totalidad de las comunidades autónomas, del punto informativo sobre el real decreto mediante el cual el Gobierno central pretende reducir el tamaño de los centros de protección a un máximo de 15 plazas. La conselleira denunció que esta intención del ministerio, que ya había sido rechazada en la comisión preparatoria y por lo tanto no podría incluirse en la sectorial, supondría una invasión de las competencias autonómicas y tendría un impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema de protección gallego, obligando a reducir 250 plazas. Además, esta obligación fomentaría la institucionalización de los menores.

Por último, la conselleira denunció que, a la hora de establecer los criterios de reparto, Galicia se ve penalizada debido a su apuesta por el acogimiento familiar. Fabiola García explicó que esta apuesta de la Xunta, que ha convertido a Galicia en la segunda autonomía con mejores datos de España, penaliza a la comunidad al tener menos plazas residenciales.