Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2025

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, mantuvo hoy un encuentro solicitado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en el que participaron representantes municipales con el objetivo de abordar cuestiones referidas a los vehículos de turismo con conductor (VTC), que son de estricta competencia municipal. Así, recordó que la Xunta cumple rigurosamente con la normativa vigente y con sus competencias al tramitar las autorizaciones interurbanas de VTC domiciliadas en la comunidad, por delegación de competencias del Estado, siempre que se cumplan los requisitos de la norma y con los criterios ambientales por los que actualmente se conceden.

Así, la legislación estatal se modificó en el año 2023 limitando la concesión de licencias VTC en base a criterios ambientales y de congestión de tráfico, salvo en el caso de que los vehículos para los que se solicite la autorización sean eléctricos, cero emisiones de batería, de célula de combustible o de combustión de hidrógeno.

Es preciso señalar que las autorizaciones tienen carácter interurbano, lo que supone que permiten operar en todo el territorio gallego siempre que los trayectos realizados sean entre diferentes municipios, pero no habilitan la realización de recorridos urbanos. En este caso, como aclaró hoy la directora xeral en el encuentro, la normativa estatal prevé la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen, si así lo deciden, licencias urbanas, y así lo trasladó Galicia a su regulación.

De este modo, la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, incorpora la normativa estatal y establece que, en el supuesto de prever su otorgamiento en las correspondientes ordenanzas municipales, los ayuntamientos serán competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor a quien disponga previamente de la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia.

Por lo tanto, son los ayuntamientos los que deben tomar las decisiones que consideren oportunas respecto de las VTC en lo que se refiere a su regulación y concesión de posibles autorizaciones en el ámbito urbano para realizar este tipo de tráficos, y también es competencia municipal sancionar cuando se detecte la realización de tráficos urbanos.

Por otra parte, en lo que se refiere a las obligaciones de los ayuntamientos con la actividad del sector del taxi, la Ley de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia establece que los municipios, para lograr una debida coordinación y prestación del servicio, podrán regular y ordenar la actividad del taxi en su ámbito territorial, procurando que exista una continuidad en la prestación del servicio de taxi en condiciones óptimas para la ciudadanía. La Xunta mantiene un apoyo a este sector y esta misma semana se publicó en el Diario Oficial de Galicia la orden de ayudas de la Administración autonómica al sector del taxi para la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, vehículos de bajas o cero emisiones, con una inversión de 500.000 euros en la convocatoria para 2026.

Judit Fontela remarcó además que, a pesar de que la competencia de vigilancia e inspección de los servicios que transcurren por un término municipal también corresponde a los ayuntamientos, la Xunta, en el marco de su labor de inspección de transporte, puede identificar, y ya lo ha hecho, vehículos con autorización VTC que realizan desplazamientos urbanos y envía los informes de inspección a los ayuntamientos, que son los competentes para sancionar.

Así, los agentes velan por el cumplimiento de la norma, remitiendo los informes que correspondan a los ayuntamientos en caso de detectar incumplimientos que la Administración autonómica no puede sancionar, como es el caso de la realización de tráficos urbanos por VTC. De este modo, en lo que va de año la Xunta envió 260 actas de inspección de transportes de la Dirección Xeral de Mobilidade y boletines de denuncia recibidos tras inspecciones realizadas por la Guardia Civil por este motivo a los ayuntamientos para su tramitación, que son los competentes para sancionar en el ámbito urbano. En concreto, 123 en la ciudad de A Coruña, 118 en Santiago de Compostela, 17 en Vigo y 2 en Culleredo.

Por último, y en el marco de la coordinación general de los servicios de vehículos de turismo, la directora xeral explicó que la Xunta remitió una comunicación recordando sus obligaciones legales a todas las personas físicas y jurídicas titulares de una licencia VTC en Galicia y, en esta línea, como aseguró, el Gobierno gallego seguirá inspeccionando para que se cumpla la normativa.