Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2026

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, urgió hoy al Gobierno central a remitir cuanto antes el Plan social por el clima español a Bruselas para que las comunidades autónomas puedan acceder a financiación para desarrollar acciones frente al cambio climático.

Durante su respuesta a una pregunta parlamentaria, la responsable autonómica lamentó que el Ejecutivo central no presentase aún este plan —tenía de plazo hasta el pasado 30 de junio— para acceder al mecanismo europeo, con el que Galicia aspiraba a captar cerca de 2.000 millones de euros para complementar e intensificar las acciones que la Xunta está desarrollando para avanzar en la descarbonización.

La conselleira censuró el oscurantismo y la falta de respuestas del Gobierno central, que impide a las comunidades autónomas acceder a unos fondos que son vitales en la transición hacia una sociedad neutra en emisiones.

Ante esta situación, la titular de Medio Ambiente y Cambio Climático explicó que Galicia va a acudir a las instituciones europeas para reclamar información y pedir que el Fondo Social por el Clima llegue a las regiones y a la ciudadanía que lo necesita. No puede ser, incidió, que el inmovilismo del Ejecutivo central perjudique a las gallegas y gallegos.

En este sentido, recordó que la Xunta remitió en mayo del año pasado 62 proyectos relacionados con la acción climática que sumaban cerca de 2.000 millones de euros y que la dejadez del Gobierno central puede frustrar proyectos para la elaboración de planes de movilidad sostenible, la mejora energética de edificios públicos y viviendas protegidas, la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos o la adquisición de taxis adaptados eléctricos en el rural, entre otras muchas iniciativas.

Advertencia de Bruselas

De hecho, Ángeles Vázquez subrayó que la propia Comisión Europea está advirtiendo a España sobre el peligro de perder esos fondos y del incumplimiento de otras cuestiones como la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea sobre el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores. Esa incorporación a la legislación española es fundamental para acceder a la financiación del Fondo Social por el Clima, que precisamente pretende ayudar en la adaptación a la normativa comunitaria.

De hecho, el Ejecutivo comunitario ya remitió en 2024 una carta de emplazamiento al Gobierno central por no trasponer la directiva europea —ahora acumula más de año y medio de retraso—, el paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción.

La conselleira contrapuso la inacción del Ejecutivo central con la voluntad de la Xunta de colocar a Galicia a la vanguardia climática y de convertirse en 2040 en una región neutra en emisiones, diez años antes del objetivo marcado por España y Europa. De hecho, ese es uno de los grandes objetivos de la Ley del clima, aprobada por el Parlamento gallego el mes pasado y que hoy publica el Diario Oficial de Galicia.