Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2026

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, mantuvo esta tarde una reunión con la directiva de la Unión de Consumidores de Galicia, encabezada por su secretario general, Miguel López Crespo, en una reunión que evidenció la coincidencia y opinión conjunta desde Galicia, apoyada por todos los gallegos, de la reivindicación al Gobierno central  en la reclamación de la transferencia, rescate y gratuidad de la AP-9.

Durante el encuentro, la conselleira destacó que quedó evidenciada una opinión conjunta desde Galicia, apoyada por el conjunto de la sociedad gallega, en defensa de estas demandas, que el Ejecutivo autonómico viene reclamando de manera reiterada. Recordó que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad la solicitud de transferencia de la AP-9, una iniciativa que fue retrasada en 45 ocasiones en esta legislatura y que continúa sin ser debatida en el Congreso de los Diputados.

M. Allegue trasladó también a la asociación los detalles del estudio realizado por el departamento que dirige, que concluye que el coste de bonificar los peajes hasta el final del período concesional es equivalente al coste del rescate de la infraestructura. En este sentido, indicó que el Gobierno gallego ya se dirigió en varias ocasiones al Ejecutivo central solicitando "valentía" para proceder al rescate de una vía que considera estratégica para Galicia.

La conselleira informó además de las reuniones mantenidas con la Federación Gallega de Transportistas, con la Confederación de Empresarios de Galicia y con las comunidades autónomas vecinas de Castilla y León y Asturias, con el objetivo de conocer la respuesta del Gobierno central al dictamen de la Comisión Europea sobre esta cuestión. Según explicó, ayer mismo el Ejecutivo gallego recibió una negativa a facilitar esa información, una decisión que calificó de muestra de falta de transparencia y de diálogo con Galicia.

Martínez Allegue lamentó el que consideró un "ninguneo" por parte del Gobierno central y reiteró que la Xunta apoyará todas las acciones conjuntas que se impulsen desde los colectivos de consumidores, el sector del transporte, el tejido empresarial y el conjunto de la sociedad civil gallega para exigir una solución definitiva.

La conselleira subrayó que la AP-9 es una infraestructura que nace y finaliza en Galicia, vertebra exclusivamente el territorio gallego y es empleada por una media de más de 26.000 usuarios al día, por lo que rechazó los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo central, como la supuesta falta de interés público o la confidencialidad del expediente europeo.

Finalmente, aseguró que la Xunta no permanecerá pasiva tras esta última negativa y que está analizando los siguientes pasos a dar para continuar reclamando la transferencia, el rescate y la gratuidad de una infraestructura que considera esencial para el desarrollo económico y social de Galicia.