Santiago de Compostela, 25 de febrero de 2026

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, advirtió hoy en el pleno del Parlamento galego de que el Goberno central pretende reformar el Regulamento Xeral de Costas para restringir los usos en el litoral y limitar la duración de todas las concesiones amparándose en que así se lo exige Bruselas. Lo que no dice, aclaró, es que lo que pide la Comisión Europea a España es mayor transparencia en la adjudicación de algunas concesiones relacionadas con la directiva de servicios y no con las que tienen que ver, por ejemplo, con el complejo mar-industria, como las instalaciones de acuicultura o las fábricas de transformación de productos del mar.

La responsable autonómica explicó que el Executivo central quiere convertir en generales unos ajustes que deberían ser puntuales y que, por eso, actúa en todo momento con oscurantismo y falta de transparencia. En este sentido, recordó que el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea se refiere a la directiva de servicios y que, pese a que Galicia pidió en varias ocasiones conocer el contenido del expediente, el Goberno central se negó a remitírselo alegando que se refería a un asunto de competencia exclusiva de la Administración Xeral do Estado.  

Este argumento, lamentó Ángeles Vázquez, sirve en unas ocasiones y en otras no, pues España tiene abiertos más de 30 procedimientos de infracción y, en muchos casos, son las comunidades las que completan la información. Esta ocultación, indicó, busca únicamente contribuir al fin del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de restringir los usos en el litoral tratando de que pasen desapercibidos durante la tramitación y evitar la contestación social.  

En este sentido, el Executivo central mostró sus cartas justo en el último día de plazo para remitir las alegaciones a la consulta pública previa para modificar el Regulamento Xeral de Costas —el pasado 19 de enero— al reconocer que su objetivo es impedir las prórrogas automáticas de las concesiones en la costa. De este modo puso algo de luz al oscurantismo que caracteriza todo el procedimiento, pues la consulta que inició carecía de una explicación clara sobre su finalidad.  

No obstante, en esa afirmación el Goberno central vuelve a mentir de manera premeditada al conjunto de la ciudadanía pues es consciente de que no existen las prórrogas automáticas de las concesiones sino que toda prórroga incluye un procedimiento previo a su aprobación que requiere de distintos informes, entre ellos los que tienen que ver con las cuestiones medioambientales.  

Tercer intento

Ángeles Vázquez lamentó además que los hechos confirman lo que la Xunta denunció desde el primer momento, que la consulta pública previa abierta el 4 de febrero por el Ministerio tiene como único fin restringir los usos en la costa y eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050, como ya intentó en 2018 y en 2024.  

Por eso, la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático aseguró que la Xunta va a seguir trabajando para que el conjunto de la ciudadanía conozca la verdad sobre esta cuestión y en la búsqueda de diseñar una nueva Ley de Costas nacional desde el rigor y la coordinación entre las comunidades y los sectores afectados. De hecho, Galicia y otras comunidades van a crear un grupo de trabajo que tendrá como cometido elaborar una normativa estatal en la línea de la Ley de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga), que alcance el equilibrio entre la protección de la costa y el desarrollo social y económico.  

Es algo fundamental, incidió, y a lo que no pueden renunciar autonomías como la gallega, en las que más de la mitad de la población vive o trabaja en la franja costera. Quedarse callados ante este atropello sería como aceptar la destrucción del litoral y de toda la vida que se desarrolla en su entorno.  

Encuentro con el sector del mar

La conselleira hizo referencia además a las alegaciones presentadas por Galicia a la reforma del reglamento —la Xunta tiene constancia de la presentación de alrededor de 80—, una cuestión que abordó también esta mañana en una reunión celebrada con representantes de la cadena mar-industria y de juristas como el director del Observatorio do litoral de Galicia, Javier Sanz Larruga, para analizar los planes del Goberno central.  

En ese encuentro estudiaron las consideraciones remitidas por distintas entidades y organizaciones con intereses en la costa —que representan a miles de personas que viven en el litoral o dependen de actividades vinculadas con él— que inciden en la necesidad de que haya una mayor transparencia sobre los motivos de la reforma normativa, un mayor plazo para presentar alegaciones —un mes frente a los quince días otorgados— y la máxima seguridad jurídica para las instalaciones asentadas en la franja costera, entre otras.  

Los representantes del complejo mar-industria y del Executivo galego coincidieron en su preocupación, que va más allá de ideologías, por unos planes que buscan eliminar la presencia humana de la costa, poniendo en peligro el futuro de muchas actividades e infraestructuras asentadas en el entorno litoral.