Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2026

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, exige al Goberno do Estado que ofrezca una “solución inmediata desde el punto de vista jurídico” al programa de auxiliares de conversa cuya continuidad está en riesgo debido a las discrepancias entre los ministerios de Educación y de Traballo. Así lo expuso hoy ante la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participó por videoconferencia y donde tuvo la oportunidad de hablar por primera vez con la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, desde que tomara posesión de su cargo en diciembre del año pasado.

En su intervención, Román Rodríguez explicó que las autonomías están “totalmente indefensas” ante las inspecciones arbitrarias del Ministerio de Traballo a las comunidades autónomas que llevan aparejadas sanciones millonarias por exigir a los auxiliares de conversa un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando están definidos por el Ministerio de Educación como personas que participan en un intercambio cultural.

El representante del Goberno galego se mostró muy crítico con la gestión que está llevando a cabo el Ministerio que dirige Tolón por su “inoperancia y falta de soluciones”. De seguir así, le advierte de que será “la responsable -junto con la ministra de Traballo, Yolanda Díaz,- de que miles de alumnos no progresen en la práctica de una lengua extranjera” a través de este programa de éxito que en Galicia lleva 15 años funcionando con normalidad y que contribuyó a que los estudiantes gallegos se sitúen como los con mayor nivel de España en Inglés, según el informe anual de Education First (EF).

Cabe recordar que el programa de auxiliares de conversa está diseñado por el Ministerio de Educación y, en el mismo, estas personas no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas, con un seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y manutención que sufraga en su mayor parte la propia Xunta. De hecho, es el Goberno galego el que se hace cargo de la mayor parte del coste del programa (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).

Ley de ratios

Otro de los asuntos abordados en la Conferencia Sectorial de Educación fue la nueva ley de ratios anunciada por el Goberno do Estado, para la cual Román Rodríguez reclamó que se constituya un grupo de trabajo con las comunidades autónomas. “De no crearse este grupo, sería parasitar el trabajo que realizamos desde las comunidades autónomas”, declaró.

“En ningún momento fuimos escuchados y queremos participar de una normativa que nos atañe directamente ya que somos las autonomías las que tenemos que ejecutar el mandato de esa futura ley”, explicó al tiempo que reclamó “respeto institucional y cooperación”. Así pues, Galicia exige “un calendario realista y la financiación necesaria para aplicar la ley”, puesto que las comunidades autónomas “somos las competentes en este ámbito”.

De hecho, Galicia “ya va por delante” en muchos de los aspectos que ahora el Goberno do Estado “nos copia y pretende presentar como novedosos”. Prueba de ello es que, gracias al Acordo de melloras firmado con los sindicatos en 2023, el sistema educativo gallego ya aplica desde el curso pasado la mejora de ratios desde 4º de Infantil, contabilizamos de manera especial a los niños con necesidades (algo que no hace ninguna comunidad autónoma) y mejoramos los agrupamientos de aulas en el rural, entre otras medidas. Además, actualmente se sigue trabajando con las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones laborales en el ámbito de Secundaria.