Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2026

La Xunta sostiene que el Gobierno central ha asumido la falta de información y los defectos de forma denunciados por Galicia en el procedimiento iniciado para la reforma del Reglamento general de costas.

De hecho, esta tarde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió a las comunidades autónomas litorales la preceptiva Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y comunicó la ampliación del plazo para realizar observaciones al anteproyecto de la reforma reglamentaria hasta el 15 de abril, cuando en la propuesta inicial finalizaba el día 1 de ese mes.

Esta rectificación se produce después de que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, trasladara en una carta a la ministra el malestar de Galicia con la manera de proceder del Gobierno central en la tramitación de esta reforma. Así, alegaba que existían numerosos defectos de forma y que faltaba información preceptiva e imprescindible para ejercer de manera bien fundamentada el derecho a realizar aportaciones.

En ese sentido, el Ejecutivo gallego lamenta que esa rectificación del Gobierno central se produjera después de que Ángeles Vázquez pusiera en evidencia en Bruselas que esa propuesta no se ajustaba a derecho en la medida en que, en los términos propuestos, incumplía la legislación española, además de ignorar la opinión de las comunidades autónomas competentes en la materia.

Cabe recordar que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que no figuraba en el borrador de real decreto publicado por el Ministerio, suele incluir el correspondiente documento de evaluación jurídica y un estudio de impacto económico y presupuestario en el que se cuantifican las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma. Son cuestiones imprescindibles para hacer de manera fundamentada las correspondientes observaciones, tal y como siempre defendió la Xunta.

Grupo de trabajo en Galicia

En este contexto, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo hoy un encuentro con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, en el que le propuso formar parte del grupo de trabajo creado en Galicia precisamente para formular alegaciones al anteproyecto de este Reglamento General con el fin de defender los intereses de la Comunidad.

En esa línea, apeló a la colaboración de todos los sectores y administraciones con intereses en esta materia, porque es fundamental la participación de todas las partes implicadas con el fin de frenar una modificación normativa que pondría en riesgo el futuro de muchas instalaciones asentadas en el litoral.

La Xunta continúa así con la ronda de contactos iniciada el pasado 16 de febrero con los agentes sociales y económicos con intereses en la franja costera tras conocer la consulta pública previa lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reformar el reglamento, un trámite que supone el tercer intento de modificar la normativa de costas por la puerta de atrás.

En esta línea, Ángeles Vázquez destacó la relevancia de analizar con los ayuntamientos las afecciones a Galicia de esta acción unilateral del Gobierno central dado que más de la mitad de la población de la comunidad vive en los 86 ayuntamientos costeros gallegos. La conselleira explicó que el apoyo de las entidades locales es vital para reclamar una modificación de la normativa o incluso la redacción de una nueva Ley de costas estatal -como piden Galicia y el resto de comunidades con litoral- desde la seriedad y el rigor, por la vía del diálogo y con el máximo consenso posible.

De hecho, la responsable autonómica explicó a los representantes de la Fegamp las gestiones realizadas esta semana en Bruselas. En este sentido, recordó que mientras que la Comisión Europa exige la adaptación de la normativa española a la directiva de servicios a través de una modificación de la Ley de costas, el Ministerio opta por la vía del real decreto para evitar el debate parlamentario dado que carece de mayoría suficiente en las Cortes.

Ángeles Vázquez lamentó además que el procedimiento iniciado por el Gobierno central se aparta del seguido en los dos intentos anteriores simplemente con la finalidad de aprobar el anteproyecto de manera acelerada después de estar guardado varios años en un cajón. Y lo más grave, incidió, es que pretende derogar prórrogas extraordinarias y comunes de concesiones de actividad en el litoral, conculcando los derechos adquiridos previamente por los titulares de esas concesiones.

En esta línea, la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático subrayó que el anteproyecto de Reglamento General de costas es nulo de pleno derecho porque ningún reglamento puede contravenir o dejar sin efecto ni validez un norma con rango superior como la Ley de costas. Además, también sería nulo por invadir las competencias de las comunidades autónomas en materia de gestión y ordenación del litoral.

Por todo esto, la conselleira reiteró que la reforma proyectada generaría una grave inseguridad jurídica y perjuicios irreparables desde el punto de vista socioeconómico, y defendió la necesidad de que se implique a las comunidades en esta cuestión mediante la convocatoria de la Conferencia Sectorial de costas.

Por eso, concluyó comprometiendo el trabajo incansable del Ejecutivo gallego en la defensa de los intereses de Galicia, de los ayuntamientos, de las actividades socioeconómicas y de los particulares asentados en la costa frente a lo que consideró un nuevo atropello del Gobierno central con el fin de eliminar, de manera arbitraria y sin informes técnicos que lo justifiquen, cualquier vestigio de presencia humana de la franja litoral.