Santiago de Compostela, 1 de abril de 2026

El secretario general técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Manuel Vila, reitera la advertencia de que la continuidad del programa de auxiliares de conversación “corre cada vez más peligro” en Galicia, más aún después de que el Ministerio de Trabajo haya impuesto multas de casi 25 M€ a la Comunidad Valenciana y a Andalucía.

En su intervención ante la Comisión 4ª del Parlamento de Galicia, el representante del departamento de Educación del Gobierno autonómico lamentó que el Ejecutivo del Estado haga “oídos sordos” a las reiteradas advertencias realizadas desde la Xunta por carta y en conversaciones personales a las ministras de Educación y de Trabajo, a las que se les demanda una solución que otorgue seguridad jurídica para desarrollar este programa de éxito que lleva funcionando con normalidad en las aulas gallegas desde hace 15 años.

“El Ministerio de Yolanda Díaz ni se digna a contestar, mientras que Educación tan solo expresa buenas palabras, pero en la práctica no hace absolutamente nada por arreglar una situación que nos deja indefensos”, explicó Manuel Vila. De hecho, a día de hoy el Ministerio de Educación ni siquiera ha convocado el programa para el próximo curso, por lo que, por plazos, “ya no daría tiempo a comenzarlo con normalidad, ni aunque por fin se pusieran de acuerdo ambas partes del Gobierno”, añadió.

Cabe recordar que esta situación deriva de que el Ministerio de Trabajo está realizando inspecciones arbitrarias a las comunidades autónomas que conllevan sanciones millonarias por exigir a los auxiliares de conversación un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando están definidos por el Ministerio de Educación como personas que participan en un intercambio cultural.

Así pues, si el Gobierno del Estado no articula una solución avalada jurídicamente, aboca a Galicia a prescindir de “este programa estratégico” cuyos resultados se reflejan en indicadores como que los alumnos gallegos presentan el mayor nivel de conocimiento de inglés del conjunto de España, según el Informe EF.

Además de “abrir puertas académicas y profesionales para nuestra juventud”, el secretario general técnico destacó que esta iniciativa garantiza la equidad territorial, así como la igualdad de oportunidades de los alumnos “sin importar dónde viven o su nivel de renta”. No en vano, Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor número de auxiliares, presentes en 791 centros educativos de 238 municipios (más del 70%).

El programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación, que es quien marca los requisitos, mientras que el Gobierno gallego cumple con las condiciones impuestas desde el Estado y, además, asume la mayor parte del coste del mismo, financiando el 90%. Las personas que participan en este programa no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas, con un seguro médico, así como con una ayuda para gastos de alojamiento y manutención que sufraga la propia Xunta (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).

Listas de sustitución

Por otra parte, también intervino en la Comisión 4ª el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, quien, ante una pregunta sobre la cobertura de listas de sustitución de determinadas especialidades docentes, defendió que la Xunta está actuando “con la mayor planificación posible y con flexibilidad y agilidad” con el fin de garantizar el servicio educativo y “responder en tiempo real a las necesidades del sistema” en estos casos puntuales. De hecho, a día de hoy la docencia de determinadas materias como Latín y Griego en algún centro ya se ha solucionado y está funcionando con normalidad.

No obstante, Jesús Álvarez descartó que exista un problema general de cobertura de puestos educativos en Galicia, sino que se trata de “dificultades focalizadas en determinadas especialidades con muy baja disponibilidad de profesionales” que se está produciendo en todo el territorio estatal. Ante esta situación, la Consellería de Educación activa múltiples procedimientos de apertura de listas y, precisamente, para aquellos casos de especial dificultad de cobertura, se ha adoptado una medida de flexibilización eliminando puntualmente el requisito de haber cursado el máster del profesorado para acceder a estos puestos. Reiteró que se trata de medidas concretas y específicas para dar respuesta a casuísticas muy concretas.

Asimismo, el director general de Centros y Recursos Humanos puso en valor la voluntad de la Administración educativa gallega de alcanzar acuerdos dialogados con las organizaciones sindicales que benefician al conjunto del sistema educativo, a pesar de los obstáculos de alguno de ellos, como es el caso de CIG-Ensino, “que en 15 años no ha sido capaz de firmar ni un solo acuerdo de mejora con esta Consellería”. Precisamente, fruto de este diálogo se acaba de firmar un acuerdo con CCOO, ANPE, UGT y CSIF en el que se elimina la obligación de que los interinos se presenten a las oposiciones para mantener su posición en las listas, y se moderniza el sistema de llamamientos telefónicos por un procedimiento a través de una aplicación informática, que garantiza mayor transparencia, evita errores y permite cubrir las bajas de manera más rápida y eficiente.

Paralelamente, este año se ofertan 1.601 plazas de nuevo ingreso, lo que implica que Galicia mantiene una tasa de interinidad por debajo del 5% frente al 27% del Estado. “Todo esto evidencia el compromiso real con la estabilización y el reconocimiento del profesorado a través del acuerdo y del diálogo”, concluyó Jesús Álvarez.