Santiago de Compostela, 7 de abril de 2026

La directora general de Energías Renovables y Cambio Climático, Paula Uría, explicó hoy que la Xunta confía en que la reciente resolución de la Justicia gallega —que rechazó la suspensión cautelar de una línea de alta tensión de evacuación de energía renovable por no acreditarse daño ambiental ni riesgo grave e irreparable— suponga un punto de inflexión y un paso más hacia el desbloqueo del sector eólico en Galicia, poniendo fin a la parálisis en la que está inmerso.

La representante del Ejecutivo gallego respondió hoy una pregunta en la Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento de Galicia, donde subrayó que esta decisión judicial supone un cambio de tendencia en relación con los fallos anteriores y confirma lo que la Xunta lleva años defendiendo —la correcta tramitación de los proyectos eólicos en la comunidad— y que fue avalado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en distintas sentencias.

Esta nueva resolución, incidió, pone el foco en que las evaluaciones ambientales deben valorarse con rigor técnico y que la Xunta tramitó correctamente el proyecto de esa línea de evacuación. Por eso, Paula Uría reiteró la voluntad de que se puedan reactivar las iniciativas paralizadas para avanzar en el desarrollo de las energías renovables, claves en el camino de la descarbonización y en la consecución del objetivo de que Galicia sea neutra en emisiones en el año 2040, diez años antes de la meta fijada por Europa.

“Cada megawatt renovable que no se incorpora al sistema es una oportunidad perdida para reducir emisiones, atraer industria verde y avanzar hacia un modelo económico más competitivo y sostenible”, aseveró la directora general de Energías Renovables y Cambio Climático. Por eso, añadió, la transición energética no es una opción sino una necesidad ambiental, económica y social.

Además, recordó, se trata de una cuestión fundamental para avanzar en la autosuficiencia energética y mantener posiciones de liderazgo en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. De hecho, a pesar de ese parón en el desarrollo de proyectos eólicos, Galicia generó en 2025 cerca de 18.000 gigawatts de electricidad de origen renovable, lo que supone alrededor del 82% del total, muy por encima del 55% de aportación que supuso a nivel nacional, según el informe de renovables de Rede Eléctrica de España (REE) del año pasado. Esto supone que la comunidad es la tercera de España con mayor producción renovable, solo por detrás de Castilla y León y Aragón.

Paula Uría aseguró que la posición de vanguardia de Galicia sería aún mejor si pudiesen desarrollarse los 85 parques eólicos suspendidos, que suponen tener paralizados 2.325 megawatts de energía de origen renovable. Con su puesta en marcha se evitaría también la emisión de 2,5 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, lo que supondría el 25% del objetivo total de reducción de emisiones fijado para 2040.

Descuido del Ejecutivo central

En esta línea, añadió que la Xunta cuenta con una planificación eólica seria que blinda más del 77% del territorio, en el que, por diferentes condicionantes ambientales, no se permite la implantación de parques eólicos. Al rigor y previsión del Ejecutivo gallego contrapuso la desidia del Gobierno central, que acumula años de retraso en el cumplimiento de la directiva europea de renovables, motivo por el que Bruselas ya abrió a España un expediente de infracción que está en tramitación.

Ese procedimiento, recordó la directora general, se debe a la no incorporación a la legislación española del reconocimiento expreso del interés público superior de las energías renovables, que permite dar prioridad a estos proyectos frente a otros usos del territorio y agilizar los procedimientos administrativos.

Frente al inmovilismo del Gobierno central en este ámbito, Galicia incorporó este principio a su normativa con el fin de agilizar la puesta en marcha de estas iniciativas para avanzar en la descarbonización. De hecho, la Xunta destaca que el interés público superior de las renovables no es un concepto teórico, sino una herramienta jurídica clave que permite agilizar permisos, reducir litigios, evitar suspensiones cautelares, proteger proyectos estratégicos y apostar claramente por este tipo de proyectos en el territorio.

Al no transponer este principio, lamentó, el Ejecutivo central debilita la posición jurídica de las comunidades autónomas, favorece la proliferación de recursos judiciales y contribuye al bloqueo del sector que sufre Galicia.

A pesar de obstáculos como este, Paula Uría reafirmó el compromiso de la Xunta con el desarrollo eólico, como demuestra que esté tramitando ya los primeros parques al amparo de la Ley de promoción de los beneficios ambientales, sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales de Galicia. En esta línea, son las primeras retramitaciones administrativas de proyectos eólicos, en las que algunos promotores, remarcó, deciden voluntariamente retramitar parques —a pesar de tener las autorizaciones previas— para ofrecer beneficios ambientales al entorno y económicos a la ciudadanía, lo que muestra su compromiso con el conjunto de la comunidad.