Santiago de Compostela, 10 de abril de 2026

El director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, aseguró esta mañana que Galicia está preparada para liderar el despliegue de los proyectos de almacenamiento energético y convertirse en un "hub de gestión energética inteligente". "Contamos con un tejido industrial preparado: una industria automotriz y unos centros tecnológicos punteros y nuestra capacidad de innovación en materiales está fuera de toda duda", subrayó al tiempo que aseguró que los recursos naturales de los que dispone la comunidad la convierten en un referente en generación de energías renovables unido a nuestra capacidad técnica.

Fernández Vila participó en Santiago en la inauguración de la Battery 2026 III Jornada de Almacenamiento Energético en Galicia, organizada por el Clúster de las Energías Renovables de Galicia (Cluergal) en colaboración con el Instituto Energético de Galicia (Inega). Allí, el director general recordó que los sistemas de almacenamiento energético resultan fundamentales para dar estabilidad al sistema, tanto desde el punto de vista técnico como económico, gracias a su contribución a la resiliencia de la red y en la reducción de las oscilaciones de los precios de la factura eléctrica.

En ese punto, el director general apuntó que en la actualidad Galicia cuenta con 46 expedientes de baterías -stand-alone e hibridaciones- en tramitación, que suman 492,75 MW, a los que hay que añadirle otros 3 expedientes (17,75 MW) ya autorizados,  solicitudes de avales para 129 proyectos de almacenamiento que suman 2.720 MW más y varios proyectos de centrales de bombeo reversible.

"Si queremos avanzar en la descarbonización de nuestra economía, necesitamos incrementar el peso de las renovables en el mix energético y aquí es donde entra en juego el almacenamiento, como la llave maestra que permite que las renovables pasen de ser una fuente variable a ser la base sólida de nuestro sistema eléctrico", aseguró Fernández Vila al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de definir un marco normativo que dé seguridad a los promotores de estos proyectos. "El sector necesita uniformidad de criterios y mayor seguridad jurídica y las administraciones también", remató.