Santiago de Compostela, 14 de abril de 2026

La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, incidió hoy en el Parlamento en la voluntad de la Xunta de seguir ampliando el autogobierno de forma ordenada y útil para la ciudadanía, bajo la premisa de que cada competencia debe ejercerse en el nivel administrativo más eficaz. “No se trata de solicitar transferencias sin límite, sino de asumir lo que honestamente creemos que podemos hacer mejor que el gobierno central”, señaló.

Sandra Vázquez hizo hincapié en que la Xunta continuará negociando con el Estado nuevas transferencias que redunden en la defensa de los intereses de Galicia. En este contexto, y en el ámbito de las infraestructuras, informó de que el gobierno gallego sigue avanzando en la negociación para la transferencia de la gestión de aeródromos y helipuertos no considerados de interés general y que, tras presentar la solicitud el año pasado, en la actualidad está analizando la propuesta que recibió la semana pasada.

La Xunta trabaja también, según informó, en la reclamación de la asunción de la competencia sobre autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras en Galicia. El objetivo es poder agilizar los trámites y mejorar la respuesta al reto demográfico y a las necesidades reales del mercado laboral gallego.

En el campo social, el gobierno autonómico exige también el traspaso del Ingreso Mínimo Vital con la idea de gestionarlo al mismo tiempo que la RISGA, evitando así que las personas afectadas tengan que ir de una administración a otra para complementar las ayudas estatales y autonómicas. El traspaso, solicitado en junio de 2024, sigue todavía pendiente de respuesta.

Durante su comparecencia, Sandra Vázquez volvió a insistir en la reclamación del rescate de la concesión de la AP-9 y el traspaso de la titularidad de la gestión a la Xunta, una infraestructura clave para Galicia. El ejecutivo gallego reiteró la necesidad de avanzar ya en su transferencia tras años de debate en el Congreso de los Diputados y advirtió del impacto económico que suponen los peajes, entre los más caros del Estado, tanto para la ciudadanía como para el tejido productivo.

Otro de los asuntos abordados fue la reciente transferencia de la gestión del litoral, efectiva desde el 1 de julio de 2025 y que le permite a la comunidad asumir funciones clave en materia de autorizaciones, concesiones, inspecciones y sanciones en el dominio público marítimo-terrestre. Para acompañar esta nueva competencia, la Xunta aprobó el Plan Litoral y puso en marcha nuevos órganos de coordinación y participación como la Comisión Interdepartamental do Litoral y el Foro do Litoral.