Santiago de Compostela, 21 de abril de 2026

La Xunta denuncia la falta de información y lealtad institucional por parte del Gobierno central sobre el Programa de fomento del transporte público a través de un sistema de abono único, del que el Gobierno gallego no recibió la orden que se encuentra en trámite de información pública. Por ello, mostrando su disconformidad con el mismo, acaba de presentar alegaciones a este proyecto que considera debería haberse abordado con las comunidades por su impacto en el transporte y que, por el contrario, se diseñó de espaldas a ellas.

En las alegaciones presentadas, la Administración autonómica evidencia la falta de definición de los derechos, obligaciones, condiciones técnicas y régimen económico del sistema. Así reclama que el avance en este programa del Ejecutivo estatal respete el reparto de competencias, garantice la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte autonómico y tenga en cuenta las singularidades de cada territorio como la densidad de población y la dispersión geográfica.

En una de ellas, el Gobierno gallego incide en que este programa atribuye al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su impulso y evolución sin prever la participación de las comunidades en la toma de decisiones lo que -indica la Xunta- choca frontalmente con el modelo de colaboración interadministrativa que se emplea para su implantación, tanto en lo que se refiere a la gestión de los aspectos económicos como tecnológicos.

Por otra parte, pese a que el borrador recoge que la adhesión de las comunidades a la medida es voluntaria, en otra de las alegaciones, se incluye que en la práctica se está produciendo “una incidencia directa sobre las competencias autonómicas en materia de ordenación, planificación y gestión del transporte público”. Por ello, la Xunta requiere que se incluyan cláusulas sobre la salvaguarda de la autonomía de las competencias de las comunidades y se garantice la capacidad plena para definir sus tarifas y bonificaciones sin que se vean afectadas por la interoperabilidad con este sistema. Del mismo modo, reclama garantías para la interoperabilidad de la plataforma tecnológica estatal que se prevé instalar con los sistemas ya implantados por las comunidades.

Cabe recordar que la Xunta ya había advertido que se desconocía cómo se hizo el cálculo de tarifas, la previsión de demanda o si el coste cubrirá la misma. Así, el Gobierno gallego también alega en esta línea que la orden no aporta definición precisamente del régimen económico-financiero. Es decir, pese a que contempla la posibilidad de fijar mecanismos de compensación financiera por los impactos derivados no se concretan cuantías o criterios de distribución.

En este sentido, para la Xunta es relevante, dado que el sistema puede generar importantes desequilibrios económicos en los sistemas autonómicos de transporte. Así, considera que debería incluirse en la financiación del proyecto el establecimiento de criterios objetivos de compensación que tengan en cuenta las singularidades de cada territorio para evitar perjuicios por la aplicación de un sistema de abono de tarifa única. En el caso de Galicia esos criterios tienen que ver sobre todo con la dispersión geográfica y la existencia de zonas con baja densidad de población que no contempla el modelo, ya que este responde a patrones de movilidad propios de áreas urbanas o metropolitanas de mayor densidad de población.

Además, la Xunta advierte de que el hecho de que la norma carezca de efectos normativos, pues las obligaciones y derechos se definirán a través de diferentes convenios con las comunidades autónomas, genera “inseguridad jurídica” al no contar con un marco común que defina claramente las condiciones técnicas y el régimen económico del sistema diseñado.

Cabe recordar que Galicia ya dispone de un sistema de bonificaciones muy ventajoso para las personas usuarias del sistema de transporte público autonómico, como la bonificación adicional del 20% que se suma a otros descuentos autonómicos, entre ellos hasta 60 viajes gratis al mes para menores de 21 años y mayores de 65 con la Tarxeta Xente Nova y la tarifa +65.