Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2026

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció hoy que el Gobierno gallego va a dar un paso decisivo en la política minera de Galicia porque en las próximas semanas sacará a concurso los derechos de explotación de minerales críticos para la industria europea con la obligación de que las empresas promotoras presenten un plan social.

Lorenzana compareció hoy la petición propia en el Pleno del Parlamento, donde explicó que este será el segundo concurso minero de la legislatura que, como una de las novedades, va a incluir derechos mineros sobre los que hay probada existencia del recurso. De este modo, permitirá solicitar directamente la concesión de explotación de minas de wolframio, estaño y oro en la provincia de A Coruña, minerales de referencia para los sectores de la defensa, la automoción y el aerospacio.

Se incluirán, así, los derechos de explotación de la mina de Corcoesto (tres derechos mineros) en Cabana de Bergantiños, Ponteceso y Coristanco, para oro y hierro; de la Mina San Finx, en Lousame, para wolframio y estaño; y de la mina de Santa Comba, que abarca, también, los ayuntamientos de Coristanco y Cabana de Bergantiños, para wolframio. Unas explotaciones que podrían llegar a poner en valor recursos naturales por un valor próximo a los 7.000 millones de euros, con la movilización de 200 millones de inversión directa y la creación de más de 250 empleos directos y 750 indirectos.

Cabe destacar que Galicia posee 18 de los 34 materiales considerados críticos por la Unión Europea, el que sitúa la Comunidad "en una posición de oportunidad que no se puede ignorar; una realidad y que conecta directamente con el futuro de nuestro tejido productivo, del territorio y de la población", aseveró.

Complementariamente, el concurso incluirá también más de cien derechos mineros en las cuatro provincias para permisos de investigación. Serán de materias primas clásicas como el caolín, la arcilla, el cuarzo, los feldespatos y el granito, las verdaderas responsables de que Galicia sea la segunda comunidad autónoma en empleo minero, recordó. Pero también de materias primas críticas como el litio, el niobio o el tantalio, en la zona de Beariz y Beade; o el cobre, en la zona de Becerreá, en una apuesta por convertir la Comunidad en un referente en minería metálica.

Exigencia de planes sociales

Junto con esto, la conselleira avanzó como otra de las novedades que a los promotores se les exigirá que incorporen planes sociales punteros que sean financiados con un porcentaje de los beneficios de los proyectos. Irán adaptados a la realidad social de cada ayuntamiento y destinados, directamente a la ciudadanía, porque no hay dos comarcas iguales, dijo. Y estarán diseñados a medida de la mano de los ciudadanos, que son los que mejor conocen sus necesidades y los que deben marcar las prioridades.

Según precisó, serán planes que incluirán ventajas para la juventud, para que pueda formarse, estudiar idiomas, retornar y construir un proyecto de vida en su tierra; que apoyen a los mayores; que actúen sobre el tejido económico del territorio, para diversificar, atraer talento y crear actividad más allá de la propia mina y, sobre todo, planes concebidos desde el primer momento pensando en el escenario posterior al cese de la actividad, porque "una mina tiene una vida útil finita, pero hay vida tras la mina", remarcó.

"El plan social no es un anexo del proyecto industrial, es una pieza angular del proceso de decisión de la Xunta en todas sus fases. Será determinante: en la valoración de las ofertas, en el otorgamiento de los derechos mineros, en el seguimiento de la ejecución y en la evaluación final. Sin un plan social a la altura, no habrá proyecto", aseveró. "Galicia quiere una minería moderna, sostenible y estratégica para Europa, pero quiere, sobre todo, una minería que se note, para bien, en la vida de la gente", señaló.

"Esa es la garantía que la ley da hoy a los gallegos; esa es la garantía que esta Xunta va a hacer cumplir; y esa es, precisamente, la diferencia entre una política industrial pasiva y una política industrial activa", aseguró, para concluyó: "No puede haber una negativa sistemática que ignore la situación en la que nos encontramos. Renunciar a desarrollar recursos propios implica depender de otros territorios que no necesariamente aplican los mismos estándares ambientales ni sociales. Y eso, es lo que nos permite hablar de un modelo propio, responsable y orientado al interés general".

Otras medidas

El acceso a materias primas críticas, así como la disponibilidad de energía y de suelo industrial son los tres elementos clave de la política industrial del Gobierno gallego, aseguró. En este sentido, en su intervención apuntó que la Xunta ya está trabajando en la elaboración del nuevo Plan Sectorial Eólico; concretamente, en el mapa de aficiones y otro de recurso eólico. Además, volvió a reclamar al Gobierno central que cambie la legislación del sector, que modifique los procesos de desarrollo de la red y que aumente la inversión en Galicia.

También se refirió a la labor de Recursos de Galicia y a la reciente adquisición del parque eólico Mondigo, en los ayuntamientos de Ribadeo, Trabada y Barreiros, que permitirá a los vecinos del entorno reducir en un 80 por ciento su consumo eléctrico. Y, en lo que respecta al suelo industrial, destacó que de aquí a 2030, la Xunta va a actuar sobre cerca de 12 millones de metros cuadrados de superficie en toda Galicia, con una inversión de más de 44 millones de euros.