Madrid, 6 de mayo de 2026

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió hoy en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado la importancia de la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones en cuestiones importantes como la modificación de la normativa estatal de gestión del litoral. Un diálogo y consenso que, lamentó, no existe en el procedimiento iniciado por el Gobierno central para reformar el Reglamento General de Costas, en el que está primando la unilateralidad y deslealtad institucional.

Por este motivo, la representante de la Xunta reiteró la petición de las comunidades autónomas de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico suspenda la modificación del reglamento que está en marcha y convoque de inmediato la Conferencia Sectorial para abrir un proceso de diálogo transparente y leal con el conjunto de agentes implicados e interesados en esta cuestión.

En esta línea, recordó que el diálogo y la participación son principios básicos del Estado autonómico y que el que está haciendo el Gobierno central es silenciar la voz de las regiones a pesar de que manifestaron en varias ocasiones la necesidad de modificar la Lei de costas para adaptarla a la realidad actual, pero por la vía del consenso y la seguridad jurídica.

Ángeles Vázquez denunció en la Cámara Alta el oscurantismo y la falta de información existente en el procedimiento iniciado por el Ministerio y cuestionó la urgencia de reformar el reglamento con el pretexto de evitar una sanción derivada del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea por no tener traspuesta la directiva de servicios al ordenamiento jurídico español.

Un pretexto

La conselleira aseguró que se trata de una mera excusa del Gobierno central para alcanzar sus fines ideológicos pues España tiene abiertos en estos momentos un centenar de procedimientos sancionadores por parte de Bruselas, algunos desde hace más de 20 años, y en ningún se muestra tanta urgencia y prisas como en este caso.

En este sentido, incidió en que no existe ningún deber inmediato que legitime esta reforma acelerada -contraria a derecho y que invade competencias autonómicas- que vulnera los derechos adquiridos por miles de titulares de concesiones en el litoral que obraron confiando en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Ahora, de manera arbitraria ven amenazados esos derechos con una reforma del Reglamento de Costas que pretende limitar las concesiones ya otorgadas (hasta el punto de revocarlas), restringir la posibilidad de dar nuevas concesiones y cambiar tanto las reglas como el propio tablero de juego con la partida ya iniciada.

A estas acciones totalmente arbitrarias y sin diálogo del Gobierno central, Ángeles Vázquez contrapuso la rigurosa gestión de las comunidades con el fin de facilitar la vida del conjunto de la ciudadanía. Como ejemplos, recordó que desde que Galicia gestiona plenamente su costa la Xunta impulsó la creación de un registro público de concesiones -que el Ministerio nunca habilitó-, simplificó y digitalizó la tramitación administrativa -pasando de numerosos documentos en papel a una única solicitud por vía electrónica- y se unificaron criterios para dar seguridad jurídica a los administrados, que antes se enfrentaban la distintos requisitos en función de la provincia a la que pertenecieran.

Todo esto, concluyó, demuestra que las comunidades autónomas están preparadas para gestionar su litoral y que, de hecho, son las que mejor lo hacen cuando no tienen trabas como las que trata de poner nuevamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa.