Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2026

La Xunta vuelve a exigir al Gobierno del Estado que ofrezca garantías jurídicas inmediatas para mantener el programa de auxiliares de conversación en los centros educativos gallegos el próximo curso escolar, cuya continuidad en Galicia está en riesgo en estos momentos debido a la irresponsabilidad y falta de voluntad de dos ministerios de un mismo gobierno, como son el de Educación y el de Trabajo, máxime después de que este último había impuesto multas millonarias a varias comunidades autónomas.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, acaba de enviar una nueva misiva a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, donde insiste, una vez más, en que de manera urgente adopten medidas para dar certezas y garantizar el futuro de esta iniciativa a través de un marco jurídico seguro, transparente y definitivo.

A día de hoy el Ministerio de Educación aun no convocó el programa para el próximo curso, lo que supone ya cuatro meses de retraso sobre la fecha habitual de enero. Esta demora acumulada impide, de facto, que el programa se vaya a poder desarrollar con normalidad el próximo curso. A mayores, se une la incertidumbre jurídica de la convocatoria a la que el Ministerio tampoco ofrece ninguna solución, pese a las reiteradas demandas por parte de la Consellería.

Programa de éxito desde hace 15 años

De no resolverse este escenario de manera inminente y con todas las garantías, el Gobierno del Estado aboca a Galicia a prescindir de este programa estratégico cuyos resultados se reflejan en indicadores como que los alumnos gallegos presentan el mayor nivel de conocimiento de inglés del conjunto de España, según el Informe EF.

El programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación, que es quien marca los requisitos, mientras que el Gobierno gallego cumple con las condiciones marcadas desde el Estado y, además, se hace cargo de la mayor parte del coste del mismo asumiendo el 90% de su financiación. Las personas que participan en este programa no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas, con un seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y mantenimiento que sufraga la propia Xunta (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).