Santiago de Compostela, 12 de mayo de 2026

La Xunta trasladará de inmediato a la Comisión Europea los previsibles impactos que tendrá la reforma del Reglamento General de Costas en Galicia, una comunidad que tanto por la singularidad de su litoral como por el peso que tiene a nivel socioeconómico el sector marítimo-pesquero gallego —el más importante de toda Europa— será de las más perjudicadas por los cambios propuestos de forma unilateral por el Gobierno central en este ámbito.

Así lo destacó esta mañana la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien en una rueda de prensa avanzó que en las próximas horas remitirá a las autoridades comunitarias las alegaciones presentadas por la Xunta al anteproyecto del nuevo reglamento, junto con el estudio de impacto económico elaborado por el grupo de trabajo que se constituyó para analizar la reforma.

Acompañada por la secretaria xeral de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, y por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, la conselleira incidió en la trascendencia de informar a las autoridades comunitarias correctamente y de forma directa sobre la “realidad única” del litoral gallego y las gravísimas consecuencias que supondría para las actividades asentadas en él la entrada en vigor del nuevo reglamento, en los términos actualmente propuestos.

En esta línea, lamentó que el único interlocutor que tuvo la UE en relación con el expediente de infracción que dio pie a esta reforma fue el Gobierno central, que no defendió ante Europa los intereses de las comunidades ni fue capaz de trasladar cuál es la realidad actual de las regiones costeras afectadas.

“Lo que queremos es que la Comisión Europea disponga de la información necesaria para comprender la especificidad del litoral gallego y para evitar que, intentando resolver un problema jurídico, se acabe generando un problema económico, competencial y social mucho mayor”, resumió la conselleira, que insistió en la necesidad de trasladarle a Bruselas que Galicia quiere una solución pero que sea “legal, segura y que respete a las instituciones públicas y a los ciudadanos”.

Por el contrario, consideró que la reforma reglamentaria que promueve el Ejecutivo central poniendo “como excusa” a la Comisión Europea no resuelve nada porque trata de introducir cambios que afectan a una ley a través de un reglamento que, además, nace con un serio riesgo de anulación por todos los motivos expuestos por la Xunta en sus alegaciones.

De hecho, la responsable autonómica señaló que el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico admite que esta reforma no resolverá los problemas jurídicos detectados por Bruselas y será necesario abordar posteriormente las modificaciones legislativas que se reclaman en el dictamen motivado de la Comisión Europea a través de una reforma de la Ley de costas estatal.

Tras recordar que la Xunta se opuso desde el primer momento a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de modificar el Reglamento de Costas, tanto por la forma como por el fondo, Ángeles Vázquez explicó que en el marco del procedimiento de información pública al que se sometió el anteproyecto, el Gobierno gallego alegó que la reforma no resolverá los problemas detectados por Bruselas, ya que, entre otras razones, es contraria a derecho, invade competencias exclusivas de las comunidades y generará un escenario de grave inseguridad jurídica al entrar en contradicciones directas con la propia norma estatal de rango superior.

A modo de ejemplo, indicó que el nuevo reglamento prevé la anulación de prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, la denegación de otras solicitadas y la aplicación, con carácter general, de un régimen más restrictivo para las nuevas concesiones, al tiempo que se pretende eliminar la figura de las prórrogas extraordinarias recogida en la Ley de costas.

La pretensión del Gobierno central, tal y como explicó, es limitar la presencia humana en el litoral, lo que compromete el futuro de instalaciones clave para la economía gallega como astilleros, conserveras o establecimientos de hostelería, ya que las empresas y personas que ejercen actualmente algún tipo de actividad económica en la franja costera verán peligrar las inversiones realizadas en base a un escenario que puede cambiar por el carácter retroactivo de muchas de las medidas incluidas en el anteproyecto.

Además, la conselleira advirtió de que esta inseguridad jurídica afectará también a las propias administraciones encargadas de aplicar el reglamento y tomar decisiones en el marco de sus competencias, por lo que advirtió del riesgo de que se dispare la litigiosidad en la costa en defensa de los intereses de los afectados, que durante años actuaron confiando en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima pero que ahora podrían ver vulnerados los derechos adquiridos como titulares de concesiones en la costa.

Realidad única en España

Para explicar la inquietud de la Xunta ante las consecuencias en el caso de Galicia, la responsable autonómica recordó que tiene el litoral más extenso de todo el país —con 2.555 km— y en él se concentra más de la mitad de la población —cerca de 1,5 millones de habitantes—, unas cifras que sumadas a su relación histórica, económica y social con el mar hacen que la realidad costera de la Comunidad sea única en todo el país.

De hecho, Ángeles Vázquez recordó el peso que tienen las empresas ligadas a la cadena mar-industria en Galicia, que representan el 5% del PIB gallego y dan empleo a más de 25.000 personas, además de tener un valor de producción de unos 9.000 millones de euros.

Por este motivo, reconoció la especial preocupación del Ejecutivo gallego por el impacto que tendría para este sector y, particularmente, para la acuicultura (que suma 2.500 empresas y casi 4.500 trabajadores en Galicia) la aprobación del nuevo Reglamento de Costas en los términos actualmente propuestos.

Así, además de las consecuencias derivadas del escenario de inseguridad jurídica ya señalado, explicó que la decisión del Gobierno central de aplicar la Directiva de servicios comunitaria a todas las actividades y sectores productivos asentados en el litoral, sin hacer distinciones, supondría en la práctica equiparar bateas y otras instalaciones acuícolas con los llamados chiringuitos de playa cuando son actividades totalmente distintas y con sus propias singularidades, algo que, señaló, “carece de sentido”.