La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, participó hoy en Madrid en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana
Allegue: "el Plan Estatal de Vivienda llega tarde, sin consenso con las comunidades autónomas y con financiación insuficiente"
"Galicia no está de acuerdo con este plan, pero tenemos que aceptarlo porque no podemos detraer fondos que son necesarios para las comunidades autónomas", señaló la conselleira
Recordó que el Plan tenía que estar operativo el 1 de enero y la demora impide a las autonomías la convocatoria de ayudas fundamentales como las dirigidas a comunidades de propietarios, de alquiler o destinadas a promotores
Recordó que el Plan impone a las comunidades una cofinanciación obligatoria del 40% y mientras Galicia tiene que quintuplicar la aportación, el Estado solo la duplica
Criticó la financiación insuficiente, pues "para construcción de vivienda protegida, las ayudas solo alcanzan para alrededor de 600 viviendas al año, lo que resulta irrisorio"
La conselleira reclamó también en la Conferencia que se aplique un IVA superreducido, del 4%, para la adquisición de vivienda protegida
Madrid, 21 de mayo de 2026
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, lamentó hoy que el Plan Estatal de Vivienda “llega tarde, sin consenso con las comunidades autónomas y con financiación insuficiente”. Tras participar, junto con el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en Madrid, Allegue subrayó que “Galicia no está de acuerdo con este plan, pero tenemos que aceptarlo porque no podemos detraer fondos que son necesarios para las comunidades autónomas y que se destinen a la ciudadanía”.
Durante su intervención en la Conferencia, la conselleira puso de manifiesto el retraso del plan, que tenía que estar operativo el 1 de enero, como había comprometido la ministra de Vivienda. Y criticó que esta demora retrasa la convocatoria por parte de las comunidades autónomas de líneas de ayudas fundamentales, como son las destinadas a las comunidades de propietarios, alquiler o promotores.
Explicó que el Gobierno aún tiene que aprobar el Plan en el Consejo de Ministros, publicarlo en el BOE y conveniar con las diferentes autonomías para luego transferir fondos y que las comunidades puedan realizar las convocatorias. En este sentido, indicó que se trata “de un año perdido que, en la situación actual de demanda de vivienda, es una irresponsabilidad por parte del Gobierno central”.
Financiación
Asimismo, calificó este plan de “infrafinanciado” e “insuficiente”. En este sentido, señaló que el Plan impone a las comunidades una cofinanciación obligatoria del 40% y mientras Galicia tiene que quintuplicar la aportación, el Estado solo la duplica.
Como ejemplo de esta insuficiencia económica, Allegue cuestionó que para la construcción de vivienda protegida, “las ayudas solo alcanzarán para alrededor de 600 viviendas al año, lo que resulta irrisorio”. Asimismo, en el ámbito de la rehabilitación, la conselleira señaló que dará para 800 viviendas al año, “y teniendo en cuenta la demanda que hay por parte de comunidades de propietarios, es una tomadura de pelo”.
IVA superreducido
La conselleira reclamó también en la Conferencia que se aplique un IVA superreducido, del 4%, para la adquisición de la vivienda protegida.
En cuanto al desarrollo de suelo residencial, cuestionó también que Galicia solo podrá recibir 9M€ en los cuatro años que dura el plan, cuando la Xunta, en su Estrategia de Desarrollo de Suelo, destina a este ámbito un total de 300M€.
“Plan rígido”
Lamentó también que el plan no recoge muchas de las demandas que sugirió la Xunta “y sigue siendo totalmente rígido, que impone a las comunidades requisitos, porcentajes, e incluso cómo tenemos que contratar”. Apunta que cada comunidad tiene sus particularidades y debería diseñar sus órdenes de ayudas en lugar de desarrollar las predeterminadas por el Ministerio de Vivienda. Esta situación supone, según Allegue, “una falta absoluta de confianza en las comunidades”.
Añadió en este sentido que el plan establece que, de manera obligatoria, para poder recibir ayudas a la promoción de vivienda, estas tienen que tener calificación permanente, “lo que supone una injerencia en las competencias de las comunidades, ya que el propio Tribunal Constitucional estableció que son las comunidades las que tienen que establecer, si quieren, calificación permanente o no”.