Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2026

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, censuró esta mañana la pasividad de la ministra de Sanidad ante las huelgas médicas contra el Estatuto Marco que promueve el Gobierno central, que en Galicia ya supusieron la suspensión de 237.641 actos médicos desde diciembre.

El titular de la cartera sanitaria de la Xunta participó esta mañana, de manera telemática, en la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Gómez Caamaño lamentó que en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no estuviese como punto del orden del día el principal problema que tiene ahora mismo el sistema nacional de salud, que son los paros médicos contra el Estatuto Marco.

Trasladó, a este respecto, que la falta de interés del Ministerio de Sanidad por atender las peticiones del personal médico está motivando nuevos paros que perjudican a los pacientes. Solo en lo que va de semana en Galicia tuvieron que suspenderse 725 cirugías, 20.199 consultas hospitalarias, 4.964 consultas de atención primaria y 2.252 pruebas diagnósticas.

Acuerdos en Galicia

El Servizo Galego de Saúde alcanzó, este mismo mes, un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones del personal médico de Galicia que supone el aumento progresivo del importe de las horas de guardia hasta equipararla a la hora ordinaria, subidas retributivas para el personal MIR, el avance hacia la voluntariedad de las guardias o descansos del personal tras la guardia del viernes.

Por el contrario, la ministra de Sanidad mantiene una actitud intransigente y pasiva ante la reivindicación del personal facultativo de un marco regulatorio propio y de una mesa de negociación vinculante para los médicos, peticiones que Gómez Caamaño insistió en que Galicia apoya, como así se puso de manifiesto en numerosas ocasiones, y como también así se aprobó en la Cámara gallega.

El conselleiro de Sanidade mostró su enfado ante la falta de diálogo de la ministra, que se replica con otras decisiones que afectan directamente a la gestión sanitaria que realizan las comunidades autónomas.

Es el caso de la reciente modificación del copago farmacéutico, en la que las comunidades venían trabajando y que el Ministerio de Sanidad aprobó de repente y sin consenso.

Este cambio, aplicado sin presupuesto y sin criterios definidos, provoca perjuicios en la gestión de la financiación de las recetas que realizan los sistemas sanitarios autonómicos y las farmacias.

Tal y como explicó Gómez Caamaño, en este momento, las comunidades autónomas no pueden aplicar un Real Decreto-ley que ya está en vigor desde hace días porque están pendientes de que el Gobierno central aporte toda la documentación requerida y haga las aclaraciones reclamadas por las comunidades para su correcta aplicación.