Santiago de Compostela, 10 de junio de 2026

El director general de Justicia, José Tronchoni, abordó hoy en el Parlamento los retos que está suponiendo en Galicia la implantación de la nueva Ley de eficiencia judicial. En su intervención, destacó que el Gobierno gallego llevó a cabo la reforma nos 45 partidos judiciales cumpliendo los plazos establecidos y garantizando la continuidad del servicio, a pesar de alas dificultades derivadas de la celeridad de la medida y de la falta de recursos acercados desde el Gobierno central.

José Tronchoni destacó que la reforma supone una transformación estructural sin precedentes en la organización de la Administración de Justicia, al sustituir el modelo tradicional de los juzgados unipersonales por los nuevos tribunales de instancia y apostar por un nuevo modelo de gestión con la creación de las Oficinas de Justicia del Municipio, llamadas a ampliar servicios y acercar la Administración a la ciudadanía, especialmente en el rural.

El director general de Justicia subrayó que Galicia completó la implantación del nuevo modelo en todos los partidos judiciales dentro de los plazos previstos y garantizando que el servicio se continuara prestando sin apenas incidencias. Para hacerlo posible, la Xunta asumió un importante esfuerzo organizativo y tecnológico que incluyó la reorganización de más de 3.000 funcionarios y la adaptación de las infraestructuras y de las aplicaciones necesarias para el nuevo modelo. Este proceso supuso para el Gobierno gallego un coste adicional superior a los 10 millones de euros durante los dos primeros años.

Al respecto, Tronchoni criticó que el Ejecutivo central impulsara una reforma de esta magnitud sin consenso suficiente con las comunidades autónomas ni con los operadores jurídicos y sin aportar los recursos necesarios para su ejecución. Según indicó, la Xunta tuvo que asumir prácticamente en solitario el coste de la implantación, mientras que el Ministerio de Justicia apenas contribuyó con fondos destinados a actuaciones tecnológicas.

Tronchoni también cuestionó los plazos impuestos por el Estado para ejecutar la reforma y denunció incidencias derivadas de la falta de planificación del ministerio, como retrasos normativos, problemas en las aplicaciones informáticas estatales y dificultades en la puesta en marcha de algunos servicios. A pesar de eso, destacó que Galicia llegó a la entrada en vigor de la nueva oficina judicial con todos los servicios esenciales plenamente operativos.

Balance de funcionamiento positivo

En cuanto a los resultados, señaló que los indicadores de actividad judicial muestran una adaptación positiva al nuevo sistema. Los datos de los primeros meses de funcionamiento reflejan una mínima reducción de la actividad respecto al año anterior y una evolución más favorable que la inscrita en otras comunidades autónomas, manteniendo la normalidad en la celebración de juicios, en la atención a la ciudadanía y en el funcionamiento de los nuevos servicios comunes.

Por último, el director general aseguró que la Xunta continuará trabajando para consolidar la reforma, corregir las incidencias detectadas e impulsar el desarrollo de las Oficinas de Justicia del Municipio. En este punto, recordó que la modernización de la Administración de Justicia requiere de un mayor compromiso del Gobierno central, tanto en financiación como en dotación de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia para garantizar una mejora real de la eficiencia y de los tiempos de resolución.