Madrid, 15 de junio de 2026

La directora general de Movilidad, Judit Fontela, participó hoy en la reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde lamentó el retraso acumulado por el Gobierno central en la elaboración del Plan social para el clima y la falta de diálogo, que sitúa a las comunidades autónomas en una posición subordinada en todas las actuaciones estatales de fomento de la movilidad sostenible. Fontela reiteró la demanda de que las comunidades participen activamente en la toma de decisiones a nivel estatal en los ámbitos con competencias autonómicas como el transporte.

Uno de los temas principales de la reunión fue el Plan social para el clima, que debe recoger las propuestas españolas para optar a la financiación del Fondo social por el clima de la Unión Europea para el período 2026-2032, y cuya presentación por parte del Gobierno central lleva un año de retraso. Además, continúa pendiente la transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico nacional, manteniendo abierto el procedimiento de infracción de la Comisión Europea e introduciendo incertidumbre sobre el marco jurídico nacional vinculado al sistema de comercio de emisiones para sectores como el del transporte (ETS2).

Judit Fontela incidió en que la Xunta denunció en reiteradas ocasiones la inacción del Ejecutivo central en la planificación de las medidas e inversiones al amparo del Fondo social por el clima. Así, recordó que, ante la falta de avances y la opacidad en relación con estos fondos, ya en mayo de 2025, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático remitió formalmente a la Comisión Europea una propuesta con más de 60 actuaciones en la comunidad. En ellas, entre los proyectos relacionados con la movilidad destaca la creación de un sistema de transporte rural a demanda, integrando transporte regular, discrecional y adaptado en una plataforma única, la mejora de paradas, el impulso de la movilidad activa y compartida, y la renovación de vehículos con menores emisiones.

Abono único y bonificaciones

Por otra parte, la directora general se refirió al abono único social para el transporte integrado en el proyecto estatal del Plan social para el clima, al que el Gobierno central destina una de las mayores partidas de la financiación mientras continúa sin abordar con las autonomías el abono único que diseñó de espaldas a ellas. En las alegaciones presentadas a esta medida en abril, la Xunta puso de manifiesto la necesidad de garantizar el respeto del reparto competencial, la sostenibilidad financiera y que se tengan en cuenta los aspectos técnicos y de interoperabilidad, así como la adaptación a las singularidades de cada territorio. En esta línea, Judit Fontela exigió corregir los problemas del diseño del abono único de transportes como garantía antes de su ampliación.

En la comisión de directores también se abordó el retraso en el pago por parte del Gobierno central de las ayudas a las comunidades autónomas por los descuentos adicionales en los precios del transporte público. La directora general señaló que la Xunta está adelantando los fondos para asegurar el funcionamiento del descuento, a pesar de la incertidumbre. Pese a los compromisos del Ministerio de adelantar los importes concedidos para los descuentos en 2025, el Gobierno gallego asumió con fondos propios su aplicación y no recibió los pagos correspondientes a cada semestre hasta estar finalizados. Denunció también que este año la situación es más preocupante, al desconocer cuál es el importe concedido y cuándo se hará el pago de la ayuda por parte del Gobierno central.

Convocatoria de la Conferencia Sectorial

Además, el Ministerio expuso en la reunión una futura propuesta de reglamento interno de organización y funcionamiento de la propia Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre. Judit Fontela calificó de sorprendente que se aborde este reglamento cuando la Conferencia Sectorial de Transportes, el órgano competente para abordar al máximo nivel las medidas que afectan a la movilidad estatal y autonómica, lleva más de cuatro años sin convocarse. En esta línea, reiteró la demanda de la Xunta de que se desbloquee y convoque de forma inmediata la Conferencia Sectorial de Transportes.

Para la directora general, el Ministerio limita la participación efectiva de las comunidades autónomas en la toma de decisiones y en los mecanismos de gobernanza en el ámbito de la movilidad. Así, puso como ejemplo reciente la tramitación para la creación del Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, donde la composición de los órganos colegiados deja a las comunidades sin capacidad de incidir en la adopción de acuerdos, a pesar de que sus funciones se refieren a competencias autonómicas.