Santiago de Compostela, 16 de junio de 2026

Galicia y otras siete comunidades litorales -Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidade Valenciana, Andalucía, Illas Baleares y Canarias- acordaron dirigirse en una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando la paralización cautelar de la reforma del Regulamento Xeral de Costas hasta que se reúna la Conferencia Sectorial.

Según dijo la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, durante su participación en Barcelona en una reunión de comunidades costeras, el objetivo es abrir un proceso de diálogo transparente y leal sobre la reforma que puso en marcha de manera unilateral el Gobierno central.

En ese sentido, las comunidades indican que no existe ninguna obligación inmediata que legitime esta reforma acelerada y que, además de ser contraria a derecho e invadir competencias autonómicas, supondría una grave vulneración de los derechos adquiridos por miles de titulares de concesiones en el litoral que obraron confiando en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Ahora, de manera arbitraria ven amenazados esos derechos con una reforma del Regulamento de Costas que pretende limitar las concesiones ya otorgadas (hasta el punto de revocarlas), restringir la posibilidad de dar nuevas concesiones y cambiar tanto las reglas como el propio tablero de juego con la partida ya iniciada.

Por el contrario, reivindicó que las comunidades hacen una gestión rigurosa con el fin de facilitar la vida del conjunto de la ciudadanía. De hecho, desde que Galicia gestiona plenamente su costa, la Xunta impulsó la creación de un registro público de concesiones -que el Ministerio nunca habilitó-, simplificó y digitalizó la tramitación administrativa -pasando de numerosos documentos en papel a una única solicitud por vía electrónica- y se unificaron criterios para dar seguridad jurídica a los administrados, que antes se enfrentaban a distintos requisitos en función de la provincia a la que perteneciesen.

De este modo, la Xunta insiste en la importancia de desarrollar un modelo de cogobernanza real en el que las comunidades participen activamente en la definición de los criterios técnicos de los deslindes, en la planificación de la adaptación climática y en la gestión del dominio público marítimo-terrestre. Además, subraya que es fundamental que la nueva normativa incorpore la triple perspectiva ambiental, social y económica, tal y como hace precisamente la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

En esa línea, la directora xeral puso la ley gallega como ejemplo de transparencia, participación y cooperación entre administraciones, y la señaló como modelo de lo que debería ser la regulación estatal de esta materia.