Santiago de Compostela, 14 de julio de 2026

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución de la línea competitiva Fondo de Compensación Ambiental (FCA), destinado a apoyar a los ayuntamientos en la mejora del medio natural. En concreto, de los 3 millones destinados a la financiación de esta línea resultaron beneficiarias más de un centenar de entidades locales de toda la comunidad, de las que más de una docena fueron promovidas por mancomunidades y consorcios, 16 por agrupaciones de ayuntamientos y 80 proyectos presentados por municipios de forma individual.

Entre las acciones subvencionables se incluyen actuaciones orientadas a la conservación de la biodiversidad, al conocimiento y utilización recreativa y didáctica de los recursos naturales o a la recuperación del medio natural degradado o contaminado. También se apoyan iniciativas de impulso de la eficiencia y de utilización sostenible de las energías renovables y otros proyectos de protección del ambiente y del espacio natural. Además, las ayudas cubren también los gastos del personal vinculado a la ejecución de las acciones subvencionables.

Junto con esta línea en concurrencia competitiva, inicialmente dotada con 1,9 millones de euros y ampliada hasta algo más de los 3 millones , el Fondo de Compensación Ambiental incluye otra en concurrencia no competitiva dotada con 6 millones de euros dirigida a los ayuntamientos en los que haya parques eólicos y líneas de evacuación. A estas cuantías se suman 3,5 millones de euros destinados a actuaciones específicas de protección del medio, entre las que figuran la prevención, extinción y gestión de situaciones de siniestro o de riesgo. Por lo tanto, la dotación inicial del Fondo de Compensación Ambiental para este ejercicio se incrementó este año hasta los 11,4 millones de euros, frente a los 11,2 de anteriores convocatorias.

El FCA fue creado para distribuir el canon eólico en beneficio de la conservación y restauración del entorno, así como del reequilibrio territorial. Las acciones subvencionables incluyen las inversiones y costes de funcionamiento de los servicios municipales dedicados a la protección del medio.