Santiago de Compostela, 30 de julio de 2026

La Xunta y las tres universidades públicas gallegas cerraron hoy el acuerdo para reformar la estructura de organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El objetivo, tal y como destacó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, “es procurar la mayor coordinación para garantizar que las pruebas sean adecuadas al nivel y contenidos del currículo de Bachillerato y que se corrijan con criterios que reflejen la buena preparación del alumnado gallego”.

“Es un diseño que va a dar más seguridad al alumnado, va a generar más igualdad, va a posibilitar una mayor implicación del profesorado de Secundaria y va a delimitar las funciones, las responsabilidades y las características de todas las personas que participan en este proceso”, explicó el conselleiro. “En definitiva, va a ser un nuevo modelo, más seguro, más coherente, más igualitario y que haga posible evitar cualquier tipo de controversia o problema”, añadió.

El titular del departamento educativo de la Xunta hizo hincapié también en la necesidad de ofrecer al estudiantado y a las familias las mayores garantías y certezas, aprovechando la oportunidad para mejorar el sistema. “Se detectó una debilidad, se consensuó y se actuó para dar una solución a un marco que, funcionando bien, siempre tenía un margen de mejora, que es lo que estamos logrando con esta nueva PAU”, dijo.

Tras su paso por el Consello da Xunta de esta propuesta de nueva orden reguladora, y después de varias reuniones de trabajo para definir detalles, las universidades dieron hoy su visto bueno al texto, que ahora continúa el proceso interno de tramitación administrativa. En este sentido, el conselleiro agradeció la disposición de los tres equipos rectorales a trabajar para dar respuesta, junto con la Xunta, a la demanda de alumnos y familias de mejorar el sistema de acceso a la Universidad.

Asimismo, Román Rodríguez recordó que Galicia lleva años trabajando en favor de una Prueba de Acceso a la Universidad “más homogénea, con un marco regulador claro y justo para el alumnado gallego, para favorecer la igualdad de oportunidades de los gallegos con respecto al resto de los estudiantes del Estado”, explicó.

Por su parte, las rectoras de la USC y de la UVigo y el rector de la UDC mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre la Consellería y las universidades y que, destacan, permite adecuar el sistema a la legislación y reforzarlo.

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, manifestó su satisfacción por los resultados del encuentro, destacando “el trabajo conjunto de las tres universidades gallegas con el objetivo de realizar aportaciones que mejorasen el texto inicial. Entre estas aportaciones, estaba la inclusión de aspectos que afectan no solo al acceso, sino también a la admisión, un ámbito clave dentro de este campo”.

Cao subrayó que “nuestras aportaciones sitúan a la Comisión Interuniversitaria de Galicia en un papel central, como viene teniendo y como creemos que debe seguir teniendo en el futuro. Nos alegramos de que fruto del diálogo y la colaboración con la Xunta pueda resultar una orden más adecuada, que tenga en cuenta los importantes cambios normativos de los últimos años y, sobre todo, haciendo que continuemos llevando a cabo un acceso y admisión a la universidad con unos altos estándares, algo que nos distingue en los últimos años”.

Por su parte, la rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, mostró su satisfacción por llegar a un acuerdo que asegura “un sistema más robusto”. Como puntos importantes, destaca la participación “muy activa” de las universidades a través de la CiUG y del Tribunal Único, que la orden regule no solo el acceso sino también el proceso de admisión y que toda la estructura organizadora de la PAU quede regulada y recogida, “lo que supone un sistema con muchas más garantías para todas las partes”.

Considera Crujeiras que “esta nueva propuesta refuerza un sistema que ha demostrado su buen funcionamiento y su solvencia durante muchos años, pero era necesario someterlo a una actualización que recoja mejoras ya puestas en marcha y otras nuevas”. Además, para la rectora de la USC, es también importante “la necesaria corresponsabilidad que debe existir entre las universidades públicas y la Administración” tanto en la organización de las pruebas como en el proceso de admisión.

Mientras, para la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, esta nueva orden es un ejemplo más del trabajo conjunto entre la Consellería y las universidades. “El sistema que lleva funcionando tantísimos años lo hace aceptablemente bien, pero es susceptible de mejora y, además, es necesario adecuarlo a la nueva legislación. Con lo cual, lo que hacemos es ajustarnos a la legislación estatal y aprovechar esta necesidad para mejorar la realización de las pruebas”.

García Mateo destaca, “por una parte, las dos comisiones: la Comisión Organizadora y la Comisión Técnica, con funciones muy claras en uno y otro caso, que dan una mayor garantía de coordinación entre la Consellería y las universidades. Y, por otro lado, se alcanza un buen equilibrio entre garantizar que los exámenes cuentan con una custodia de altas garantías y que, por otra parte, no tengan errores”. Considera la rectora de la UVigo que “de las lecciones aprendidas en estos años, esta norma que sale ahora con consenso, de la Consellería y de las tres universidades públicas, es una norma mejor”.

Criterios coordinados y supervisión

La nueva orden incluye tanto el proceso de acceso, relativo a la prueba, como el de admisión, adaptando la normativa gallega al Real Decreto 534/2024 por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Los principales cambios afectan a la estructura organizativa de la PAU puesto que, tal y como ya se avanzó, se crea una nueva estructura de coordinación institucional que se configura a través de una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica, como principales figuras novedosas.

La Comisión Organizadora estará conformada por tres representantes de la Consellería, otras tres delegadas de las universidades públicas (una por cada una de ellas) y una secretaría externa a la comisión. Este órgano se ocupará de las directrices generales de los exámenes, como los criterios para la redacción de la prueba —contenidos adecuados, nivel de dificultad...— y para su evaluación. Asimismo, definirá los criterios para la elaboración de las guías de calificación de cada examen.

Entre otras acciones, que se desarrollarán más adelante en unas instrucciones específicas, elaborará bancos de materiales que faciliten la elaboración de modelos de examen y establecerá mecanismos de supervisión por pares entre los propios docentes que redactan las preguntas para que sea más sencillo detectar cualquier error o incoherencia antes de que lleguen a las mesas de los alumnos el día de la prueba.

Con la nueva composición se garantiza la corresponsabilidad y representación de todas las partes implicadas en estas tareas de coordinación y diseño general, que hasta el momento recaían solo en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG). Esto permite, además, simplificar la estructura de la CiUG, que pasa a estar compuesta por los tres delegados de las universidades y por el Tribunal Único, que es el órgano de la Comisión Interuniversitaria de Galicia que se encarga de la parte operativa de la PAU; todos ellos con representación bien en la Comisión Organizadora o bien en la Técnica.

Desarrollo operativo

Por su parte, la Comisión Técnica será la responsable de las tareas logísticas y operativas de la PAU en cuestiones como los horarios y lugares de realización, medidas de seguridad en la elaboración, selección y custodia de las pruebas o adaptación a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. Estará conformada por dos personas de reconocida experiencia en la docencia y gestión de pruebas de acceso a propuesta de la Xunta y por las personas que ocupen la presidencia y la secretaría del Tribunal Único, órgano de la CIUG que, por tanto y como hasta ahora, seguirá desempeñando las funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas.

Entre otras funciones de la Comisión Técnica, publicará los modelos de examen de cada materia y los criterios generales de evaluación y resolverá las reclamaciones relativas a cuestiones de naturaleza distinta a las calificaciones. Asimismo, la Comisión Técnica propondrá a la Comisión Organizadora los miembros de los grupos de trabajo —que redactan los exámenes—, de las comisiones delegadas —que los realizan en cada una de las sedes— y de los tribunales calificadores —que los corrigen— para su visto bueno.

Modelos de examen y guías de calificación

En el nivel directo de redacción, aplicación y corrección de las pruebas, la principal novedad es el cambio de composición de los grupos de trabajo, que estarán constituidos por un máximo de dos docentes de las universidades públicas y otro máximo de cuatro del sistema de enseñanza pública con docencia en la materia o del cuerpo de inspección. De este modo se incrementa el peso de la participación del profesorado de Bachillerato, que cuenta con una experiencia más directa y conocimiento del currículo de Bachillerato.

Cada uno de los grupos estará dirigido, preferentemente, por uno de los citados docentes universitarios. La persona que ocupe la dirección será responsable de la elaboración de las propuestas de examen según los criterios y directrices marcadas por la Comisión Organizadora, así como de sus respectivas guías de calificación. Coordinará también la colaboración de todas las personas integrantes del mismo y que funcionen adecuadamente los mecanismos de supervisión y revisión de las preguntas.

Admisión

El proceso de admisión continuará, como hasta el momento, siendo gestionado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia. Esto abarca todo lo relativo a la solicitud de ingreso en las diferentes titulaciones, la oferta de plazas o la asignación de las mismas, entre otros aspectos.