Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2026

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó hoy de que el Consello acordó solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre a Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia para abrir una negociación sobre la Ley Orgánica 3/2026, de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9. "Para clarificar y resolver las diferentes que existen entre Galicia y el Estado sobre esta ley", indicó.

La decisión se fundamenta en el informe jurídico evaluado hoy en el encuentro, que concluye que la redacción finalmente aprobada de la norma incorpora "modificaciones sustanciales respecto de la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia" y que presenta dudas de constitucionalidad, ya que no transfiere por sí misma las competencias, sino que deja su atribución efectiva a un posterior acuerdo de la Comisión Mixta.

La Xunta considera que, aunque la ley mantiene formalmente la transferencia de la autopista, traslada a una futura Comisión Mixta de Transferencias la definición de cuestiones esenciales, especialmente las relativas al alcance de las competencias y los deberes económicos que deberá asumir el Estado.

Según recoge el informe, una ley orgánica de transferencia debe determinar directamente el contenido esencial del traspaso, mientras que la Comisión Mixta debe limitarse a ejecutar ese mandato legal mediante el traspaso de medios personales, materiales y presupuestarios y la fijación de la fecha de efectividad.

"La Comisión Bilateral tiene que ser anterior a cualquier otro paso, incluyendo la Comisión Mixta de Transferencias", indicó el presidente.

Asimismo, explicó que el Gobierno gallego advierte de que la nueva redacción introduce incertidumbre financiera al supeditar determinados deberes económicos del Estado a los límites económicos existentes en el momento en que se alcance el acuerdo de la Comisión Mixta, una expresión que no figuraba en el texto aprobado por el Parlamento de Galicia.

El informe también destaca que desaparece la garantía expresa por la que el Estado asumía íntegramente las consecuencias económicas derivadas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, previsión que sí recogía la iniciativa impulsada desde Galicia.

Por todo esto, la Xunta solicita la apertura de una negociación en el seno de la Comisión Bilateral con el objetivo de alcanzar una transferencia completa, jurídicamente segura y financieramente suficiente.

Hace falta recordar que Galicia siempre defendió que la AP-9 debe transferirse libre de cargas, asumiendo el Estado los costes derivados de decisiones adoptadas durante el período en que ejerció la titularidad y garantizando los recursos necesarios para la gestión futura. "El traspaso no puede ser a cualquier precio, tiene que ser en condiciones justas. Los contribuyentes gallegos no tienen que pagar por decisiones que no se adoptaron aquí", indicó.