Santiago de Compostela, 8 de septiembre de 2026

La Xunta acaba de publicar en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación de la contratación de la defensa jurídica para reclamar una indemnización por daños y perjuicios al Servizo Galego de Saúde causados por el cártel de los absorbentes.

En el año 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones por importe de 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de estos absorbentes, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y a dos personas físicas por su participación en prácticas restrictivas de la competencia.

Tal y como quedó acreditado en la resolución sancionadora, las empresas del cártel acordaron un precio de los absorbentes para adultos financiados para los pacientes que resultó ser el doble del precio logrado mediante las licitaciones públicas de las distintas comunidades autónomas.

La gravedad de las conductas sancionadas y la importante cuantía del sobreprecio pagado hacen necesario que el Servizo Galego de Saúde reclame los daños y perjuicios causados por las empresas participantes en el cártel.

Con carácter previo a la contratación de este servicio jurídico, el Servizo Galego de Saúde efectuó un análisis de la información disponible mediante el que se concluyó que el gasto mínimo acreditado e identificable con las empresas del cártel, entre 2004 y 2014, ascendió a un total de 140,8 millones de euros.

Para el período anterior, desde 1996, se dispone actualmente de una estimación de aproximadamente 153 millones de euros de gasto con el conjunto de los integrantes del cártel, sin disponer de una desagregación por empresas para dicho período. Esta estimación de gasto deberá concretarse y determinarse mediante la prueba pericial que forma parte del objeto de esta contratación.

Además, el Servizo Galego de Saúde encargó un estudio preliminar a la Universidade de Santiago para efectuar una estimación del daño en función de la información y los datos actualmente disponibles. El estudio concluyó con el establecimiento de diversos escenarios o hipótesis con estimaciones graduadas del daño potencial a la sanidad pública, con el objetivo de fijar el valor estimado de la contratación.

Será la prueba pericial incluida en esta contratación la que permitirá analizar y completar la información disponible para delimitar la extensión temporal del daño y determinar el importe exacto de la reclamación, de manera coordinada con la estrategia procesal de defensa jurídica.

Así pues, el servicio de defensa jurídica, junto con la pericial, permitirán establecer el gasto demostrable y el consiguiente menoscabo sufrido por la sanidad pública, fijando la cuantía final de la reclamación.

Así, en esta contratación se incluyen todas las fases del proceso, tanto por vía extrajudicial como judicial, como son la preparación de la prueba, la redacción y presentación de escritos procesales o los recursos que pueda ser preciso presentar.

Las empresas interesadas en este procedimiento tienen hasta el 8 de octubre para presentar sus ofertas.