Santiago de Compostela, 14 de septiembre de 2026

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó hoy de que la Administración gallega va a exigir al Gobierno central “que retire su propuesta” de modificar los criterios para establecer los deslindes en la costa, es decir, delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

El Gobierno autonómico advierte de la “inseguridad jurídica”, la falta de rigor técnico y la afectación al derecho a la propiedad privada de estas modificaciones, teniendo en cuenta además que, según las estimaciones realizadas por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, podrían llegar “a poner en riesgo más de 2.500 edificaciones costeras” en Galicia.

Precisamente, el Consello tomó razón esta mañana de las alegaciones —que se van a presentar esta semana— en el marco de la fase de información pública del Real Decreto por el que se adoptan medidas para la gestión de los riesgos de inundación que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico empezó a tramitar el pasado mes de julio y en el que se introducen estos cambios en los criterios técnicos de deslinde.

La modificación propuesta introduce cambios sustanciales en la gestión del litoral y, más concretamente, altera de forma sustancial un criterio técnico muy relevante del actual Reglamento General de Costas. En este sentido, tal y como señaló el presidente, mientras que hasta el momento se exigía que el mar alcanzase una determinada cota de manera recurrente —“cinco ocasiones en un período de cinco años como mínimo”— para fijar la línea de deslinde del DPMT, ahora este criterio se sustituiría tomando como referencia únicamente la máxima ola registrada en un momento concreto y desde un período temporal indefinido y abierto.

Tal y como alega la Xunta, con esta propuesta el Ministerio recupera la misma modificación que ya había intentado introducir en el año 2022 y que fue declarada nula por el propio Tribunal Supremo. Además, en esta ocasión lo hace a través de un real decreto que regula una materia diferente, en lugar de aprovechar la reforma del Reglamento General de Costas que está tramitando en paralelo.

Más en detalle, la argumentación del Gobierno gallego defiende que la sustitución de un criterio técnico basado en el tiempo y en la frecuencia de los temporales por un criterio absoluto basado en el valor máximo de una serie histórica de datos supondría, en la práctica, que una única ola excepcional fuese suficiente para determinar una delimitación. De este modo, el nuevo criterio propuesto se fundamentaría en un acontecimiento aislado y puntual que no necesariamente refleja la situación real y que, además, es de cuestionable objetividad dadas las características de la distribución estadística de las olas y las dificultades asociadas al cálculo de este parámetro.

Para ejemplificar la trascendencia y el impacto de un cambio de estas características en el litoral gallego, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hizo un análisis comparativo del actual DPMT en Galicia teniendo en cuenta el cambio propuesto. El estudio estima que esta superficie se incrementaría en 6,53 km2 hasta llegar, según indicó Rueda, “a un total de más de 156 km2 —el equivalente a más de cuatro veces el término municipal de la ciudad de A Coruña—” y que en ella se contabilizan 2.511 edificaciones preexistentes que serían incluidas en la zona marítimo-terrestre y, por lo tanto, pasarían a estar catalogadas como bienes de dominio público. Entre ellas, explicó el presidente, hay “depuradoras, pabellones o industrias” que, en el caso de estar en terrenos públicos, podrían ser expropiadas “sin tener que realizar desembolsos económicos”.

Se trata de un cambio normativo en materia de costas al que se añade además la tramitación paralela de la modificación del Reglamento General de Costas, con la que el Gobierno central pretende endurecer también el actual régimen de concesiones en el litoral, así como sus prórrogas.

Otras observaciones en materia de inundaciones

Asimismo, teniendo en cuenta la materia principal que tiene por objeto regular el real decreto en tramitación, la Xunta también incluye una serie de observaciones técnicas desde el punto de vista de la gestión del riesgo de inundaciones. En este sentido, alega que la modificación propuesta, además de incorporar nuevas exigencias documentales y administrativas, introduce también nuevas obligaciones y limitaciones de usos para los territorios sometidos a riesgo de inundación, como la prohibición de acampadas, la instalación de cámpings o la celebración de determinados eventos con concentración de personas.

Se advierte asimismo de que muchas de estas nuevas obligaciones no van acompañadas de criterios técnicos suficientemente claros y homogéneos, lo que puede generar diferentes interpretaciones en su aplicación. A lo que se añade el riesgo de duplicidades y solapamientos con instrumentos y trabajos que ya existen, tanto con los Plans de Xestión do Risco de Inundación (PXRI) como con los informes de seguimiento y estudios que ya realiza Augas de Galicia.

La Xunta también considera excesivamente apresurados algunos de los plazos previstos, ya que se adelantan a los establecidos por la normativa europea, que contempla calendarios más amplios para su aplicación. Además, parte de los criterios técnicos que deberán concretar las nuevas exigencias aún no estarán disponibles hasta 2028, lo que podría obligar a adaptar o reelaborar trabajos realizados con anterioridad.

Por último, el análisis realizado por el Gobierno gallego concluye también que la aplicación del real decreto supondrá un incremento de los gastos públicos de los organismos de cuenca —en el caso de Galicia, Augas de Galicia— que no consta que hayan sido cuantificados ni que vayan acompañados de la transferencia de los recursos necesarios para hacerles frente.