Santiago de Compostela, 16 de septiembre de 2026

El director general de Justicia, José Tronchoni, explicó hoy en el Parlamento de Galicia las principales líneas del Plan Senda 2028, director general de Justicia, José Tronchoni, explicó hoy en el Parlamento de Galicia las principales líneas del Plan Senda 2028, la hoja de ruta de la Xunta para continuar con la transformación digital de la Administración de Justicia y adaptarla a los cambios introducidos por la nueva Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El plan cuenta con una inversión de 24,4 millones de euros e incorpora nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la gestión judicial, facilitar el trabajo de los profesionales y hacer más accesible la Justicia a la ciudadanía.

José Tronchoni explicó que el Senda 2028 le da continuidad al trabajo desarrollado por el anterior Senda 2025, que permitió avanzar en la digitalización de la Administración de Justicia con la implantación del expediente judicial electrónico, la extensión de los canales de relación digital y la dotación de nuevas infraestructuras y herramientas.

El nuevo plan parte de esta base para responder a los cambios normativos, organizativos y procesales derivados de la Ley Orgánica 1/2025, que supuso una transformación del modelo de organización de la Justicia en Galicia, y para incorporar nuevas capacidades tecnológicas al servicio de los profesionales y de la ciudadanía.

El Senda 2028 cuenta con un presupuesto de 24,4 millones de euros, de los que 17,5 millones proceden de fondos propios de la Comunidad Autónoma y 6,9 millones del programa Galicia FEDER/FEDER 2021-2027. Esta dotación corresponde a las actuaciones específicas del ámbito de la Justicia y no incluye las iniciativas tecnológicas de carácter transversal de la Xunta.

El Plan Senda 2028 está dirigido al conjunto de los profesionales que participan en la Administración de Justicia en Galicia. Más de 3.600 profesionales, entre jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, personal de gestión, tramitación y auxilio, así como profesionales del ámbito forense y equipos técnicos, se beneficiarán de las nuevas herramientas y servicios que contempla el plan. A ellos se suman los más de 9.200 profesionales de la Justicia ?abogados, procuradores y graduados sociales? que se relacionan habitualmente con la Administración de Justicia y que también podrán beneficiarse de la evolución de sus canales

Uno de los ejes centrales del plan será la gestión inteligente del expediente judicial electrónico, que permitirá seguir avanzando hacia una tramitación íntegramente digital, con un acceso más integrado, ágil y seguro a la información y a la documentación de los procedimientos.

En este ámbito, evolucionarán las herramientas de consulta y gestión del expediente y los servicios asociados. Entre ellas, destaca el Visor Inteligente del EXE (ViaEXE), que facilita la localización y consulta de la información de los expedientes y permite un acceso más sencillo y seguro a la documentación, metadatos y actuaciones.

El plan contempla además la incorporación progresiva de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo de los profesionales de la Justicia, siempre bajo criterios de uso responsable, seguro y supervisado. Entre las capacidades previstas figuran la asistencia conversacional, la textualización, la anonimización, la elaboración de resúmenes y la detección de identidades.

Atenea, nuevo sistema de gestión procesal

Otra de las principales novedades será la puesta en marcha de Atenea, el nuevo sistema de gestión procesal que sustituirá a Minerva. Su implantación permitirá adaptar las herramientas tecnológicas al nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia y facilitar el trabajo diario de los profesionales.

Atenea se integrará en la infraestructura tecnológica de Galicia y permitirá simplificar procesos, mejorar la productividad y facilitar el intercambio seguro de información con los distintos agentes que intervienen en la actividad judicial. Además, ofrecerá un contorno bilingüe, incorporando las dos lenguas oficiales.

El nuevo sistema contribuirá también a avanzar en la interoperabilidad de la Administración de Justicia, mediante la integración con los principales sistemas de información judicial y el intercambio automatizado de documentos y expedientes. El objetivo es que la información pueda circular de forma más ágil, segura y eficiente entre los distintos organismos y sistemas.

Más servicios digitales para la ciudadanía

El Plan Senda 2028 incorpora también medidas destinadas a hacer la Justicia más próxima, accesible y comprensible, especialmente para las personas y colectivos que pueden encontrar mayores dificultades en su relación con la Administración.

En este ámbito, está prevista la evolución de la Sede Judicial Electrónica, con la ampliación de los trámites y de la información disponible y nuevas posibilidades de acceso digital a los servicios judiciales.

También se reforzarán las Oficinas de Justicia en el Municipio, dotándolas de nuevas capacidades tecnológicas para ampliar los servicios que ofrecen a la ciudadanía y facilitar el acceso a la Justicia, especialmente en los entornos rurales.

El plan contempla además la implantación de un sistema integral de acompañamiento y atención en las sedes judiciales, con herramientas para facilitar la gestión de citas y citaciones, orientar sobre los trámites y ayudar a la ciudadanía a localizar los espacios dentro de las sedes.

Entre los nuevos mecanismos para hacer más accesible la Justicia se encuentran Conecta Justicia, que facilitará la atención y la participación remota sin necesidad de desplazamientos; y Conversa Justicia, un asistente virtual especializado que ofrecerá información básica sobre los servicios, procedimientos y canales digitales de la Administración de Justicia.

Con estas medidas, el Senda 2028 avanza hacia una Justicia digital, inteligente y centrada en la ciudadanía, en la que la tecnología permita mejorar la eficiencia y ampliar las capacidades de los profesionales, manteniendo siempre su papel esencial y las garantías propias del Estado de Derecho.