Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2026

La Xunta, a través de la Dirección General de Movilidad, ha presentado alegaciones al borrador de Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado y de las Comunidades Autónomas, que será sometido a la aprobación de los miembros de este órgano en la reunión prevista para el próximo miércoles. Así lo trasladó la directora general de Movilidad Judit Fontela, quien rechazó que el Gobierno central "pretenda imponer a las comunidades un reglamento de funcionamiento marcadamente centralizado, controlando una vez más un órgano que debe ser de participación autonómica".

Por ello, el Gobierno gallego considera que el texto debe evitar una configuración excesivamente centralizada y garantizar que las comunidades autónomas tengan un peso efectivo en el funcionamiento de la Comisión.

No es la primera vez que la Xunta reclama tener mayor participación en aquellos órganos en los que se toman decisiones que les afectan a las Comunidades. Así se defendió ya en el mes de julio en la Conferencia Sectorial de Transportes en lo relativo a la Ley de Movilidad Sostenible. Galicia defendió una mayor participación de las comunidades autónomas en los nuevos órganos de gobernanza previstos por la norma. En este sentido, la Xunta criticó que el Gobierno de España quiera sustituir la conferencia sectorial por otros órganos donde las comunidades pierden peso a pesar de tener las competencias, en alusión a la creación del Consejo Superior de Movilidad Sostenible, que se proyecta sin que los territorios tengan voz ni voto, y el denominado Foro Territorial, en el que las comunidades quedan en minoría orgánica.

En el caso de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre, la Xunta considera que debe ser un verdadero foro multilateral y de coordinación entre administraciones y reclama que las comunidades autónomas puedan participar desde el inicio en la preparación de los asuntos, en la determinación de las prioridades de trabajo y en la formación de las posiciones comunes, y no limitarse a opinar sobre propuestas ya definidas.

En esta línea, la Xunta pide una mayoría cualificada para modificar las reglas básicas de participación y adopción de acuerdos, frente a la mayoría absoluta que contempla actualmente el borrador. El objetivo es garantizar una mayor estabilidad de las reglas que regulan la presencia y los derechos de las comunidades autónomas en la Comisión.

La Xunta propone también reforzar la presencia de las comunidades autónomas en la dirección de la Comisión. Así, considera que la Vicepresidencia, que corresponde a una persona representante de una comunidad autónoma, debe ser elegida mediante votación de los miembros de la Comisión, garantizando la participación en condiciones de igualdad de todos los representantes autonómicos. La Xunta recuerda que esta es la principal representación de las comunidades en los órganos de dirección, ya que la Presidencia le corresponde al Estado y la Secretaría es designada entre el personal de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril.

Otro de los aspectos en los que incide el Gobierno gallego es el funcionamiento de los grupos de trabajo. Las alegaciones reclaman que se garantice la representación efectiva de todas las administraciones afectadas y que las comunidades autónomas puedan incorporar expertos para abordar las materias que se traten en estos órganos.

La Xunta presta especial atención al tratamiento de las recomendaciones y dictámenes de la Comisión. El borrador establece que estos instrumentos no tienen carácter vinculante, pero al mismo tiempo señala que los miembros se comprometen a tenerlos en cuenta en el ejercicio de sus competencias y contempla el examen de las medidas adoptadas en ejecución de las conclusiones, recomendaciones y dictámenes aprobados en reuniones anteriores.

Para el Gobierno gallego, este planteamiento puede desvirtuar el carácter no vinculante de estos instrumentos y llegar a imponer una decisión a una comunidad autónoma que votara en contra, se abstuviera o no participara en su adopción. La Dirección General de Movilidad advierte además de que la referencia a la ejecución de las recomendaciones y dictámenes puede convertirse en un mecanismo indirecto de control de la actuación de las comunidades autónomas. Por este motivo, reclama que el reglamento deje claro que estos instrumentos no pueden ser obligatorios ni utilizarse para fiscalizar cómo ejerce cada administración sus competencias.

Así, las alegaciones presentadas por la Xunta al borrador buscan que el nuevo reglamento consolide una Comisión en la que el Estado y las comunidades autónomas participen en condiciones de igualdad y en la que la coordinación se desarrolle desde el respeto a las competencias propias de cada administración.