El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, compartió con los representantes de la Asociación de Directores y Directivos de IES de Galicia, ADDIGA, el nuevo paquete de medidas de la Xunta para reforzar la convivencia en las aulas y proteger la autoridad del profesorado, que incluye sanciones ante agresiones.

El titular de Educación del Gobierno gallego expuso que, aunque en Galicia existe una buena convivencia en las aulas, es necesario seguir reforzando este clima de «respeto, responsabilidad y convivencia como una condición necesaria para garantizar el proceso de aprendizaje y blindar la calidad de nuestra enseñanza».

Para el caso concreto de agresiones a los docentes por parte de las familias, a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2027, se reforma la normativa de convivencia, a la que se incorpora un nuevo régimen administrativo pionero en España de infracciones y sanciones económicas que irán desde los 300 euros de las infracciones leves hasta los 15.000 euros de las muy graves.

De este modo, la Xunta incorpora una vía administrativa propia de protección, prevención inmediata y reparación del daño causado, por lo que la protección del profesorado «deja de depender únicamente de la respuesta interna del centro o, en casos extremos, de la vía penal», explicó el conselleiro. Estas consecuencias administrativas proporcionales a la gravedad de los hechos serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penales correspondientes.

Además, paralelamente, se podrán adoptar medidas provisionales de protección mientras se tramita el procedimiento, como puede ser la limitación temporal del acceso al centro educativo o de la participación en las actividades escolares o de los canales de comunicación con el profesorado afectado.

Asimismo, el conselleiro les informó de la «inminente» entrada en funcionamiento de la Oficina de apoyo al profesorado, un nuevo servicio para reforzar la protección del docente y su reconocimiento legal como autoridad pública. A través de esta oficina, la Consellería de Educación proporcionará acompañamiento y orientación a los docentes en el ejercicio de sus funciones, incluido asesoramiento y asistencia jurídica, si fuese necesario.

Educar en el valor de las normas

Por otra parte, Román Rodríguez hizo hincapié también en la importancia de educar al alumnado «en el valor de las normas» y en la necesidad de establecer medidas específicas «con una finalidad educativa y reparadora». En esta línea, recordó que, mediante la modificación de la normativa de convivencia, también se actualizó el marco para responder a las nuevas formas de conflictividad, mejorar la gradación y eficacia de las medidas e incrementar la protección del alumnado y del profesorado.

En cuanto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, por ejemplo. En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso, se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas para quienes cometan estas conductas. En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro.