Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2023 La sanidad pública gallega garantizadora el cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud sexual y reproductiva y practica interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos en las siete áreas sanitarias. Así lo explicó hoy en el Parlamento de Galicia el conselleiro de Sanidad, Julio García *Comesaña, en respuesta a una interpelación de la oposición, añadiendo que, de los abortos solicitados en 2022 en el Servicio Gallego de Salud, más del 60% se realizaron en centros del sistema público.

El conselleiro de Sanidad avanzó también en su intervención que las reformas previstas en la legislación estatal no añaden ninguna prestación nueva a las que ya lleva ofertando la sanidad pública gallega desde hace muchos años. “La reforma prevista de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva no implica introducir cambios en la gestión de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad gallega”, remarcó el conselleiro, al tiempo que destacó que la única “acción que la nueva Ley nos exigiría sería la creación de un Registro de Profesionales Objetores de Conciencia”, un asunto sobre lo que Galicia alegó ya que, según la experiencia de la Xunta, “éste no sería necesario para garantizar la prestación porque el Sergas es capaz de realizar interrupciones en las siete áreas”.

En todo caso, García Comesaña insistió en que la posición del Gobierno gallego, “sea cuál sea la opinión sobre la Ley y cualquier modificación que se pueda producir en ella, es cumplirla”.

El conselleiro de Sanidad ofreció datos de los servicios de ginecología de las áreas sanitarias gallegas, en los que consta que en 2022, de la totalidad de interrupciones voluntarias del embarazo que se solicitaron, más del 60% se practicaron en centros públicos, y menos de un 40% fueron derivados a los dos centros privados con autorización autonómica que existen en Galicia, siendo el coste asumido por el sistema público.

Además, el titular de la sanidad gallega remarcó que los centros de orientación familiar y los centros hospitalarios del sistema público “permiten la realización de abortos farmacológicos en las siete áreas sanitarias por debajo de las 9 semanas de gestación”. Entre las 9 y 14 semanas, “los centros hospitalarios de todas las áreas sanitarias realizan interrupciones voluntarias del embarazo por el procedimiento instrumental”, mientras que “entre las 15 y 22 semanas, un período en el que la legislación vigente ya solo permite el aborto por causas médicas, los hospitales de cabecera de las siete áreas y también algún hospital comarcal realizan estas intervenciones, bien sea por procedimiento farmacológico o instrumental”, explicó. Por último, en las interrupciones de embarazos superiores a las 22 semanas, que la Ley solo contempla por causas y salud del feto, “Galicia también garantizador a atención en el sistema público”, remarcó.Julio García Comesaña añadió también en su intervención que “hace ya seis años que Galicia garantiza dentro de su sistema público las interrupciones del embarazo que en otras comunidades autónomas se derivan sistemáticamente hacia fuera del territorio”.

Alegatos a la reforma de la Ley

Por otra parte, el conselleiro de Sanidad se refirió también los alegatos que, en el ámbito sanitario, hizo el Gobierno gallego a la reforma de la Ley en trámite. “Por una parte no consideramos razonable ni bien regulado el cambio respeto a la no necesidad de consentimiento de los titulares de la patria potestad en el caso de menores de edad ya que puede generarse una situación de desprotección de una menor cuya interrupción del embarazo se complique y necesite con rapidez esa autorización para realizar intervenciones necesarias para preservar su salud”. La Xunta considera poco apropiado eliminar el período de reflexión sobre esta intervención “ya que la propia Ley establece el deber de proporcionar un volumen muy importante de información a la mujer, tanto sobre los distintos métodos como sobre las condiciones y los centros disponibles”.