De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, intentada la notificación en el domicilio del interesado sin que ésta se pudiese practicar, se le notifica a José M. Moreno Balado la resolución del director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de 12 de mayo de 2000, por la que se acuerda la resolución de pleno derecho del contrato de acceso diferido a la propiedad de la vivienda de protección oficial de la que es adjudicatario, recaída en procedimiento de desahucio administrativo por falta de pago.

Contra la citada resolución, que no es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta cédula, conforme a lo que establecen los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2º de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, se transcribe el texto íntegro de dicha resolución:

«Expediente de desahucio administrativo

Resolución

Visto el expediente de desahucio administrativo seguido contra José M. Moreno Balado, beneficiario

de la vivienda objeto de la presente resolución, situada en la calle Alcalde Quintanilla Martínez, bloque 8, portal 6, 4º D del Polígono de Caranza, en Ferrol (A Coruña) correspondiente al:

Expediente: C 2CD68, cuenta 660, por incumplimiento del contrato en cuanto a la falta de pago de las cuotas, con infracción del régimen que regula las viviendas de protección oficial de promoción pública.

Teniendo en cuenta los siguientes hechos:

1. Que la entidad colaboradora en la gestión y recaudación de viviendas de la Xunta de Galicia emite certificado en el que se comprueba la falta de pago de los recibos pendientes por un importe total que asciende a 216.411 ptas. a fecha de 17 de marzo de 1999, correspondientes a los recibos desde noviembre de 1981 a noviembre de 1983, desde enero de 1984 a agosto de 1984 y desde febrero de 1987 a marzo de 1999.

2. Que requerido por carta certificada con acuse de recibo, que se encuentra incorporada al expediente, para que en el plazo de diez días efectuase el pago de las cantidades adeudadas a esa fecha, dicho requerimiento fue devuelto por el servicio de correos y posteriormente se notificó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no siendo atendido en el plazo otorgado al efecto.

3. A 10 de mayo de 2000, la deuda asciende a 233.337 ptas., por impago de los recibos siguientes: de noviembre de 1981 a noviembre de 1983; desde enero de 1984 a agosto de 1984 y desde febrero de 1987 a mayo de 2000.

Fundamentos de derecho.

1. Es competente para la resolución del presente expediente el director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 70/1997, de estructura orgánica de este organismo, modificado por Decreto 258/1999, de 17 de septiembre.

2. Los hechos denunciados constituyen causa legal suficiente de resolución del contrato, desahucio y lanzamiento de la vivienda.

3. En la tramitación del expediente se observaron las normas vigentes contenidas en los artículos 138 a 144 del Reglamento de VPO, Decreto 2114/1968, de 24 de julio, artículo 30 del texto refundido de VPO, Real decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, artículo 58, 59 y 96.3º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, artículo 91.2º de la Ley orgánica del poder judicial, y artículo 8.5º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Vistos los preceptos legales invocados y demás normas de aplicación general,

RESUELVO:

1. Acordar la resolución de pleno derecho del contrato y el lanzamiento de la vivienda, que se llevará a cabo por el funcionario del IGVS que se designe y por el representante de la entidad colaboradora Hnos. Alonso Garrán, S.L. que se designe, con credencial al efecto suscrita y firmada por el director general del IGVS y con la preceptiva autorización judicial para la entrada en el domicilio de particulares en la ejecución forzosa de actos de la administración, incorporada al expediente y con el auxilio de las Fuerzas de Seguridad del Estado, autonómicas o locales.

Se le advierte al interesado, que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de VPO, podrá evitar el lanzamiento abonando el total de la deuda con el recargo del 10% en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a aquel en el que tenga lugar la notificación o publicación, y aportando justificante de encontrarse al corriente con la comunidad de propietarios.

2. La resolución en firme del contrato conllevará la prohibición para contratar con la Administración en los términos previstos en el artículo 20 c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas, modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre.

Notifíquese la presente resolución a los interesados con expresión de los recursos legales que procedan. En Santiago de Compostela, el 12 de mayo de 2000. Fdo.: José Antonio Redondo López, director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo».

En Santiago de Compostela, 28 de junio de 2000.

José Antonio Redondo López

Director general del Instituto

Gallego de la Vivienda y Suelo