De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se le notifica a la persona que se relaciona en el anexo I el acuerdo de la delegada territorial de esta consellería en Vigo, por la que se acuerda la incoación de expediente administrativo sancionador y de restitución y reposición de la legalidad nº P-UL-58.00/01, a Promociones e Inversiones Los Pazos, por realización de obras consistentes en la ampliación de nave, en el lugar de Baltar-Castrelo (Ponte da Barca), término municipal de Cambados, por los hechos señalados, presumiblemente constitutivos de una infracción de la Ley 22/1988, de costas (en lo sucesivo L.C.) y de su reglamento general para el desarrollo y ejecución de la L.C., aprobado por el Real decreto 1471/1989 y modificado por los RR.DD. 112/1992 y 1771/1994 (en adelante R.C.) nombrándose al personal del Servicio de Usos do Litoral de ésta delegación territorial, como instructor a Alfonso Fernández Fernández y secretario a Francisco

Javier Fernández Rosendo (Decreto 125/2002, de 4 de abril).

Los nombramientos de instructor y secretario podrán ser impugnados por las causas establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.

En virtud del anterior acuerdo, el instructor del expediente formuló pliego de cargos, del que se relacionan en el anexo II los preceptos infringidos, sancionadores y la posible cuantía de la sanción por los hechos imputados, disponiendo el expedientado de un plazo de diez (10) días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia para formular alegaciones y proponer, en su caso, la práctica de aquellas pruebas que considere pertinentes para la determinación de los hechos, tal como dispone el artículo 194.8º del R.C.

De conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica el artículo 102 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, es necesario informarle de que el plazo para la notificación de la resolución de los procedimientos sancionadores será de doce meses. Transcurrido el mismo sin que se produzca aquélla, se dictará resolución declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en la legislación vigente. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción (artículo 92.3º de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Asimismo, cumple informarle de que este plazo de doce meses quedará suspendido:

Cuando deba requerirse al interesado enmienda de deficiencias, aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios por el tiempo que medie entre las notificaciones y su efectivo cumplimiento

por el interesado o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.

Cuando deban solicitarse informes, desde la petición del mismo, que deberá notificarse al interesado, hasta su recepción, no excediendo en ningún caso de tres meses.

Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios, por el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

Vigo, 30 de mayo de 2003.

Paloma Rueda Crespo

Delegada territorial de Vigo

ANEXO I

Expediente número: P-UL-58.00/01.

Denunciado/a: Promociones e Inversiones Los Pazos.

Condición: promotora.

Último domicilio conocido: Baltar-Castrelo-36630 Cambados.

Fecha del acuerdo: 19-2-2003.

Hechos: ampliación de nave.

Lugar: Baltar-Castrelo (Ponte da Barca).

Ayuntamiento: Cambados.

Medidas de carácter provisional: ordenar la inmediata paralización de las obras o actividades objeto del presente expediente advirtiéndole que, en otro caso, se procederá a su precinto o a la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, de conformidad con los artículos 103 y 04 de la L.C. y 194 y 195 del R.C.

Contra esta orden de paralización podrá interponerse recurso de alzada ante el conselleiro de Pesca y Asuntos Marítimos en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Circunstancias modificativas: si el presunto infractor corrige en el plazo de quince (15) días la situación creada por los hechos que son objeto de este expediente, podrá reducirse hasta la mitad la cuantía de la multa que se pudiese imponer, según los artículos 97.3º de la Ley de costas y 187.1º del R.C.

ANEXO II

Preceptos infringidos: artículos 25.2º, e 26.1º de la L.C. y 46.1º y 48.1º del R.C. y DD.TT. cuarta 2 c) de la L.C. y decimotercera 1 c) del R.C.

Preceptos sancionadores: artículos 90 c) y 95.1º de la L.C. y 174 c) y 179.1º del R.C.

Calificación y cuantía de la posible sanción: artículos 91.2º e) y 97.1º de la L.C. y artículos 175.2º e) y 183 b) en relación con el artículo 184 del R.C., pudiendo recaer una multa del 25% del valor de las obras ejecutadas.