José Andrés Salgado Fernández, secretario judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por medio de este edicto anuncia:
En este procedimiento, seguido a instancia de la Administración estatal, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
«En el recurso contencioso-administrativo que con el número 1092/2002 está pendiente de resolución ante esta sala, interpuesto por la Administración estatal, representada por el abogado del Estado, contra la aprobación de 9 de mayo de 2002, del Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, sobre acuerdo regulador para el personal funcionario. Es parte la Administración demandada, Ayuntamiento de Pontevedra, representada por el procurador Víctor López-Rioboo y Batanero y dirigida por el abogado Carlos Potel Lesquereux y, como codemandados, la Unión General de Trabajadores (UGT), representada por el procurador José Antonio Castro Bugallo y dirigida por la abogada Nuria González Lores, la Confederación Intersindical Galega, representada por el procurador Miguel Vilariño García y dirigida por la abogada María Costas Outeiro, y otros codemandados.
Es ponente Fernando Seoane Pesqueira.
Decidimos que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el abogado del Estado, siguiendo instrucciones del delegado de Gobierno en Galicia, contra el Acuerdo de 9 de mayo de 2002, del Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, por el que se aprobó el II acuerdo regulador para el personal funcionario y, en consecuencia, anulamos los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 17.5b, 18, 33, 43, 44, 61, 63.4, 79, 80, 81 y la disposición final primera de dicho acuerdo, en los términos en que se razonó en su fundamento jurídico tercero, sin hacer imposición de costas.
Notifíquese a las partes y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos».
Y, como consecuencia del ignorado paradero de los codemandados Amelia R. Santos Piñeiro, Juan Ferreira Balchada, José Manuel García Ramírez y José Manuel García Cancela, se expide este edicto para que sirva de cédula de notificación.
A Coruña, 1 de septiembre de 2011.
José Andrés Salgado Fernández
Secretario judicial

