La directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística acordó, el 3 de diciembre de 2013, incoar el expediente de reposición de la legalidad urbanística LUG/36/2013 por las obras realizadas en suelo rústico, consistentes en la instalación de una caseta metálica, en la instalación de un depósito de agua, en la ejecución de un forjado de hormigón y en el depósito de materiales y herramientas y maquinaria de construcción en el lugar de A Pudia, Vilaframil, en el término municipal de Ribadeo.

Al no poder realizarse la notificación personal de aquel acuerdo a María Rodríguez Rañón, en calidad de propietaria del terreno donde se llevan a cabo dichas obras, mediante la presente cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se le notifica a la interesada dicho acuerdo.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se le comunica a la interesada que el texto íntegro del acuerdo que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sitas en el Edificio Witland, 1ª planta, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá producida.

La interesada dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produjese la notificación de esta cédula, para presentar las alegaciones, documentos o informaciones que considere pertinentes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretenda valerse.

Para que conste y sirva de notificación a la citada interesada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la LRJPAC, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 22 de enero de 2014

María Martínez Allegue
Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística