De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, en su ámbito territorial, la ejecución de las medidas impuestas por los juzgados de menores en sus sentencias firmes, para lo cual llevará a cabo la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en esa ley.
En este sentido, el Decreto 216/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social, encomienda a dicho órgano, a través de su Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, la ejecución de las medidas dictadas por los juzgados de menores, en los términos establecidos en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero.
La citada ley prevé, en su artículo 45.3, la posibilidad de que la Comunidad Autónoma establezca los convenios o acuerdos de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivadas de dicha ejecución.
Asimismo, el artículo 88 de la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, señala que la Xunta de Galicia podrá suscribir convenios o acuerdos de colaboración con las demás administraciones, así como con otras entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, y sin que ello suponga cesión de la titularidad o responsabilidad.
En virtud de este título habilitante y teniendo en cuenta el superior interés de la persona menor que preside las actuaciones en el ámbito de la jurisdicción de menores, la colaboración con entidades privadas de iniciativa social con experiencia acreditada permite asegurar una intervención educativa de calidad orientada a la efectiva reinserción de los/las menores.
Existe una pluralidad de entidades, entre cuyos fines se encuentra la intervención socioeducativa con menores y jóvenes, capacitadas para desarrollar programas de intervención con menores.
Por ello, se hace necesaria la articulación de un procedimiento de selección que garantice los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación, a la vez que permita elegir los proyectos de aquella entidad que garantice una mejor calidad técnica en la intervención a llevar a cabo en la ejecución de las medidas privativas de libertad, con el fin de que se realice una actuación adecuada y en beneficio de la persona menor, teniendo en cuenta sus intereses.
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:
Primero. Aprobar y convocar el procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de lucro para llevar a cabo la atención residencial y la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña), de conformidad con las bases establecidas en el anexo I, a través de la formalización de un convenio de colaboración (anexo IV).
La entidad con la que se firme un convenio de colaboración percibirá de la Consellería de Política Social y Juventud con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.312B.228 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, una compensación máxima por los gastos en los que incurra en el desarrollo de la actividad conveniadas de 5.463.500,62 €, que en ningún caso supondrá un beneficio económico para la entidad conveniante. Dicho importe será distribuido como sigue:
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Convenio de colaboración para la ejecución de las medidas judiciales privativas de libertad en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña) |
2022 |
910.583,44 € |
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2023 |
2.731.750,31 € |
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2024 |
1.821.166,87 € |
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia.
Tercero. La presente resolución agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, sin perjuicio de la interposición previa, con carácter potestativo, del recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 7 de junio de 2022
Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social y Juventud
ANEXO I
Procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de lucro para la atención residencial y la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña) (código de procedimiento BS213D)
Primero. Objeto de la convocatoria
1. La presente convocatoria tiene por objeto establecer el proceso para la selección de una entidad privada sin ánimo de lucro para la atención residencial y la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña). Asimismo, incluirá la atención de los hijos e hijas menores de tres años que convivan con sus madres internadas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado n) del artículo 56 de la citada ley y en el artículo 34 del Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
El término «persona menor» se entenderá, en el marco de lo dispuesto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, así como en la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, como extensivo a la totalidad de aquellas personas a las que les sea aplicable alguna medida derivada de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, independientemente de que hayan alcanzado o no la mayoría de edad en el momento de la ejecución, de acuerdo con el uso que de dicho término se da en dicha ley.
2. El procedimiento tendrá el código BS213D a los efectos de identificación en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) y el acceso al formulario de inicio específico, de uso obligatorio para las entidades interesadas.
Segundo. Finalidad y objetivos de la convocatoria
1. Se seleccionará una entidad privada sin ánimo de lucro para la atención residencial y la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña), de manera que quede garantizada la ejecución de las siguientes medidas:
a) Internamiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado (tanto preventivas como firmes).
b) Permanencia de fin de semana en el centro.
2. Las necesidades que se tratan de satisfacer a través del convenio son las siguientes:
a) Dar cumplimiento a las medidas judiciales privativas de libertad impuestas por los juzgados de menores.
b) Proporcionar una atención residencial integral y continuada a las personas menores internadas, que dé cobertura a las necesidades de alimentación, lavandería, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, de manera que se asegure una atención residencial de calidad.
c) Llevar a cabo una intervención educativa integral dirigida a su inserción social.
d) Garantizar la vigilancia en el centro y la salud de las personas menores, y facilitar la atención sanitaria en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
e) Garantizar los derechos de los menores internados reconocidos en el artículo 56 de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero.
3. Para llevar a cabo la ejecución de las medidas judiciales, la Xunta de Galicia cederá el uso a la entidad seleccionada con la que se formalice el instrumento convencional del centro de reeducación Concepción Arenal, situado en el barrio de Palavea, s/n, A Coruña, por un período de tiempo igual a la duración del convenio y de sus posibles prórrogas.
La cesión de uso del bien inmueble, así como de los bienes muebles de los que dispone el centro, se ajustará a lo establecido en la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y se entenderá otorgada, en todo caso, con la salvedad del derecho de propiedad y sin perjuicio de derechos de terceras personas. La utilización del centro por la entidad colaboradora tendrá un mero carácter instrumental para la ejecución de la actividad conveniada y queda circunscrita su vigencia, sin que se pueda alegar derecho alguno ni usarse para otro fin distinto del previsto.
El equipamiento y los bienes muebles necesarios de los que dispone el centro estarán identificados y relacionados con carácter de inventario en un anexo a disposición de las entidades interesadas en el procedimiento, que se anexará al convenio que se firme en su día.
4. En el desarrollo de la actividad conveniada, la entidad debe cumplir de forma estricta la normativa aplicable, así como las circulares que resulten de aplicación y, en particular, a título meramente enunciativo:
a) La Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
b) El Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
c) La Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
d) La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.
e) El Decreto 192/2015, de 29 de octubre, por el que se define la cartera de servicios sociales de familia, infancia y adolescencia.
f) El Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia.
g) El Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia.
h) El Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y adolescencia.
i) La Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se regulan los contenidos mínimos del reglamento de régimen interior y el proyecto educativo de los centros de atención a menores.
j) La Circular nº 1, de 29 de enero de 2021, en la que se establece el procedimiento de las actuaciones para la ejecución de las medidas judiciales de internamiento acordadas por los juzgados de menores.
Asimismo, serán de aplicación cuantas otras disposiciones legislativas y reglamentarias relacionadas con la actividad objeto de ejecución sean de aplicación, así como aquellas que entren en vigor durante el período de ejecución del convenio y sean de aplicación.
Tercero. Entidades participantes
Podrán participar en el procedimiento de selección las entidades privadas sin ánimo de lucro cuyos fines, objeto o ámbito de actividades tengan relación directa con el objeto del convenio, según sus estatutos o reglas fundacionales, y figuren inscritas en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social y Juventud en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento de este requisito será comprobado de oficio por la Administración convocante.
En cualquier caso, deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución de la medida privativa de libertad en los términos establecidos en el convenio y en la norma de aplicación.
Cuarto. Iniciación del procedimiento. Solicitudes
1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal
De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considera como fecha de presentación de la solicitud aquella en que sea realizada la enmienda.
Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Los sábados y festivos se consideran inhábiles a todos los efectos.
3. En la solicitud, anexo III, firmada por el/la representante de la entidad, deberán figurar datos identificativos y acreditativos de determinados aspectos señalados en esta resolución y demás normativa aplicable:
a) Identificación de la persona solicitante, de la persona que la represente, dirección para notificaciones, datos bancarios e identificación de la persona para las funciones de coordinación y comunicación.
b) Declaraciones sobre:
1º. Suscripción para el centro de las siguientes pólizas de seguros:
1º.1. Póliza de seguros que cubra los daños y siniestros que se produzcan en los locales, instalaciones o bienes, aparatos y materiales afectos al servicio.
1º.2. De responsabilidad civil que cubra:
1º.2.1. Los daños que pueda sufrir cualquier persona, en sí misma o en sus bienes, y que deriven del funcionamiento del centro o instalaciones en los que se lleva a cabo la atención residencial y la intervención educativa integral.
1º.2.2. Los daños que puedan ser causados a terceras personas y a sus bienes por los/las profesionales y, en general, por cualquier persona dependiente del centro o entidad, incluidos los actos derivados de actividades relacionadas con la actividad conveniada, realizadas por cualquiera de las personas anteriormente citadas, tanto dentro como fuera de las instalaciones.
1º.2.3. Los daños que puedan ser causados a terceras personas y a sus bienes por las personas menores atendidas, tanto dentro como fuera de las instalaciones.
La suma asegurada deberá ser de un mínimo de 300.000,00 € por siniestro y anualidad.
1º.3. De accidentes de menores residentes en el centro, causados tanto en el interior del centro e instalaciones anexas como en los desplazamientos y actividades realizadas en el exterior del centro.
La suma asegurada deberá ser de un mínimo de 20.000,00 € por persona por fallecimiento y 50.000,00 € por invalidez permanente, incluir la asistencia médica ilimitada y cubrir los gastos sanitarios y de enterramiento.
2º. Adscripción a la ejecución de las medidas de los medios personales y materiales precisos para su buena ejecución, y, en todo caso, los indicados en la memoria que se adjunta como documentación complementaria.
3º. Condiciones de la plantilla que va a desempeñar sus funciones en el centro: inexistencia de sentencia firme por la comisión de delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y el abuso sexual, acoso sexual exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, en aplicación del artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil.
c) Indicación de la documentación complementaria que se adjunta y, en su caso, constancia de los datos relativos a documentos aportados anteriormente con indicación del tipo, órgano administrativo ante el que se presentó, código de procedimiento y fecha de presentación y/o manifestación de la oposición a la consulta de los documentos señalados en el apartado sexto.
Quinto. Documentación complementaria
1. Las entidades interesadas deberán presentar con la solicitud la siguiente documentación:
a) Escritura o documento de constitución, estatutos en que conste la finalidad y las normas por las que se regula la entidad en su actividad, así como sus modificaciones si las hubiese, inscritos en el correspondiente registro oficial cuando ello fuese exigible conforme a la normativa que le sea aplicable.
b) Documentación acreditativa de la representatividad de la persona solicitante para actuar en nombre de la entidad para el caso de que esta se atribuya a persona distinta a la que figura en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social y Juventud.
c) Certificación/ones expedida/s por la entidad pública acreditativa/s de la experiencia de la entidad en programas con menores que se encuentren bajo una medida de protección por parte de la Administración pública o que deban cumplir medidas judiciales al amparo de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, en caso de que se trate de otra Administración pública distinta de la Administración autonómica gallega.
d) Proyecto de intervención educativa con la estructura y contenidos mínimos determinados en el punto 1.7 del anexo II. En dicho proyecto se incluirán, en su caso, los programas que a mayores presente la entidad para su valoración.
e) Memoria en la que se indiquen los recursos humanos y materiales con los que contará la entidad en el centro para la ejecución de las medidas de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del anexo II.
En dicha memoria figurarán, asimismo, en su caso, los medios materiales y personales que a mayores presente la entidad para su valoración, con indicación en estos últimos del número de horas anuales que prestará cada profesional.
f) Plan de formación continua del personal con el contenido indicado en el punto 3 del anexo II.
g) Memoria descriptiva de los proyectos de investigación en los que participe la entidad, relacionados con la intervención educativa que se lleva a cabo en los centros para el cumplimiento de medidas privativas de libertad, avalados por universidades y otros organismos públicos de investigación, en su caso.
h) Propuesta desglosada de los gastos totales derivados de la ejecución de la actividad objeto de convenio, firmada por el responsable de la entidad, cuyo importe en ningún caso podrá superar lo previsto en la presente convocatoria.
Dicha propuesta diferenciará entre gastos de personal, gastos de la seguridad, gastos de funcionamiento del centro y gastos de las personas menores internadas.
2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario aportar los documentos que ya hayan sido presentados anteriormente por la persona interesada ante cualquier Administración. En este caso, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán recabados electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, excepto que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada.
De forma excepcional, si no pueden obtenerse dichos documentos, podrá solicitarse nuevamente a la persona interesada su aportación.
3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.
Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considera como fecha de presentación aquella en la que fuera realizada la enmienda.
Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo cual podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.
4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente si se dispone de él.
5. En caso de que alguno de los documentos que se presente de forma electrónica supere los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de los plazos previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información actualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
Sexto. Comprobación de datos
1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elaborados por las administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su consulta:
a) NIF de la entidad solicitante.
b) DNI o NIE de la persona representante.
c) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.
e) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones tributarias con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
f) Certificación acreditativa de la implantación de un plan de igualdad.
g) Resolución de reconocimiento de la Marca gallega de excelencia en igualdad.
2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de inicio al aportar los documentos.
Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la persona interesada para realizar la consulta.
3. Excepcionalmente, en el caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención de dichos datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los documentos correspondientes.
Séptimo. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes
Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la presentación de la solicitud deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
Octavo. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento
La dirección general con competencias en materia de familia, infancia y dinamización demográfica es el órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento.
Noveno. Enmienda de la solicitud
Si la solicitud no está debidamente cubierta o no se presenta la documentación exigida, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles, enmiende la falta o aporte los documentos preceptivos. En este requerimiento se hará indicación expresa de que, si así no lo hiciesen, se tendrá por desistida de su petición, previa la correspondiente resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de dicha ley, los requerimientos de enmienda se notificarán por publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Décimo. Comisión de Valoración
1. Mediante resolución de la persona titular de la Consellería de Política Social y Juventud se designará una Comisión de Valoración para la evaluación de las solicitudes presentadas de conformidad con los criterios preferenciales. Dicha comisión emitirá el informe resultado de la baremación, informe que le remitirá al órgano instructor para la emisión de la propuesta de resolución.
Dicha Comisión estará formada por:
a) Presidente/a: la persona titular de la subdirección general competente en materia de política familiar, infancia y adolescencia.
b) Tres vocales:
1º. La persona titular del servicio con competencia en justicia penal juvenil.
2º. Dos personas al servicio de la Administración autonómica, adscritas al órgano competente en materia de familia, infancia y dinamización demográfica.
2. El/la secretario/a de la Comisión será un/una funcionario/a público/a de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica que actuará con voz pero sin voto.
3. Por cada miembro de la comisión la persona titular de la consellería designará una persona suplente que sustituirá a la persona titular en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en los que se declare su abstención o recusación.
4. Resulta de aplicación a este órgano, además de lo establecido en la resolución, el régimen jurídico y de funcionamiento previsto para los órganos colegiados en la sección 3ª del capítulo II, título preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico y del sector público, y en el capítulo I, título I, de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.
Decimoprimero. Criterios de valoración y baremo
Se tendrán en cuenta los criterios objetivos de valoración y la ponderación de ellos que a continuación se relacionan:
1. Calidad de la asistencia e intervención propuesta, hasta 55 puntos, según el siguiente desglose:
a) Calidad del proyecto de intervención educativa del centro, hasta 30 puntos, desglosado en los siguientes apartados:
1º. Coherencia entre la problemática y necesidades de las personas menores atendidas y los objetivos, contenidos, metodología y actividades propuestos, hasta 10 puntos.
2º. Calidad de los distintos sistemas de evaluación de la intervención propuestos en el proyecto educativo (evaluación de las actividades, de los programas, de las fases de la intervención y del propio proyecto educativo), hasta 10 puntos.
3º. Detalle de los protocolos de actuación exigidos, hasta 10 puntos.
b) Adecuación del plan de formación del personal del centro a las características de la intervención, hasta 10 puntos. Solo se valorarán las actividades formativas que tengan carácter obligatorio.
c) Oferta de programas a desarrollar en el centro no previstos en el punto 1.3 del anexo II, hasta 5 puntos. Se valorará cada uno de los programas adicionales ofertados para el centro con un máximo de 1,25 puntos, en atención a los siguientes criterios:
1º. Coherencia con los programas y actuaciones exigidas, y relevancia de la intervención, hasta 0,65 puntos.
2º. Innovación, hasta 0,30 puntos.
3º. Extensión de su aplicabilidad a la integración social y laboral de los menores, a través de la creación de redes de apoyo ajenas al centro, hasta 0,30 puntos.
d) Oferta de proyectos de investigación en los que participe la entidad relacionados con la intervención educativa que se lleva a cabo en los centros para el cumplimiento de medidas privativas de libertad, participados o promovidos por la entidad y avalados por las universidades y otros organismos o entidades públicas de investigación, que se están desarrollando en la actualidad o se llevaron a cabo en los últimos cinco años, hasta 5 puntos. Cada proyecto se valorará con un máximo de 1,25 puntos, en atención a los siguientes criterios:
1º. Relevancia del proyecto de investigación, hasta 0,55 puntos.
2º. Innovación, hasta 0,35 puntos.
3º. Impacto del proyecto, hasta 0,35 puntos.
Para cada proyecto de investigación a valorar debe presentarse una memoria en la que se indique el nombre del proyecto, fecha de su realización, tema objeto de investigación, dirección técnica y equipo investigador, universidades y organismos o entidad públicas investigadoras que lo avalan, presupuesto, metodología, innovación e impacto (contribución al logro de un fin).
e) Oferta de equipamientos no previstos en el punto 2.1 del anexo II o en número superior al exigido, hasta 5 puntos, desglosado en los siguientes apartados:
1º. Equipos informáticos puestos a disposición de los menores, hasta 2 puntos (hasta 0,25 puntos por equipo). Se valorarán teniendo en cuenta sus características técnicas y antigüedad.
2º. Vehículos (solo se valorará un vehículo a mayores), hasta 2 puntos. Se valorarán teniendo en cuenta el modelo y el año de matriculación del vehículo.
3º. Equipamientos de ocio y tiempo libre no estrictamente necesarios para la intervención educativa (se valorarán por su contenido educativo, por el fomento de la socialización y de la promoción de la actividad física), hasta 1 punto.
2. Medios personales disponibles (incremento del personal mínimo respecto al exigido en el punto 2.2 del anexo II), hasta 20 puntos, desglosado en los siguientes apartados:
a) Incremento del personal educador del centro, hasta 8 puntos.
Se valorarán las horas del personal educativo ofertadas por encima de lo señalado como mínimo en el punto 2.2.3 del anexo II, hasta 8 puntos, mediante la siguiente fórmula:
Pp=(8×Np/Nm)
Pp: puntuación de la propuesta a valorar.
Np: número de horas ofertadas a mayores en la propuesta a valorar.
Nm: número más alto de horas ofertadas a mayores por las entidades concurrentes. No se valorarán contrataciones de educadores con un número de horas anuales de trabajo inferior a 861 horas anuales.
b) Incremento del personal de vigilancia, hasta 5 puntos.
Se valorará, para cada centro, el incremento de horas de vigilancia diaria por encima de lo señalado como mínimo en el punto 2.2.3 del anexo II, mediante la siguiente fórmula:
Pp=(5×Np/Nm)
Pp: puntuación de la propuesta a valorar.
Np: número de horas diarias de incremento previstas en la propuesta a valorar.
Nm: número de horas más alto al de horas diarias de incremento propuesto por las entidades interesadas en conveniar.
No se valorarán contrataciones de vigilantes por menos de 1 hora diaria de trabajo.
c) Incremento del personal sanitario (médico/a), hasta 3 puntos.
En relación con el personal médico, se valorará la oferta total de horas semanales de permanencia en el centro para la prestación de atención medica que no sea de obligado cumplimiento, conforme a lo previsto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, y en el Real decreto 1774/2004, de 30 de julio.
En caso de que se incrementen las horas de atención médica, deben indicar el número de horas semanales de incremento de dicha atención, así como las horas y días concretos de la semana en los que esta atención se llevará a cabo. En ningún caso el tiempo ofertado como incremento podrá dedicarse a realizar la atención de obligado cumplimiento derivada de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, y del Real decreto 1774/2004, de 30 de julio. Para la comprobación de esta circunstancia se utilizará la documentación relativa a las actuaciones médicas a las que se hace referencia en el apartado 4.3.k) de la Circular 1/2021, de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, de 29 de enero, relativa al procedimiento de actuación para la ejecución y el seguimiento de las medidas judiciales de internamiento y de las medidas de permanencia de fin de semana en el centro impuestas por los juzgados de menores.
Se aplicará la siguiente fórmula:
Pp=(3×Np/Nm)
Pp: puntuación de la propuesta a valorar.
Np: número de horas semanales a mayores (médico/a) previstas en la propuesta presentada para su valoración.
Nm: número de horas semanales a mayores (médico/a) más alto propuesto por las entidades interesadas en conveniar.
d) Incremento de personal coordinador de los centros, hasta 4 puntos.
Por cada coordinador/a que se oferte a mayores deberá indicarse el número de horas anuales por las que se contratará. Se entenderá un coordinador a jornada completa cuando el número de horas anuales por las que se contrate sea 1.722. Las contrataciones que se hagan por un número de horas anuales inferior a ese se valorarán proporcionalmente. No se valorarán contrataciones de coordinadores con un número de horas anuales de trabajo inferior a 861 horas anuales.
3. Experiencia profesional acreditada en programas de intervención dirigidos a menores que se encuentren bajo una medida de protección por parte de la Administración pública o que deban cumplir medidas judiciales, hasta 5 puntos.
Se valorará la trayectoria y experiencia en atención a los siguientes criterios:
a) Por cada año de experiencia profesional acreditada en programas de intervención dirigidos a menores infractores, 1 punto.
b) Por cada año de experiencia profesional acreditada en programas de intervención dirigidos a menores que se encuentren bajo una medida de protección, 0,5 puntos.
4. Importe de la cantidad justificada en concepto de compensación económica, hasta 20 puntos.
En caso de que concurran dos o más solicitantes se aplicará la siguiente fórmula matemática:
Pp=20×[(Cm-Cp)/(Cm-Cb)]
Pp: puntuación de la propuesta que se valora.
Cm: compensación máxima establecida.
Cp: propuesta de gastos que se valora.
Cb: propuesta de gastos más baja de las presentadas.
Decimosegundo. Criterios aplicables en caso de empate
En caso de igualdad en la puntuación conseguida por dos o más propuestas, tendrá preferencia la entidad que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos y por la orden que se indica:
a) Que cuente en su plantilla con un número de personas trabajadoras fijas discapacitadas superior al 2 %. En caso de que varias entidades estén en las mismas circunstancias tendrá preferencia la que disponga de mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad.
b) Que cuente con el reconocimiento de la Marca gallega de excelencia en igualdad o con un plan de igualdad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 65 y 72 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, y en el Decreto 33/2009, de 21 de enero, por el que se regula la promoción de la igualdad en las empresas y la integración del principio de igualdad en las políticas de empleo.
Decimotercero. Resolución del procedimiento
Una vez revisadas y evaluadas por la Comisión de Valoración las solicitudes presentadas y emitido el informe, el órgano instructor elevará a la persona titular de la Consellería de Política Social y Juventud una propuesta de resolución en la que se especificará la entidad seleccionada para llevar a cabo la atención residencial y la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña).
La resolución que ponga fin al procedimiento de selección de entidad colaboradora será dictada por la persona titular de la Consellería de Política Social y Juventud en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia.
Se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva iniciado en virtud de convocatoria pública, por lo que, si transcurriese dicho plazo sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud por silencio, al amparo de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarto. Publicación y notificaciones
La resolución del procedimiento se publicará en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta publicación producirá los efectos de notificación.
Asimismo, será igualmente objeto de publicidad a través de la página web de la consellería de Política Social y Juventud (http://politicasocial.xunta.gal).
Decimoquinto. Régimen de recursos
La resolución dictada en este procedimiento agota la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, el plazo será de seis meses desde el día siguiente a aquel en que la solicitud se entienda desestimada. Los plazos concluirán el mismo día en que se produjo la publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hay un día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Potestativamente, y con anterioridad a la interposición del referido recurso contencioso-administrativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia.
Si la resolución es presunta, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, al amparo de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimosexto. Suscripción de convenios
Una vez publicada la resolución del procedimiento en el Diario Oficial de Galicia, se procederá a la formalización del convenio con la entidad seleccionada, de acuerdo con el modelo previsto en el anexo IV. La fecha límite de la firma del convenio será el 1 de septiembre de 2022.
Decimoséptimo. Vigencia del convenio
El convenio que se suscriba al amparo del presente procedimiento producirá efectos desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2024 y podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes por períodos sucesivos, no superior cada uno de ellos a un año, hasta un máximo de 2 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes.
ANEXO II
Características de la intervención educativa
1. Proyecto de intervención educativa integral.
1.1. La intervención educativa. Objetivos y principios generales de la intervención.
– La intervención educativa que se realice con la persona menor en ejecución de la medida judicial que le haya sido impuesta seguirá, en todo caso, lo establecido en la parte dispositiva/fallo de la sentencia. Asimismo, será integral e incorporará la perspectiva de género, y deberá abarcar tanto la dimensión personal como la familiar y social.
– La intervención educativa tendrá como objetivo principal la reinserción social de la persona menor, para lo cual se perseguirá que esta:
a) Asuma las consecuencias de la comisión del ilícito penal y se responsabilice del cumplimiento de la medida.
b) Tome conciencia cívica de sus derechos y deberes y sepa respetar los derechos y libertades de las otras personas.
c) Potencie las actitudes y adquiera las competencias y habilidades que beneficien su desarrollo integral y le permitan ejercer una ciudadanía plena.
– La intervención educativa responderá en su formulación y desarrollo a los siguientes principios generales:
a) El superior interés de la persona menor sobre cualquier otro interés concurrente.
b) El respeto al libre desarrollo de su personalidad.
c) La información de los derechos que le corresponden y la asistencia necesaria para su ejercicio.
d) La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de las otras personas.
e) La adecuación de las actuaciones a su edad, personalidad, género y circunstancias personales y sociales.
f) Utilización preferente de los recursos normalizados del ámbito comunitario, en aquellos casos en los que el régimen de internamiento lo permita y siempre que no sea perjudicial para el interés de la persona menor.
g) El fomento de la colaboración de las madres y padres o personas que ostenten la representación legal durante la ejecución de las medidas.
h) El carácter preferentemente interdisciplinar en la toma de decisiones que afecten o puedan afectar a la persona menor.
i) La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias innecesarias en la vida privada de las personas menores y de sus familias.
j) La coordinación de actuaciones y la colaboración de los equipos de profesionales de medio abierto de las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social y Juventud y con otros organismos, especialmente con los que tengan competencias en materia de educación, sanidad y protección de menores.
k) El carácter socializador y la prevalencia de la función social y psicopedagógica en la ejecución y contenido de las medidas.
1.2. Derechos y deberes de la persona menor garantizados en la intervención.
La persona menor que ejecute una medida judicial en un centro de internamiento tiene derecho a que se le respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos reconocidos por la legislación vigente que no estén afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minoría de edad civil cuando sea el caso.
Específicamente, se le reconocen los derechos recogidos en el artículo 56 de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
De igual manera, la persona menor interna tendrá los deberes que se recogen en el artículo 57 de dicha ley.
La persona menor recibirá en el momento de su ingreso información escrita en un idioma que entienda sobre estos extremos, así como sobre el régimen de internamiento en el que se encuentra, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. También se le informará de la existencia del procedimiento habeas corpus y de los supuestos en los que puede instarlo. Si tiene dificultades para entender el contenido de esta información, se le explicará por otro medio idóneo.
1.3. Fases de intervención, metodología y programas a desarrollar.
– La intervención se organizará, cuando menos, en las siguientes fases:
a) Fase de acogida, valoración diagnóstica y elaboración del programa individualizado de ejecución de la medida.
b) Fase de desarrollo y seguimiento de la intervención.
c) Fase de preparación del segundo período de libertad vigilada y evaluación de la intervención.
– La metodología se fundamentará, con carácter general, en los siguientes principios:
a) Contextualización-normalización: la intervención se realizará, siempre que sea compatible con la medida judicial impuesta, en el entorno social de la persona menor y usando las redes sociales normalizadas y especializadas.
b) Individualización: la intervención tendrá en cuenta las circunstancias y características individuales, familiares y sociales de la persona menor.
c) Perspectiva de género: se realizará una intervención que tenga en cuenta el género en el proceso de conformación de la identidad, permita reconocer los factores de riesgo y protección asociados a esta variable y la considere como factor de desarrollo e integración social.
d) Potenciación: la intervención tendrá en cuenta las necesidades y carencias de la persona menor con el objeto de fomentar su autonomía y madurez personal y superar sus déficits formativos, culturales, de habilidades sociales y personales.
e) Integración: se contemplará la persona menor de una forma integrada para lograr el arraigo e inclusión en su realidad social.
f) Orientación: la intervención proporcionará ayuda técnica y humana a la persona menor, dotándola de herramientas para manejar y superar sus dificultades y conflictos.
– En todo caso, la metodología de los distintos programas y actividades que se desarrollen para la intervención educativa integral será:
a) Comprensiva y guiada, de tal manera que la persona menor entienda tanto los contenidos como el procedimiento que se va a trabajar.
b) Integradora, relacionando los diversos aprendizajes de contenidos de diferentes áreas que formen parte de una misma realidad.
c) Participativa, basándose en la motivación de la persona menor, en el fomento de su iniciativa y de su implicación en el desarrollo de las actividades.
d) Grupal y cooperativa, persiguiendo el desarrollo, la cohesión y la vivencia del sentimiento de colaboración y equipo en aquellas actividades que se realicen en grupo.
e) Dinámica, incorporando nuevos recursos materiales, especialmente los relacionados con los medios audiovisuales y las tecnologías.
f) Progresiva, partiendo de la situación inicial de la persona menor se irán proponiendo actividades que supongan una mayor dificultad, implicación y responsabilidad.
g) Reflexiva y de análisis, facilitando que la persona menor pueda aplicar los conocimientos, actitudes y competencias técnicas e instrumentales que mejoren su posición personal y participación social.
– La intervención educativa en los centros de internamiento supone el desarrollo, cuando menos y sin perjuicio de cualquier otro que incida en el desarrollo personal y social
del/de la menor, de los siguientes programas socioeducativos:
a) De competencia social.
b) De educación en valores.
c) De promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y prevención de la violencia de género.
d) De aprendizaje y apoyo escolar.
e) De tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y de su uso seguro y responsable.
f) De educación para la salud.
g) De prevención y tratamiento del consumo de drogas y otras adicciones.
h) De educación y seguridad viaria.
i) De educación afectivo-sexual.
j) De motivación, formación y orientación para la inserción laboral.
k) De educación ambiental.
l) De ocio y tiempo libre.
m) De intervención familiar.
n) De ayuda psicológica y autoapoyo: desarrollo de la inteligencia emocional.
ñ) De detección y evaluación del riesgo de reincidencia.
o) De maternidad-paternidad responsable.
p) De atención a personas menores maltratadoras y a sus familias.
q) De control de la agresividad y violencia.
r) De tratamiento de agresores sexuales.
s) De atención específica y de lucha contra los abusos sexuales de las personas menores y la pornografía infantil.
1.4. La intervención educativa en la ejecución de las medidas de permanencia de fin de semana.
La intervención educativa que se realice con la persona menor en ejecución de la medida judicial de permanencia de fin de semana que le haya sido impuesta seguirá, en todo caso, lo establecido en la parte dispositiva/fallo de la sentencia. El programa individualizado de ejecución propondrá la realización de tareas de carácter formativo, cultural o educativo.
1.5. La acción tutorial.
Una de las funciones más relevantes del personal educador en cuanto a la atención del proceso evolutivo individual de la persona menor es ejercer su tutoría. El/la tutor/a será la persona referente principal de cada persona menor desde su ingreso hasta la salida del centro y le ayudará a situarse en ese nuevo espacio, desconocido para ella, constituyendo el punto de apoyo fundamental en su proceso de adaptación y durante todo el período de internamiento. También será la persona responsable de la elaboración y seguimiento de su PIEM y de la elaboración de los correspondientes informes.
1.6. Atención residencial.
La atención residencial garantizará, en un marco vivencial adecuado a la edad y condición de las personas menores internas, la adecuada cobertura de sus necesidades básicas: alojamiento, alimentación, vestuario, aseo y traslados.
También proporcionará la vigilancia y seguridad interior necesaria para asegurar el adecuado cumplimiento de la medida de privación de libertad de acuerdo con lo previsto a este respecto en el Real decreto 1774/2004.
1.7. Estructura y contenidos mínimos del proyecto de intervención educativa de centro:
a) Marco legal.
b) Descripción del centro:
1º. Datos identificativos.
2º. Situación geográfica.
3º. Tipología de centro.
4º. Recursos del centro (infraestructuras, humanos, materiales, financieros).
5º. Recursos del entorno.
c) Características de la población atendida.
d) Áreas de intervención:
1ª. Psicológica.
2ª. Salud.
3ª. Escolar.
4ª. Formación, orientación e inserción laboral.
5ª. Ocio y tiempo libre.
6ª. Convivencia y relaciones con el entorno social.
7ª. Familiar.
e) Objetivos por áreas de intervención.
f) Contenidos y programas socioeducativos por áreas de intervención (tanto los programas recogidos en el punto 1.3 del anexo como aquellos que desarrolle la entidad a mayores. Estos últimos deben identificarse de forma clara.
Para cada programa se describirá su fundamentación, objetivos generales y específicos, contenidos, actividades, temporalización, metodología y evaluación cuantitativa y cualitativa tanto del programa como de cada una de las actividades que lo componen.
g) Metodología de la intervención (organización de la vida diaria, grupos de separación, fases educativas (progresión y regresión), sistema de bonificaciones ...).
h) Organización y funcionamiento del centro:
1º. Descripción y funciones del personal, de los órganos de gobierno y gestión, así como de otros equipos de trabajo que se puedan constituir en el centro.
2º. Organización del personal y normas de funcionamiento de los órganos de gobierno y gestión, y del resto de equipos de trabajo.
3º. Descripción del sistema de relaciones y coordinación con las familias, recursos comunitarios, juzgados, fiscalías y entidad pública.
4º. Protocolos:
4º.1. Protocolos de actuación para cada fase de la intervención.
4º.2. Protocolo de actuación para asegurar la integridad física y psíquica de la persona menor en situaciones en que sea necesario usar medios de contención.
4º.3. Protocolo para la intervención en situación de crisis.
Se entenderán por situaciones de crisis las siguientes:
4º.3.1. Agresiones, amenazas o coacciones graves.
4º.3.2. Motines, plantes o desórdenes colectivos.
4º.3.3. Evasiones o intentos de evasión de los centros.
4º.3.4. Resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes.
4º.3.5. Introducción o posesión de armas o instrumentos materiales que puedan ser utilizados para causar daños a las personas.
4º.3.6. Deterioro deliberado y grave de las instalaciones.
4º.4. Protocolo para prevención de suicidios.
i) Sistema de seguimiento y evaluación de la intervención educativa en las distintas fases.
j) Sistema de evaluación del proyecto educativo (objetivos, temporalización, instrumentos, criterios e indicadores).
2. Recursos materiales y humanos para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
2.1. Recursos materiales.
La entidad deberá contar con los siguientes recursos materiales para el centro Concepción Arenal:
a) Los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad, tanto los fungibles como los inventariables que no estuviesen incluidos en el inventario de bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma o lo estuviesen en cantidad insuficiente.
b) Un vehículo, con un mínimo de nueve plazas, para los traslados de las personas menores internas a las distintas actividades que se realicen fuera del centro. Dicho vehículo podrá ser sustituido por dos de cinco plazas cada uno.
c) Conexión a internet, doce equipos informáticos y dos impresoras para uso exclusivo de las personas menores internas.
Todos los recursos materiales ofertados (tanto los mínimos exigidos como los ofertados a mayores) deben estar siempre en perfecto estado de uso. Deben ser sustituidos por otros cuando sea necesario, previa comunicación a la Consellería de Política Social y Juventud, a través de la dirección general competente en materia de familia, infancia y dinamización demográfica. En ninguno caso podrán ser sustituidos por otros de características técnicas y valor inferiores.
2.2. Recursos humanos.
– Perfiles profesionales. El centro, a los efectos de garantizar la calidad de la atención residencial y la intervención educativa integral, contará con los siguientes perfiles profesionales:
a) El personal educador. Es el encargado directo de la ejecución de las medidas judiciales. Realiza el seguimiento de la persona menor con el objetivo de facilitarle su proceso socializador y madurativo, atendiendo especialmente a su proceso evolutivo individual, mediante el apoyo necesario en la superación de las dificultades que dieron lugar al comportamiento problemático que supuso la infracción penal y en la mejora de sus condiciones personales, familiares y sociales. Este personal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1º. Conocer las características de la persona menor, de su familia y de su entorno social.
2º. Informar de manera comprensiva a la persona menor y a su familia sobre su situación judicial y los derechos y obligaciones que marca la ley.
3º. Valorar las necesidades educativas de cada persona menor de acuerdo con sus factores de riesgo y protección.
4º. Analizar la situación de la persona menor en su totalidad y adaptar a ella la intervención educativa.
5º. Participar en la elaboración, así como en la ejecución y seguimiento de los Programas individualizados de ejecución (PIEM) y de los modelos individualizados de intervención (MII).
6º. Participar en la elaboración de los informes pertinentes sobre la evolución de los/las menores o jóvenes a su cargo.
7º. Explicar a la persona menor y, si procede, a su familia el PIEM en su vertiente educativa y judicial.
8º. Acompañar, orientar y educar a las personas menores en su proceso de maduración y de desarrollo de hábitos y habilidades personales y sociales: hábitos de higiene, orden de las dependencias, hábitos de alimentación y habilidades de diálogo, discusión y comportamiento social.
9º. Proporcionar mediación y ayuda para resolver las situaciones conflictivas que tengan las personas menores a nivel personal, familiar y social.
10º. Reforzar el proceso de formación regulada cuando así se precise.
11º. Apoyar el proceso de orientación y formación laboral de las personas menores fomentando sus capacidades para insertarse en la sociedad.
12º. Asegurar el cumplimiento de la normativa del centro por parte de las personas menores.
13º. Programar y desarrollar actividades de ocio dentro del centro y proporcionar alternativas de ocupación del tiempo libre a través de la participación en actividades de ocio organizadas fuera del centro.
14º. Acompañar a las personas menores en las salidas al exterior, no solo para realizar actividades de ocio sino también educativas, formativas, laborales, sanitarias, así como para la realización de trámites administrativos o judiciales.
15º. Ejercer la tutoría de las personas menores que le sean encomendadas.
16º. Formar parte de los órganos colegiados que le corresponda.
Todo el personal educador adscrito a la ejecución de estas medidas deberá estar en posesión de una diplomatura o titulación universitaria de grado en Educación Social, o en materias propias o relacionadas con la intervención educativa o social, o contar con la acreditación correspondiente para el desempeño de esta función.
b) El personal psicólogo. Se encarga del diagnóstico y tratamiento de problemas psicológicos y de la maduración personal de las personas menores en cuanto al autoconocimiento y al análisis personal. Entre sus funciones estarán:
1º. Estudiar la información psicológica que figure en el expediente remitido por el juzgado y completarla si fuese preciso.
2º. Detectar posibles patologías clínicas o el consumo de sustancias tóxicas y derivar, en su caso, al recurso especializado que corresponda, complementando desde el centro los tratamientos llevados a cabo en esos recursos.
3º. Colaborar con el resto del personal en la elaboración del PIEM y de los informes, tanto los estipulados en la legislación aplicable como los que le hayan sido requeridos expresamente.
4º. Asesorar y dar apoyo técnico al personal educador durante todo el proceso de intervención educativa.
5º. Colaborar en el trabajo de evaluación y seguimiento de la persona menor.
6º. Elaborar y desarrollar programas de intervención psicológica tanto a nivel individual como familiar y de grupo.
7º. Realizar, en los casos en que sea necesario, tratamientos psicológicos y terapias de apoyo, tanto a nivel individual como familiar y de grupo.
8º. Formar parte de los órganos colegiados que le corresponda. Este personal deberá estar en posesión de una licenciatura o titulación universitaria de grado en Psicología.
c) El personal trabajador social. Este personal evaluará las relaciones de la persona menor con su medio social y familiar y orientará el trabajo del personal educador en esta área, para lo cual deberá conocer en profundidad el mapa de recursos y su dimensión comunitaria, en especial aquellos que fijan su atención en las personas menores y sus familias (servicios sociales, oficinas de empleo, asociaciones, recursos de ocio y tiempo libre, entidades deportivas y sociales, etc.). Este personal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1º. Informar a la persona menor y su familia de los recursos y ayudas sociales existentes, en los casos en que sea necesario.
2º. Tramitar la documentación y permisos administrativos que, en su caso, pueda precisar la persona menor.
3º. Diseñar y desarrollar, en colaboración con el resto de los profesionales de orientación e inserción laboral que intervengan en el centro, programas para la mejora de la capacidad de empleo de las personas menores.
4º. Colaborar con el resto de los profesionales de la intervención educativa y de orientación e inserción laboral en el diseño del itinerario personalizado de formación y/o de inserción sociolaboral y, en su caso, asumir su elaboración.
5º. Colaborar con el resto del personal de intervención educativa en la elaboración del PIEM y de los informes estipulados en la legislación aplicable.
6º. Dar apoyo técnico al personal educador durante todo el proceso de intervención educativa.
7º. Colaborar con el resto del personal de intervención educativa en el trabajo de evaluación y seguimiento de la persona menor aportando la información oportuna para la elaboración de los informes estipulados en la legislación aplicable.
8º. Coordinarse con las entidades públicas o servicios sociales durante el desarrollo de la intervención.
9º. Formar parte de los órganos colegiados que le corresponda.
Este personal deberá estar en posesión de una diplomatura o titulación universitaria de grado en Trabajo Social.
d) El personal médico. Le corresponde velar por la salud de las personas menores internas.
Entre sus funciones estarán la de colaborar en el trabajo de evaluación y seguimiento del/de la menor aportando la información oportuna para la elaboración de los informes estipulados.
Este personal deberá estar en posesión de la licenciatura o titulación universitaria de grado en Medicina.
– Órganos de gobierno, gestión y representación.
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la calidad en la actividad desarrollada, los centros en los que se llevará a cabo la atención residencial y la intervención educativa integral objeto de este convenio contarán, al menos, con los siguientes órganos de gobierno, gestión y representación:
a) La dirección del centro.
La dirección será ejercida en cada centro por un/una profesional licenciado/a, diplomado/a o con titulación universitaria de grado, preferentemente de la rama de las ciencias jurídicas y sociales (Psicología, Pedagogía, Sociología, Educación Social o Trabajo Social).
La dirección tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1º. Ejercer la guardia de los y de las menores durante el cumplimiento de la medida de internamiento que les haya sido impuesta.
2º. Cumplir y hacer que el personal de intervención educativa adscrito a la ejecución de las medidas cumpla los mandatos judiciales que provengan del juzgado de menores correspondiente.
3º. Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, de las directrices e instrucciones de la jefatura territorial de la Consellería de Política Social y Juventud y de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica y de las normas de funcionamiento interno del centro.
4º. Planificar y organizar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del centro.
5º. Planificar, de acuerdo con el proyecto educativo del centro, la intervención socioeducativa.
6º. Dirigir y coordinar el desarrollo de los programas, así como las actuaciones del personal de intervención educativa, de manera que se garantice la interdisciplinariedad y la calidad de la intervención.
7º. Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias de los centros y de sus programas individualizados de ejecución de las medidas.
8º. Establecer canales de colaboración con otras entidades y organismos, persiguiendo la optimización de los recursos del entorno y la calidad de la atención.
9º. Establecer la necesaria coordinación con el equipo de medio abierto de la jefatura territorial de la Consellería de Política Social y Juventud correspondiente, para la preparación de los períodos de libertad vigilada correspondientes al segundo período de las medidas de internamiento.
10º. Garantizar la elaboración de toda la documentación que la normativa exige para la ejecución de las medidas y su remisión en plazo a los distintos órganos competentes en el área de menores.
11º. Elaborar evaluaciones periódicas de la actividad e intervenciones efectuadas y sobre las actuaciones llevadas a cabo con las personas menores.
12º. Dirigir y moderar los actos colectivos.
13º. Convocar y presidir las reuniones de los órganos colegiados, así como cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por estos.
b) La subdirección del centro.
Al igual que la dirección, la subdirección será ejercida en cada centro por una persona licenciada, diplomada o con titulación universitaria de grado, preferentemente de la rama de las ciencias jurídicas y sociales (Psicología, Pedagogía, Sociología, Educación Social o Trabajo Social). El personal de subdirección tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1º. Colaborar con la dirección en el ejercicio de sus funciones.
2º. Asumir las funciones que la dirección le delegue.
3º. Sustituir al/a la director/a en los casos de ausencia, asumiendo en estos casos todas sus funciones.
c) Personal coordinador.
Es el personal responsable en cada turno de la coordinación socioeducativa y pedagógica del centro y del correcto funcionamiento del mismo en todas sus vertientes, constituyéndose, por tanto, en persona de referencia para cualquier problema que se presente en las instalaciones, en el grupo de menores, en el equipo educativo o en el resto del personal. Este personal tendrá, por lo menos, las siguientes funciones:
1º. Asumir la responsabilidad del centro en ausencia de los titulares de la dirección y subdirección.
2º. Coordinar y dirigir las entradas y salidas de turno, gestionando la información que se genere durante la actividad de los menores en el centro, asegurando su transmisión a los diferentes profesionales.
3º. Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades programadas y de la vida diaria del centro.
4º. Adoptar las medidas necesarias para mantener el buen orden del centro, informando inmediatamente a la dirección en los supuestos de incidentes que revistan gravedad.
5º. Organizar, impulsar y supervisar la actuación del personal de atención educativa directa, de acuerdo con los criterios del proyecto educativo de centro.
6º. Controlar que las instalaciones y materiales precisos para el desarrollo de la actividad estén en buen estado.
7º. Garantizar que los libros de registro y demás partes que deban ser cubiertos por el personal del centro estén permanentemente actualizados.
8º. Atender, en primera instancia, las incidencias que se produzcan con las personas menores.
9º. Asistir a los registros de las personas menores y de sus pertenencias o de las instalaciones, velando por que se hagan en las condiciones previstas en la normativa aplicable.
10º. Dirigir y moderar los actos colectivos cuando no esté presente el personal directivo.
11º. Informar diariamente a la dirección del funcionamiento del centro y recibir las oportunas instrucciones.
12º. Formar parte de los órganos colegiados que le correspondan.
Este personal deberá contar con una licenciatura, diplomatura o titulación universitaria de grado, preferentemente de la rama de las ciencias jurídicas y sociales (Psicología, Pedagogía, Sociología, Educación Social o Trabajo Social).
d) El Consejo de Centro.
Es el órgano colegiado que asumirá la coordinación general del centro, marcando las directrices y adoptando los acuerdos procedentes.
Estará compuesto por los siguientes miembros:
1º. El/la director/a.
2º. El/la subdirector/a.
3º. Un representante del personal coordinador.
4º. Dos representantes del personal educador.
5º. Un/una representante del restante personal técnico de intervención.
6º. Un/una representante de los/las menores.
7º. Un/una representante del personal de servicios.
8º. Un/una representante de la jefatura territorial de la Consellería de Política Social y Juventud.
Entre sus funciones estarán:
1º. Aprobar las modificaciones del proyecto educativo y elevar dicha modificación a la consellería para su aprobación.
2º. Elaborar los proyectos de reglamento de régimen interno y sus modificaciones y elevarlos a la consellería para su aprobación.
3º. Aprobar la programación anual de actividades.
4º. Elaborar y evaluar la memoria anual de actividades.
5º. Supervisar que las directrices y programaciones se ajusten a los principios, criterios y objetivos establecidos por la Consellería de Política Social y Juventud.
6º. Proponer a la Consellería de Política Social y Juventud las medidas que considere convenientes para mejorar el funcionamiento del centro.
El consejo se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año. Se reunirá en sesión extraordinaria cuando las circunstancias lo aconsejen, incluyendo en el orden del día solo el tema o temas que determine la convocatoria.
e) La Comisión Educativa.
Es el órgano colegiado de carácter técnico y multiprofesional que, con independencia de las funciones que de acuerdo con su perfil profesional correspondan a cada miembro, realizará funciones de estudio, asesoramiento, propuesta, seguimiento, valoración e intervención especializada.
Estará compuesto por los siguientes miembros:
1º. El/la director/a.
2º. El/la subdirector/a.
3º. Personal coordinador.
4º. Personal educador.
5º. Personal psicólogo.
6º. Personal de trabajo social.
Entre sus funciones estarán:
1º. Presentar al Consejo de Centro propuestas de reglamento de régimen interno y sus modificaciones.
2º. Elaborar la programación anual de actividades.
3º. Hacer el seguimiento de la programación del centro y de la intervención educativa, tanto a nivel individual como de grupo.
4º. Aportar los datos necesarios para la elaboración de la memoria anual de actividades.
5º. Elevar a la dirección, para su tramitación, propuestas sobre modificaciones de medidas.
La Comisión Educativa se reunirá las veces necesarias para el cumplimiento de sus funciones y, para no alterar el correcto funcionamiento del centro, podrá organizarse en subcomisiones.
El/la médico/a del centro deberá acudir a las reuniones de esta comisión cuando sea expresamente convocado/a por figurar en la orden del día el tratamiento de asuntos relacionados con sus funciones.
2.2.3. Personal mínimo para la ejecución del convenio.
Con el fin de garantizar la atención residencial y la intervención educativa de las personas menores que deben cumplir medidas privativas de libertad de acuerdo con el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia, las entidades concurrentes deberán aportar, como mínimo los siguientes recursos humanos:
1º. Director/a.
2º. Subdirector/a.
3º. Coordinadores/as.
– El número de educadores/as suficiente para desarrollar en cómputo anual un mínimo de 55.861,25 horas, con independencia de las substituciones que, en cumplimiento del párrafo siguiente, tengan que llevarse a cabo.
En todo caso, la entidad seleccionada debe garantizar en todo momento el cumplimiento de la ratio establecida en el Decreto 329/2005, de 28 de julio. Asimismo, deberá garantizarse también la presencia de 2 educadores en los turnos de noche.
Para el cómputo de la ratio de educadores no se tendrá en cuenta el personal coordinador.
4º. 1,5 psicólogos/as.
5º. 1,5 trabajadores/as sociales.
6º. 1 médico/a (con permanencia en el centro el tiempo necesario para dar cumplimiento a los requerimientos de atención previstos en el Real decreto 1774/2004, de 30 de julio).
7º. Personal de vigilancia del centro. Deberá garantizarse una cobertura mínima de 64 horas diarias de vigilancia.
8º. 3 trabajadores/as para el servicio de cocina.
9º. 1,5 trabajadores/as del servicio de limpieza y lavandería.
10º. 0,5 trabajador/a de mantenimiento de las instalaciones.
11º. 0,66 trabajador/a para la gestión administrativa vinculada al funcionamiento del centro.
En la memoria que se adjunte al convenio se deberá indicar, en relación con este personal, la modalidad de contratación, titulación, jornada, horarios y número de horas anuales de dedicación.
3. Plan de formación continua del personal.
El plan de formación, para cada actividad formativa deberá indicar:
a) Carácter (obligatorio o voluntario).
b) Objetivos y contenidos.
c) Número de profesionales (y categoría a la que pertenecen) que va a participar en cada actividad formativa.
d) La duración en horas.
d) El perfil profesional o formativo de las personas encargadas de la docencia. Se deberá indicar la titulación, experiencia profesional y como docente, así como la entidad a la que pertenece.
f) Calendarización de las actividades formativas que se van a llevar a cabo en el período de vigencia del contrato correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024.
Será obligatoria la formación del equipo educativo y técnico en materia de género, transexualidad y diversidad sexual.
