La Xunta reitera su reclamación al Gobierno central por el daño ambiental y los costes generados por el episodio de los pellets

Mientras que el Gobierno gallego actuó con la máxima celeridad y responsabilidad poniendo en marcha un dispositivo por tierra, mar y aire, el Ejecutivo central apenas movilizó medios para mitigar la llegada de los pellets a la costa de la Comunidad

Reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental para que Galicia reciba el desembolso económico realizado, que superó los 2,3 M€

De mantenerse el silencio del Gobierno central, la Administración gallega recurrirá a la vía judicial presentando un recurso de alzada previo al contencioso-administrativo

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2025

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que reitera la solicitud de información sobre la reclamación por el daño ambiental y los costes generados por las consecuencias de la pérdida de un contenedor de pellets por parte del buque mercante Toconao frente a espaldas portuguesas en diciembre de 2023.

En concreto, en la misiva el Gobierno gallego reclama datos sobre la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental, que había solicitado ya formalmente en enero de 2024, en virtud del cual el Ejecutivo central debería identificar a los responsables del suceso, la evaluación de los daños medioambientales, la definición de las medidas de prevención y reparación, así como la repercusión de los costes de las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas y locales.

Hace falta recordar que mientras que la Xunta actuó con la máxima celeridad y responsabilidad en cuanto tuvo conocimiento del suceso, poniendo en marcha un dispositivo por tierra, mar y aire en el que, en algunos momentos, llegaron a estar trabajando a pie de playa más de 400 personas, el Gobierno central apenas movilizó medios para hacer frente a la llegada de los pellets a la costa gallega a pesar de las reiteradas peticiones del Ejecutivo gallego.

Este operativo, que actuó en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros, tuvo un coste estimado para el Gobierno autonómico de más de 2,3 millones de euros. Un desembolso económico que no tiene que ser asumido por las gallegas y gallegos, sino por los responsables de los daños causados.

Por eso, la Xunta exige de nuevo al Ejecutivo central que inicie el dicho procedimiento. De mantenerse el silencio del Ministerio, la Administración gallega presentará un recurso de alzada como paso previo a la interposición de una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Fecha de actualización: 17/04/2025