La Xunta autoriza una planta de valorización para una empresa de reparación y venta de redes de pesca usadas en Boiro
La resolución de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático no prevé que la actuación tenga impactos significativos sobre el entorno si se cumplen los condicionantes fijados en el propio informe ambiental y en la documentación evaluada
El centro gestor almacenará y clasificará residuos no peligrosos con una capacidad de gestión de 2.000 t/año, que puede llegar como máximo a 4.000 t/año
Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2025
La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al proyecto para la implantación de un centro gestor de residuos para la valorización de redes de pesca usadas de una empresa con instalaciones en Boiro (A Coruña). El proyecto autorizado está supeditado al cumplimiento de las condiciones incluidas en los distintos documentos emitidos durante la tramitación ambiental.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución del informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. En dicho estudio, se resuelve que no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en la restante documentación analizada y en el programa de vigilancia ambiental.
En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegato al respeto, al tiempo que fueron consultados un total de ocho organismos interesados.
Fruto de esas consultas, fueron establecidos algunos condicionantes que se recogen en la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad. El informe de impacto ambiental marca también el contenido que deberá tener el programa de vigilancia y seguimiento ambiental, que tendrá que elaborar el promotor del proyecto.
En este sentido, esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a la protección de la atmósfera y contaminación acústica, población y salud; aguas y lechos fluviales; gestión de residuos; integración paisajística o protección de la fauna y de la vegetación, entre otros.
Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, también fue remitida la resolución al órgano sustantivo -a Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad-.
La empresa, relacionada con la compra de redes usadas para repararlas en ponerlas nuevamente a la venta o reutilizarlas para fabricar otros productos, tiene en la actualidad edificaciones localizadas en tres parcelas, con una superficie de 28.204 m, localizada en el lugar de Vilariño, en la parroquia de Cespón, en el municipio coruñés de Boiro. La actividad principal, que continuará en las instalaciones ya existentes, será independiente de un nuevo centro de valorización.
En concreto, el proyecto de planta de valorización de redes de pesca, promovida por JJ Chicolino SL, consiste en un centro gestor encargado del almacenamiento y clasificación de residuos en el peligroso (RNP) -principalmente redes fabricadas con material plástico- para su reutilización. De acuerdo al documento ambiental, la actividad se desarrollará íntegramente en el exterior y se estima una capacidad normal de gestión de 2.000 t/año, siendo la capacidad máxima estimada de gestión de 4.000 t/la.
Ahora la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Consellería do Medio Rural, como órgano sustantivo -encargado de tramitar el conjunto del proyecto y de autorizarlo en última instancia-, pasa a asumir de nuevo el expediente una vez completado el trámite ambiental y se encargará de velar, en caso de salir adelante, por el cumplimiento de las exigencias ambientales recogidas tanto en los distintos informes sectoriales como en el propio IIA y en el plan de vigilancia ambiental de aplicación.