Santiago de Compostela, 28 de octubre de 2025

La Xunta trasladará a la Unión Europea los proyectos gallegos que optan a financiación del Fondo Social por el Clima (FSC) ante la dejadez de funciones del Gobierno central en esta cuestión.

Según explicó hoy la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en rueda de prensa, junto con el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el Ejecutivo central incumplió el plazo para enviar a las autoridades comunitarias el Plan Social para el Clima, que era el documento en el que se debían recoger las propuestas españolas a incluir en esta iniciativa europea.

El plazo finalizaba el pasado 30 de junio y, tal y como confirmó por carta la directora de Mercados de Carbono y Movilidad Sostenible de la Comisión Europea, Beatriz Yordi, el Gobierno central aún no presentó dicho plan, lo que supone la pérdida de 6.800 millones de euros asignados a España en el marco del FSC y que se complementaría con el 25%, unos 2.000 millones, que debería aportar el Estado.

En total, España podría disponer de un total de 9.000 millones de euros para avanzar hacia una transición energética más justa para los sectores más vulnerables de la sociedad, mediante ayudas temporales y directas a la renta e inversiones que permitan reducir la dependencia de los combustibles fósiles en transporte, microempresas y hogares vulnerables.

En este sentido, Ángeles Vázquez recordó que esta dejadez del Gobierno central ya fue denunciada por la Xunta en marzo, cuando, en el marco de las observaciones presentadas a la consulta pública previa abierta sobre el Plan Social por el Clima, solicitó la participación activa de las comunidades autónomas en la toma de decisiones sobre la gestión de estos fondos, con la identificación de las medidas e inversiones más adecuadas para desarrollar en sus territorios.

El Gobierno central no atendió esta solicitud y, además, nunca trasladó ni un borrador ni el plan definitivo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, “dio la callada por respuesta” cuando Vázquez le trasladó su preocupación durante una reunión en junio, recordó la conselleira.

Asimismo, el Ministerio tampoco ofreció explicación alguna sobre si se trata de un retraso en la elaboración del Plan Social o de una renuncia expresa a esta financiación europea. “La preocupación ahora es doble”, explicó Vázquez; “primero, falta de transparencia total y absoluta y opacidad en relación con estos fondos, y qué ocurrirá a partir de ahora”. La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático se preguntó si el Gobierno central considera que no necesita optar al FSC o si estamos ante un caso de “dejadez de funciones”.

Esta inacción del Ejecutivo central evidencia que, a pesar de anuncios como el Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que calificó de “pantalla” que “no tiene ningún fondo”, la realidad es que no está trabajando en la lucha contra el cambio climático con acciones prácticas y reales, incidió Ángeles Vázquez.

De hecho, este martes se celebró el Consello Nacional por el Clima —órgano colegiado interministerial y de participación de todas las administraciones públicas, así como de organizaciones sociales y ambientales— donde ese pacto de estado figura en el orden del día, pero no se trasladó ninguna información previa al respecto sobre la que poder trabajar.

Más de 60 proyectos por importe de 2.000 M€

Por el contrario, Galicia sí está cumpliendo con sus obligaciones. La Xunta presentó ante el Gobierno central más de 60 proyectos por importe de cerca de 2.000 millones de euros para obtener financiación del FSC.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reivindicó que Galicia es ejemplo de buena gestión y eficiencia en la ejecución de los fondos europeos que se conceden a la comunidad y “cumple en plazo y con inversiones para alcanzar los objetivos de cada convocatoria”. Esto contrasta con la actitud del Gobierno central que, como aclaró, “cuando tiene a su disposición fondos para actuaciones en el territorio nacional”, como es el caso del Fondo Social por el Clima, esa cofinanciación corre riesgo por no presentar la propuesta de España a tiempo.

Por ello, recordó que, tal y como se abordó la semana pasada en la reunión extraordinaria de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, es “una preocupación compartida por las comunidades” el riesgo de centralización de los fondos en el marco del debate del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Por ello, la Xunta defiende mantener la participación efectiva de las regiones en el diseño y gestión de las políticas europeas porque —señaló— “cuando la UE concede fondos directamente al Estado, quien pierde es la ciudadanía al no tenerse en cuenta a las comunidades en esa distribución o porque su gestión es menos ágil y más compleja o, incluso, como en este caso, no se presentan a tiempo”.

Además, explicó que en la propuesta remitida al Ejecutivo estatal se incluían proyectos de su departamento con el objetivo de avanzar hacia una movilidad sostenible, a los que se suman otros dirigidos a mejorar la descarbonización mediante actuaciones de eficiencia energética en edificios administrativos y judiciales, instalaciones deportivas o estaciones de autobuses, así como colaboraciones con los ayuntamientos gallegos para que puedan realizar estas mejoras en sus infraestructuras y servicios municipales.

Por su parte, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, criticó “la dejadez y la falta de responsabilidad” del Gobierno central, que dejó a Galicia sin opciones de optar a 1.460 M€, en tres iniciativas presentadas por la Xunta dirigidas a vivienda eficiente y sostenible en el marco del Plan Social por el Clima.

María M. Allegue explicó que se trata de iniciativas perdidas por la falta de gestión del Estado, centradas en propietarios de viviendas, promotores privados y administraciones públicas, con ayudas previstas hasta 2032 para rehabilitar y construir vivienda sostenible. En concreto, incluían ayudas por 164,5 M€ para mejorar la eficiencia energética, 350 M€ para incentivar la construcción sostenible y 945 M€ para promover vivienda pública eficiente.

La titular de Vivenda subrayó que, mientras la Xunta incrementa esfuerzo y presupuestos para facilitar el acceso a la vivienda, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no solo entorpece y pone trabas a las comunidades, sino que además deja a Galicia sin opción a recursos millonarios que beneficiarían directamente a las familias y al sector de la construcción”.