Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 2025

El director general de Justicia, José Tronchoni, detalló hoy en el Parlamento gallego las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años en mejoras las dependencias judiciales de la comunidad que supusieron una inversión de 129 millones de euros, la mayor cifra en la Administración de justicia. Estas medidas se enmarcan en el compromiso del Gobierno gallego con la mejora de la accesibilidad tanto en los nuevos edificios como en los antiguos y en el impulso de la mejora de la eficiencia energética con el objetivo de contar con instalaciones judiciales accesibles y eficientes. 

También resaltó las obras que se están llevando a cabo actualmente como la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago de Compostela a la que la Xunta destina 7,4 millones de euros para albergar la dirección del instituto en toda Galicia y la subdirección de la capital gallega.  Se trata de un edificio con una superficie útil de más de 3.100 metros cuadrados de dos alas separadas por una zona verde y cada una de ellas dividida en tres plantas, además de un sótano y un archivo. Además, se está finalizando la reforma del Imelga y del juzgado de guardia del antiguo edificio de los juzgados de A Parda en Pontevedra que, como detalló el director general, cuentan con un presupuesto de 300.000 euros. En esta línea, recordó que en este año se inauguraron los nuevos juzgados de A Estrada, a los que se destinó 3,3 millones de euros y cuyo traslado comenzará en este mes de noviembre. 

A estas actuaciones se suman los trabajos de eficiencia energética, cofinanciadas con fondos europeos Feder, que se están llevando a cabo actualmente en los tribunales de instancia de O Carballiño, O Porriño y Carballo, que suman una aportación de 1,5 millones de euros. En los juzgados de Caldas de Reis y Monforte están previstas obras de este tipo que se licitarán en breve por un millón de euros y más de 366.000 euros respectivamente, para que los trabajos puedan comenzar el próximo año.

Estas actuaciones forman parte de los casi siete millones recogidos en los presupuestos del año pasado para ejecutar proyectos de eficiencia energética en casi una decena de instalaciones judiciales de la comunidad. Así, además de los trabajos ya iniciados o en fase de licitación están previstas otras actuaciones en Lugo, Ferrol, A Coruña, Viveiro, Vilalba y Corcubión. Cabe añadir que con la implantación de la nueva oficina judicial derivada de la nueva Ley de Eficiencia Judicial la Xunta trabaja en la rehabilitación y adaptación de los espacios actuales una vez reorganizado el personal en base a la normativa.

Implantación plataforma Atenea 

En otra pregunta parlamentaria el director general de Justicia, reclamó al Ministerio de Justicia la misma implicación que está mostrando la Xunta para que la nueva plataforma de gestión procesal Atenea esté disponible también en gallego. En esta línea, incidió en la voluntad del Gobierno gallego para asumir la traducción del programa Atenea en un plazo que permita su disponibilidad en la Administración de la justicia desde el momento de su implantación. Frente a esto, señaló la postura del Ejecutivo estatal que no atiende las peticiones de información de la Xunta sobre la estructura y fuentes del nuevo sistema para que sea posible adaptarlo a la lengua gallega sin tener que esperar a la firma de los dos convenios previstos con el Ministerio de Justicia.  

En esta línea, lamentó también el retraso en su ejecución ya que el Gobierno central no contempla el sistema en la fase III de la nueva oficina judicial. Por lo tanto, no estaría funcionando a finales de este año como el resto de órganos de esta fase y habría que hablar de nuevos plazos. 

Cabe recordar que este cambio al sistema Atenea tiene entre las principales novedades la capacidad de ser soporte a los esquemas de tramitación y documentación jurídica en gallego y castellano, a diferencia de su predecesor Minerva. El Ministerio se encargaría de la transferencia de soluciones tecnológicas y la Xunta se comprometería a garantizar el acceso y al desarrollo de los esquemas de tramitación y documentación jurídica que sirva de soporte para poner en marcha sistemas de información en la lengua gallega, además de la traducción de los elementos de la interfaz de los sistema de gestión procesal.