Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2025

La Xunta propondrá, en el marco de la próxima reunión del grupo de trabajo para la gestión del jabalí, y ante la aparición de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en Cataluña, habilitar nuevas medidas de control cinegético sobre esta especie, que complementen a las que ya están en marcha -desde batidas a la instalación de jaulas trampa- así como bonificar las tasas a aquellos Tecores que realicen capturas por encima del cupo establecido.

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático expondrá estas propuestas el martes de la próxima semana en el foro que preside y que se reúne periódicamente para evaluar la situación del jabalí en Galicia.

El grupo de trabajo para la gestión de esta especie está integrado por representantes de las administraciones titulares de carreteras en Galicia (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Agencia Gallega de Infraestructuras); de la Guardia Civil de Tráfico y de Seprona; de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia; de las Consellerías del Medio Rural y de Sanidad; de la Fegamp; de la Federación Gallega de Caza; de las sociedades de caza; y de los sindicatos y organizaciones agrarias (Uniones Agrarias, Asaga y Sindicato Labrador Gallego).

Por una parte, desde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático se defenderá la posibilidad de incorporar nuevas modalidades cinegéticas que permitan reforzar el control sobre el jabalí. En concreto, se propondrá llevar a cabo la conocida como caza al salto, que realiza una persona, con o sin auxilio de perros; caza al rececho, modalidad también individual pero en este caso sin perros; y caza al contado, con cuadrillas más reducidas que en las batidas, de hasta seis personas, con un máximo de tres perros por participante.

Por otra parte, se está llevando a cabo por parte de las Direcciones Territoriales de la Consellería una valoración de los Tecores que cumplen íntegramente el cupo de capturas asignado -más de un centenar-. En este sentido, se instará a los titulares de terrenos cinegéticos localizados en las zonas con un mayor número de granjas porcinas que aún no habían cubierto su límite de ejemplares capturados a que lo hagan.

Hace falta recordar que los Tecores disponen de un plan de ordenación cinegética donde se establece el número de ejemplares que se prevé cazar en la temporada en curso. En este sentido, como se expondrá en la reunión del próximo martes, se estudiará bonificar las tasas a aquellos que realicen capturas por encima del cupo establecido.

Conferencia Sectorial

Ante la aparición de casos de PPA en Cataluña, la Xunta insiste en que, tratándose de un problema de índole nacional, las acciones a implementar y el esfuerzo económico correspondiente no pueden proceder únicamente de las comunidades autónomas. Así, el Ejecutivo gallego ya solicitó la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial específica y conjunta, con participación de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La convocatoria de esta conferencia es fundamental para coordinar a nivel nacional las actuaciones en relación con esta problemática, con el objetivo final de que sean homogéneas en aquellas cuestiones que afectan a todo el país. Hace falta recordar, asimismo, que el Gobierno central mantiene contraída una deuda con las comunidades autónomas, en otros ámbitos de la gestión de la fauna salvaje (concretamente, en el caso de Galicia, 12 millones de euros correspondientes con los fondos del lobo de los años 2022, 2023 y 2025).

En todo caso, los trabajos de gestión del jabalí han de llevarse a cabo en continuo, como ven haciendo la Xunta desde hace años. El Gobierno gallego tiene adoptadas medidas de control, como la declaración de la emergencia cinegética -en vigor, actualmente, hasta el 22 de febrero-, o la autorización de su captura durante casi todo el año mediante distintas fórmulas adicionales al período común de caza.

De hecho, la emergencia cinegética, con la que Galicia se situó a la vanguardia en la gestión del jabalí a nivel nacional, se adoptó por primera vez en 2019 y, tras el recurso de una organización ecologista, fue avalada por la Justicia autonómica. Este conjunto de medidas permitió que en los últimos cinco años se cazaran en la comunidad cerca de 92.000 ejemplares.