Bruselas, 11 de diciembre de 2025

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, pidió este jueves en Bruselas que se mantengan las cuotas fijadas en 2025 para la caballa y el alijo y, para el verdel, las acordadas en los años 2022 y 2023. De este modo, la responsable autonómica rechazaba con contundencia la propuesta del ICES, que incluye importantes recortes en estas tres especies de especial relevancia para Galicia, que ascienden, por ese orden, al 70, 41 y 26 % de reducción, respectivamente.

Villaverde alzó así la voz en defensa del sector marítimo-pesquero gallego, recordando que nuestra comunidad, altamente dependiente de la pesca, no puede aceptar esta postura, ya que supondría unas pérdidas de unos 65 millones de euros para el sector. Así lo revelan los informes socioeconómicos encargados por la Xunta a la Universidad de Santiago de Compostela, que ya fueron puestos a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del propio comisario europeo de Pesca y Océanos, con el fin de que se tuvieran en cuenta en la negociación que arrancó hoy en Bruselas.

De este modo, la titular de Mar reafirmó, nuevamente, su compromiso de trabajar de la mano del sector y de lograr junto al Gobierno “una postura firme” en defensa de un sector que es estratégico para Galicia y que aporta una parte esencial de la producción pesquera nacional. “Tenemos que dar una respuesta contundente ante la autoasignación que hacen algunas pesqueras y así evitar que se perjudique a la flota gallega”, insistió.

La responsable autonómica, que está manteniendo una intensa jornada estos días en Bruselas, detalló que los estudios muestran cifras muy claras sobre el grave riesgo económico que conllevarían los recortes contemplados en el borrador de TAC y cuotas de la UE.

A este respecto, advirtió que la Comisión Europea está aplicando modelos científicos que no reflejan la realidad de las pesquerías gallegas, especialmente en el caso del verdel, y que estas reducciones ponen en riesgo el empleo directo e indirecto ligado al sector, la actividad de cofradías y puertos dependientes, la viabilidad de las industrias auxiliares y frigoríficas, y la cohesión socioeconómica de las comunidades costeras.