Madrid, 19 de febrero de 2026

La secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, y la directora general de Energías Renovables y Cambio Climático, Paula Uría, mantuvieron hoy uno encuentro en casa de Galicia en Madrid con representantes de otras autonomías costeras para analizar la gestión del litoral en las distintas regiones y aprovechar sinergias. En este contexto, acordaron crear un grupo de trabajo para diseñar con rigor y de manera coordinada una nueva Ley de costas que aborde de manera integrada la ordenación del litoral teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y sociales.

Precisamente, entre los asuntos abordados estuvo la consulta pública previa iniciada por el Gobierno central para modificar el Reglamento General de costas con el fin, de acuerdo con su justificación, de dar respuesta al procedimiento de infracción abierto por Bruselas contra España. En este sentido, las representantes de la Xunta expusieron los temores de Galicia la que el único objetivo de esa reforma sea restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

En esta línea, Carmen Bouso y Paula Uría trasladaron que la comunidad está en coordinación con las organizaciones del complejo mar-industria, con los ayuntamientos costeros y otras entidades de cara a realizar aportaciones. De hecho, entre los alegatos remitidos por Galicia al Ejecutivo central están la exigencia de que se amplíe el plazo de la consulta pública previa y que se facilite toda la información sobre lo expediente de infracción abierto a España para poder alegar con fundamento.

En el mismo sentido, la Xunta cuestiona que el Gobierno central reduzca la consulta pública previa al plazo mínimo que permite la ley (15 días) -limitando así la capacidad de respuesta de los interesados- y que en su justificación no aporte información sobre la magnitud de los cambios que quiere acometer, una manera oscurantista de proceder idéntica a la de los intentos de modificar el reglamento de 2018 y 2024.

Por eso, Galicia advierte de que todo apunta a un nuevo intento de reformar por la puerta de atrás el Reglamento General de costas y avanzar en la pretensión del Gobierno central de eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050. Para eso trata de limitar las concesiones de las prórrogas en dominio público marítimo-terrestre a solo 30 años -frente a los 75 vigentes-, endurecer los requisitos para instalar cualquier tipo de negocio en el litoral y ampliar el DPMT -limitando la propiedad privada, económica e industrial- llevando la línea de deslinde tierra dentro.

En el encuentro participaron presencialmente representantes de Galicia, Asturias, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana e intervinieron de manera telemática responsables de Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña y País Vasco, que se emplazaron a mantener nuevas reuniones próximamente con el fin de crear ese grupo de trabajo.