Santiago de Compostela, 9 de abril de 2026

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la transferencia de más de 1,2 millones de euros al Consello da Avogacía Galega y al Consello Galego de Procuradores para atender los gastos de funcionamiento e infraestructura por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.

En ambos casos, la cantidad destinada para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita se fija en un 8% del importe total certificado en 2025 por los colegios de abogados en concepto de asistencia letrada y defensa gratuitas y de procuradores de la Comunidad.

Este sistema de compensación se efectúa de conformidad con el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad autónoma de Galicia, modificado por el Decreto 138/2012, de 21 de junio y también por el que Decreto 134/2017, de 7 de diciembre, que en su artículo 45 recoge que la Consellería competente en justicia asumirá anualmente las cantidades que deberán percibir los colegios de profesionales para atender los gastos derivados del funcionamiento de la infraestructura colegial, que requieren los servicios de asistencia jurídica.

Este importe se suma al de los órdenes de compensación de los colegios de la abogacía y de la procuraduría en el ámbito del turno de oficio, que en 2026 cuenta con un presupuesto de 18,5 millones de euros. Esta cifra representa una subida del 20% con respecto a la cuantía del año anterior. En este marco de acción hace falta recordar que Galicia es referente en asistencia jurídica gratuita gracias a la voluntad de diálogo que la Xunta mantiene con los profesionales de la abogacía y la procuraduría.

La Administración autonómica viene introduciendo en los últimos años avances en la gestión de este servicio, que considera fundamental para garantizar la igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Así, incluye conceptos que no se recogen en la normativa estatal, mediante convenio, y es una de las comunidades más ágiles en su pago.