La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático remitió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
La Xunta exige al Gobierno central toda la información remitida a Bruselas sobre la reforma del Reglamento de Costas y que suspenda el plazo para enviar alegaciones
Ángeles Vázquez considera fundamental tener acceso a toda la documentación del procedimiento de infracción abierto contra España por no trasponer la directiva de servicios para poder hacer consideraciones de manera bien fundamentada
La conselleira ve injustificada la urgencia repentina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para modificar el reglamento cuando aún se puede negociar con la Comisión Europea una solución consensuada
Reitera la demanda de convocatoria de una Conferencia Sectorial de Costas, en la que las comunidades autónomas con competencias exclusivas en ordenación del litoral pueden ofrecer salidas que garanticen el equilibrio entre el cumplimiento de la normativa comunitaria y el respeto a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima
El Ejecutivo gallego lamenta que el Ministerio pretende derogar las prórrogas ordinarias y extraordinarias, así como la duración total de las concesiones, conculcando los derechos adquiridos por sus titulares y poniendo en riesgo su actividad
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2026
La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitió hoy una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que le exige el acceso a toda la información enviada por el Gobierno central a Bruselas en el marco del procedimiento de infracción abierto contra España por no trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva de servicios y no haber modificado la Ley de Costas estatal para adaptarla a ella.
A la espera de contar con toda la documentación, la responsable autonómica pide también la suspensión del plazo para la presentación de alegaciones al anteproyecto de real decreto de modificación del Reglamento General de Costas —que expira el próximo miércoles 15 de abril—, con el objetivo de poder hacer sugerencias de manera fundamentada, con conocimiento de todos los pasos dados y las implicaciones de cada medida.
En este sentido, la conselleira recuerda que está injustificada la urgencia repentina del Ejecutivo central para modificar el reglamento —y no la ley, que es lo que le pedía Bruselas— pues, mientras el procedimiento de infracción esté abierto, España puede negociar y buscar una solución consensuada con la Comisión Europea. Por ello, y dado que hay intereses públicos y privados en juego, reiteró la necesidad de que se convoque la Conferencia Sectorial de Costas para que las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en ordenación del litoral puedan ofrecer salidas adecuadas para garantizar el equilibrio entre el cumplimiento de la normativa comunitaria y el respeto a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
La Xunta lamenta que desde el principio la reforma del reglamento se tramitó sin diálogo ni transparencia y la única forma de conseguir información fue siempre por la vía de la presión y la insistencia, por lo que espera que el Gobierno central cambie de actitud y comience a actuar desde la transparencia.
En esta línea, Ángeles Vázquez recuerda en su misiva que las comunidades únicamente tuvieron acceso al Dictamen motivado de Bruselas sobre el procedimiento de infracción una vez que se unieron en la demanda de información y lo solicitaron conjuntamente. En ese documento fue donde comprobaron que la intención del Ministerio es derogar las prórrogas ordinarias y extraordinarias y la duración total de las concesiones, conculcando así los derechos adquiridos por sus titulares y poniendo en riesgo el futuro de su actividad.
Procedimiento irregular
El Ejecutivo gallego recuerda que el Gobierno central no está cumpliendo con lo que le exige Bruselas pues la Comisión Europea pide la adaptación de la normativa española a la directiva de servicios a través de una modificación de la Ley de Costas y, en cambio, el Ministerio opta por la vía del real decreto para evitar el debate parlamentario dado que carece de mayoría suficiente para que los cambios en la ley sean aprobados por las Cortes.
De esta forma, pretende reformar la normativa introduciendo cambios en el reglamento, una forma de proceder nula de pleno derecho porque ningún reglamento puede contravenir o dejar sin efecto ni validez una norma con rango superior como la Ley de Costas.
La Xunta lamenta que la reforma proyectada generaría una grave inseguridad jurídica y perjuicios irreparables desde el punto de vista socioeconómico, por lo que defiende la necesidad de que se implique a las comunidades en esta cuestión mediante la convocatoria de esa Conferencia Sectorial de Costas.
En esta línea, el Ejecutivo gallego va a seguir trabajando en la defensa de los intereses de Galicia, de los ayuntamientos, de las actividades socioeconómicas y de los particulares asentados en la costa frente a lo que es un nuevo atropello del Gobierno central con el fin de eliminar, de manera arbitraria y sin informes técnicos que lo justifiquen, toda presencia humana de la franja litoral. Y con la gravedad añadida de que pone el expediente de infracción abierto por Bruselas como pretexto para llevar a cabo unos planes que vienen de años atrás.