Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2026

La Xunta de Galicia se acaba de dirigir al Gobierno central para pedirle que defienda ante las autoridades comunitarias la necesidad de tener en cuenta las particularidades y la situación actual del sector dedicado a la valorización energética de residuos para que no le sea de aplicación el nuevo Réxime de Comercio de Dereitos de Emisión (RCDE) en la UE, tal y como está previsto inicialmente.

En una carta remitida a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, expone la inquietud del Goberno galego ante la posibilidad de que la ampliación del actual mercado de carbono afecte a instalaciones dedicadas a la valorización energética ya que, en la práctica, esto las obligaría a adquirir derechos de emisión equivalentes a las toneladas de CO2 que emitan cada año a la atmósfera.

Una de las afectadas por esta medida sería la empresa pública Sogama, cuyo modelo de gestión de residuos es el mayoritario en Galicia y al cual están adheridos actualmente 304 municipios (el 97% del total). Por ello, la responsable autonómica argumenta en su escrito que la aplicación del RCDE en este caso no está teniendo en cuenta que muchas de estas instalaciones prestan un servicio público esencial y, como tal, tienen que procesar todos los desechos recibidos con independencia de su composición o de su contenido de CO2.

Además, cabe recordar también que, en estos momentos, la valorización energética carece de una alternativa tecnológica que la pueda sustituir de inmediato para tratar los residuos no reciclables y que los recursos que este tipo de plantas tendrían que destinar a comprar derechos de emisión dejarían de invertirse en mejoras ambientales o tecnológicas en las propias instalaciones. De hecho, solo en la última década Sogama destinó más de 118 millones de euros a mejorar la eficiencia y el funcionamiento del sistema.

Por ello, la conselleira advierte también de los riesgos que desde un punto de vista ambiental podría tener la aplicación de este nuevo régimen al sector de la valorización energética, ante el previsible aumento de los residuos que se derivarían a vertedero (que es siempre la última opción) al convertirse esta en una alternativa económicamente más interesante.

Tras recordar que la valorización en el ámbito de la gestión de los residuos aporta desde hace años importantes beneficios ambientales y energéticos, defiende que los avances alcanzados en este campo deben valorarse, así como las implicaciones que tendría una medida como esta para el futuro de un sector que cumple rigurosamente la normativa ambiental y tiene un papel muy relevante a la hora de minimizar la opción del vertido.

Así, según las estimaciones de la Xunta, la posible aplicación de esta nueva obligación supondría en el caso de la empresa pública gallega un coste adicional anual de 14 millones de euros, lo que repercutiría también en el importe del canon que pagan los municipios a Sogama e incluso podría comprometer la viabilidad de la planta, que, tal y como recuerda, en los últimos años ya tuvo que hacer frente a nuevos impuestos estatales y a otras decisiones del Gobierno central con un impacto económico directo en sus cuentas.

“La incorporación de las plantas de valorización energética al RCDE no contribuirá, ni a corto ni a medio plazo, a incrementar los niveles de reciclaje ni a mejorar la protección ambiental. Por el contrario, podría dificultar seriamente el cumplimiento de los objetivos en materia de vertido, fijados en un máximo del 10% para el año 2035”, concluye la conselleira.

La carta va acompañada también de un informe ejecutivo, avalado por asociaciones de distintos países europeos que representan más de la mitad de los residuos urbanos que se generan en la UE y que defienden también la exclusión de este sector de la aplicación del nuevo RCDE.

Este asunto será abordado en Bruselas el próximo mes de junio, por lo que la Xunta solicita que la postura que defienda España en ese momento ante la UE incida en la singularidad de este tipo de instalaciones y advierta del impacto económico y social que supondría extender la participación en el mercado de derechos de emisión al sector de la valorización energética.