Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2026

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, informó hoy de que la Xunta de Galicia lanza un paquete de medidas para seguir fortaleciendo el clima de respeto, responsabilidad y convivencia en las aulas a nivel integral, como condiciones indispensables para enseñar y aprender. Entre ellas se incluye la intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como lo acoso y el ciberacoso, y también se tipifican, por primera vez, las agresiones a los docentes, una medida pionera en toda España.

Estas nuevas medidas, evaluadas en el Consello da Xunta de hoy, se materializarán en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos 2027, a través de la cuál se actualizará la normativa vigente, como son la Ley y el Decreto de Convivencia.

Todas ellas se enmarcan, a su vez, en el nuevo Marco gallego de impulso educativo, el paraguas bajo el que se arman las diferentes iniciativas y actuaciones del Gobierno gallego para reforzar los aprendizajes, apoyar al profesorado, avanzar en la igualdad de oportunidades y dar respuesta a los nuevos retos que afrontan los centros, y que fue aprobado el pasado mes de septiembre.

Buen clima de convivencia, que ahora se refuerza

Si bien Galicia cuenta con un buen clima de convivencia en las aulas y con una buena evolución en la última década según los datos de las encuestas bianuales al respeto -en torno al 88% de los encuestados consideran que no existen conflictos o solo existen de manera puntual-, el Gobierno gallego da un nuevo paso adelante para seguir reforzando la convivencia como un pilar indispensable de la calidad de la enseñanza.

El objetivo es disponer de un marco compartido y actualizado de cumplimiento de normas para proteger al alumnado y al profesorado, así como generar confianza en las familias. Para eso se trabajará en tres dimensiones complementarias: educar en la prevención; educar en el valor de las normas y de la responsabilidad, introduciendo no solo la perspectiva sancionadora, sino también con acciones enfocadas a la finalidad educativa y reparadora; y también reforzar el apoyo, acompañamiento y la autoridad del profesorado. En el centro de todas las acciones se sitúa el fin último de tolerancia cero ante cualquier agresión.

Respeto a las normas

En el ámbito concreto del respeto a las normas, se hace especial hincapié en la responsabilidad del alumnado de aceptar las consecuencias de los actos y la reparación del daño causado como parte del proceso educativo. En este sentido, se llevará a cabo una modificación de la Ley 4/2011 de Convivencia y participación de la comunidad educativa a través de la cuál se va a actualizar el marco para responder a las nuevas formas de conflictividad, mejorar la graduación y eficacia de las medidas e incrementar la protección del alumnado y del profesorado. Las conductas contrarias a la convivencia se van a escalonar en tres niveles de gravedad, en vez de los dos actuales: conductas leves, graves y muy graves, con su correspondiente intensidad de respuesta educativa.

Además de introducir una nueva categoría intermedia de conductas graves, la reforma actualiza las conductas de mayor gravedad, entre las que se incluyen expresamente las agresiones, actos violentos, amenazas o coacciones susceptibles de causar un perjuicio grave, actos graves de discriminación, vejación o humillación, manifestaciones graves de odio, violencia de género y sexual, acoso y ciberacoso, grabación y publicación o difusión de contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad la intimidad o la propia imagen. La regulación abarca también la creación o manipulación mediante Inteligencia artificial de contenidos que lesionen estos derechos. Se refuerza también la corresponsabilidad del alumnado, incorporando entre sus deberes básicos comunicar al profesorado o al equipo directivo las situaciones de violencia o riesgo grave para miembros de la comunidad educativa de las que tenga conocimiento.

Consecuencias proporcionadas, educativas y reparadoras

En cuanto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, por ejemplo. En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas, para quien cometa esta conducta. En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro.

Asimismo, la reiteración de conductas leves será una consideración específica, de manera que una nueva conducta leve podrá calificarse como grave cuando existan, por lo menos, dos correcciones firmes anteriores por conductas leves en el mismo curso. Y una nueva conducta grave podrá pasar a considerarse muy grave cuando existan dos correcciones firmes previas por conductas graves. De esta manera se diferencian los hechos aislados de los comportamientos persistentes.

Por otra parte, se potencian las actuales aulas de convivencia inclusiva, concebidas como alternativa a la separación temporal del alumno y orientadas a su reincorporación al aula en el menor tiempo posible. Para eso, se trabajará de una manera más intensiva las medidas reparadoras, de manera que quien causa un daño pueda asumir la responsabilidad de repararlo o realizar actuaciones en beneficio de la comunidad educativa.

Nuevo régimen de protección al profesorado

Asimismo, a través de esta reforma legislativa se establecerá un nuevo régimen administrativo de infracciones y sanciones para proteger al profesorado de los centros docentes públicos. Esto es, que ante agresiones a los profesionales docentes, se fijan consecuencias administrativas proporcionales a la gravedad de los hechos, que serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penitenciarias correspondientes. Este nuevo régimen establece sanciones económicas que van desde los 300 euros de las infracciones leves hasta los 15.000 euros de las muy graves.

Paralelamente, se podrán adoptar medidas provisionales de protección mientras se tramita el procedimiento, como puede ser la limitación temporal del acceso al centro educativo o de la participación en las actividades escolares o de los canales de comunicación con el profesorado afectado. En definitiva, se incorpora una vía administrativa propia de protección, prevención inmediata y reparación del daño causado, por lo que la protección del profesorado deja de depender únicamente de la respuesta interna del centro o, en casos extremos, de la vía penitenciaria.

Apoyo y acompañamiento

En este contexto nace también la Oficina de apoyo al profesorado, cuya puesta en funcionamiento se está ultimando, para reforzar la protección del docente y el reconocimiento legal como autoridad pública.

Se trata de un servicio a través del cuál se ofrecerá acompañamiento y orientación a los profesionales docentes, incluido asesoramiento y asistencia jurídica, de ser necesario. En esta línea, prestará apoyo ante agresiones, amenazas, acciones y situaciones de acoso o ataques físicos y a través de las redes sociales, procedentes de familiares del alumnado o de sus representantes legales. Y también facilitará acompañamiento en los procedimientos de denuncia, cuando resulte necesario.

Educar en la prevención

En el ámbito de la prevención, se dotará al sistema educativo de un Plan de coeducación cuya finalidad es educar en el respecto a la dignidad y a la libertad de cada persona, fomentar relaciones basadas en el buen trato y en la responsabilidad y prevenir comportamientos de dominio, control, discriminación o violencia.

Estas acciones preventivas se desarrollarán progresivamente a lo largo de las diferentes etapas educativas, con especial intensidad durante la educación básica, siempre adaptando contenidos a la edad y al grado de madurez del alumnado. Los campos prioritarios de actuación son la igualdad entre mujeres y hombres, la educación para el respeto, la prevención de lo acoso y del ciberacoso, las relaciones afectivas saludables, la prevención de la violencia de género, el respecto a los límites personales y al consentimiento y la resolución pacífica de conflictos.

Dentro de este plan también se prestará especial atención al ámbito digital, proporcionando a los estudiantes herramientas para hacer un uso responsable de la tecnología, proteger la intimidad propia y ajena e identificar situaciones de riesgo. Asimismo, se reforzará la formación del profesorado y se intensificará la colaboración con las familias con el fin de que dispongan de información y recursos para acompañar a sus hijos en la corresponsabilidad entre familia y escuela.

Amplio abanico de iniciativas a favor de la convivencia

En definitiva, el Gobierno gallego promueve un paquete de iniciativas para afianzar un clima compartido de respeto, confianza, responsabilidad y cumplimiento de las normas en el entorno educativo bajo los compromisos de proteger al alumnado, apoyar al profesorado y generar confianza y corresponsabilidad en las familias. Todas estas acciones, que se integran en el nuevo Marco de impulso educativo, serán incorporadas también en la nueva Estrategia Gallega de Convivencia que se está elaborando.

La Xunta lleva años trabajando a favor de la convivencia en los centros escolares, por lo que estas nuevas acciones se suman al amplio abanico de iniciativas que se fueron intensificando en los últimos cursos y que se reflejan en actuaciones específicas como el Plan integral contra lo acoso y el ciberacoso escolar, la actualización del protocolo que se debe seguir en estos casos, la prohibición del uso de los móviles en los recintos escolares, la instalación de Puntos Naranja, la herramienta Termómetro Acoso Escolar, el Plan de bienestar digital o la creación de la Red de ayuntamientos contra el acoso escolar, entre otros.